No, no es irrelevante

En el plano de los conceptos, si se tienen claras ciertas ideas, la cuestión se dirime fácilmente. Basta poner en forma de silogismo una constatación de hecho y un principio.

El hecho, primera premisa, es que no existe ningún conflicto entre España y el País Vasco –cualquiera que sea la definición que se quiera dar a este término-. Años y años de rebañar a un pobre estado que hace de don Tancredo puede llevar a nuestros nacionalismos patrios a pensar que su causa pueda estar mejor fundada. Y, sin duda, la manipulación ad infinitum, cansina, del lenguaje puede conducir a gentes de buena fe –sobre todo, a algún turista de postín- a creer que las cosas son distintas de lo que son, pero la realidad no parece resistir un análisis serio. Ni existe ni existió jamás una entidad política sojuzgada y en conflicto con España –mejor no metamos a Francia en semejante delirio, por conservar unos mínimos, si no de cordura, sí de sentido del ridículo-, ni existe ni existió jamás un “pueblo vasco” sometido por una potencia ajena. Desde luego que existen los vascos, qué duda cabe (como si pudiéramos olvidarnos), y desde luego que han tenido un papel, y muy activo, además, en las cuitas entre españoles. Ha habido, a lo largo del tiempo, españoles sojuzgados por distintos españoles, y siempre ha habido vascos en ambos lados.

El principio, segunda premisa, es que la paz, en sí, no es un valor. La paz es un estado. La justicia sí es un valor. Y, obviamente, paz y calma, quietud, no son lo mismo. Es posible edificar una paz en ausencia de justicia, de libertad… es posible construir muchas paces diferentes. Y no todas resultan deseables. No es cierto que “cualquier cosa que contribuya a la paz es positiva”, al menos no si antes no se ha especificado qué clase de paz es la que se busca.

Del hecho y el principio se sigue, con sencillez, una conclusión: lo sucedido ayer en San Sebastián es una fenomenal impostura, si no directamente una infamia. Y, además, un absurdo, una pérdida de tiempo, porque no existe, no puede existir, relación de intercambio alguna entre el cese de la actividad criminal y cualquier otra cosa (a salvo, quizá, los beneficios penitenciarios ya reglados).

Pero las cosas no son tan sencillas, me temo.

En primer lugar, porque resulta evidente que la sociedad española –casi en su conjunto- no asume el razonamiento anterior, o no lo asume con la claridad que lo acabo de plantear. Es, a mi juicio, muy infantil empecinarse en esas frases huecas tan del gusto de mucha gente –de mucha gente a la que le encanta despachar cuestiones complejas con recursos banales- respecto a que no hay componente político alguno en la violencia etarra y que la violencia “no puede tener contrapartidas políticas”. En primer lugar, existen múltiples ejemplos históricos que desmienten ese aserto, empezando por la propia experiencia española reciente. ¿Es que hay alguien con un mínimo de honestidad intelectual que se atreva a negar que ETA ha sido un actor político, y de primer orden, en la política vasca y española de los últimos cuarenta años? Es más, si ETA no es un actor político, ¿a qué viene ese lenguaje tan habitual no en boca de la propia ETA, sino de quienes la combaten? ¿Qué sentido tienen frases como esa de que “lo único que se espera escuchar de ETA es que deja las armas”, “se disuelve”, “pida perdón”…? A buen seguro, habrá quien quiera oír ahí expresiones de firmeza, pero “se disuelven” las organizaciones, “se rinden” o “dejan las armas” los ejércitos y, desde luego, no se acierta a ver qué pinta aquí el “pedir perdón” –consideraciones morales aparte-. Las bandas criminales no “se disuelven” porque no existen sino como meras agrupaciones de individuos, simplemente se desarticulan, se detiene a sus miembros y se les encarcela. Y si piden perdón o no es cosa entre ellos y sus víctimas, algo a lo que el poder punitivo del Estado es perfectamente ajeno.

Aunque nos pese, no somos ciegos y sordos a lo que ETA hace y dice. Y esto, de nuevo, no es más que una constatación de hecho, no un juicio moral. ETA no mejora ni empeora por esto. Es igual de execrable, igual de repugnante. Pero engañarnos no lleva a ningún sitio. La realidad es que hemos comprado que ETA no terminará, o no tiene por qué terminar conforme prescriben las reglas naturales del Estado de Derecho. Me temo que no discutimos si se va a negociar sino qué se va a negociar.

Asumamos, pues, mentalidad de negociadores y asumamos también que los nuestros hacen su trabajo. Aclaro que, “los nuestros” son quienes, por nuestro lado, dirigen o están llamados a dirigir el proceso: el gobierno español. Como el “gobierno español” es ahora un concepto difuso, hay que hacer un fenomenal ejercicio de buena fe, que algunos calificarían de ingenuo, y dar por sentado que todos, sean quienes sean, compartirán el mínimo exigible a cualquier negociador: dar las menores contrapartidas posibles.

Tómese todo lo anterior como un largo prólogo para lo que sigue. Si mis premisas son ciertas, es decir, si hay que valorar la reunión de ayer desde una perspectiva meramente utilitarista, no se puede concluir sino que ha sido un error. Un error importante, además. Y un error cometido fundamentalmente por el PSE.

He leído hoy a algún vocero socialista cosas tan epatantes como que “la conferencia debe valorarla quien la convocó”. El intento de zafarse de la propia responsabilidad resulta patético, sinceramente. Aun no termino de entender a qué demonios fueron, y por qué tomaron la palabra si, al parecer, el acto les parecía perfectamente irrelevante y no se iban a sentir vinculados por el resultado.

Pero no, no creo que sea irrelevante. Tampoco puede despacharse la cuestión diciendo que, al fin y al cabo, la conferencia no ha hecho sino repetir lo mismo que ya dice la izquierda proetarra –que son, por cierto, “quienes convocaron”-. “Lo mismo” pero dicho por cierta gente, no es igual. El lenguaje del comunicado final, con esa lacerante equiparación entre la violencia legítima del Estado y la violencia criminal o, en fin, con cuidadosa dispensa del calificativo “terrorista” para referirse a ETA (lo comprendo, lo comprendo, insultar al anfitrión no está bien visto en las reuniones diplomáticas ni en las reuniones en general…) es, en efecto, típico del entorno de la propia ETA, pero resulta especialmente ofensivo en boca de cierta gente.

Tampoco cabe, creo, calificar a los abajofirmantes de turno de indocumentados, ignorantes de la situación vasca y española o, en fin, de mariachi de algún mediador profesional. Obviando al señor Adams y al inefable abogado surafricano, la foto de familia incluyó todo un ex secretario general de la ONU, un ex primer ministro de Irlanda y una ex primera ministra de Noruega. No es poco. Afortunadamente, se evitó la presencia de Tony Blair.

No, ni me parece irrelevante, ni me hace ninguna gracia. Ni creo que augure no ya el tipo de final que deseamos para ETA –eso, creo, está ya fuera del ámbito de lo posible, porque no lo queremos, en el fondo, no la mayoría- sino ni siquiera un final digerible. Es un error, con posible enmienda, pero un error importante. Admito, por supuesto, que se pueda pensar lo contrario, pero me resulta muy difícil que me intenten convencer de que nada ha sucedido.

El país en el que nunca pasa nada

Cada vez son más quienes hablan de España como “el lugar en donde nunca pasa nada”. Es probable que sea solo una sensación. Una sensación impuesta por una campaña electoral interminable, forzada por la penúltima extravagancia de un presidente del gobierno que ni para hacer mutis supo atenerse a unas reglas previsibles: anunciar con cuatro meses de antelación unos comicios era, ya se sabía, condenar al país a lo que hoy vivimos, el eterno irse sin terminar de hacerlo de un gobierno agotado, y el llegar pausado, cansino, lento de quienes aspiran básicamente a heredar sin contratiempos.

¿Puede decirse que “nunca pasa nada” cuando cada día es un sobresalto? Es una cuestión de perspectiva, supongo. Sí, la actualidad viene cargada de noticias, de dimes y diretes, pero si se toma un poco de distancia, se ve cómo las grandes dinámicas españolas siguen un ritmo muy pausado, como a base de procesos lampedusianos. El eterno reorganizarse del sistema financiero, el progresivo, machacón deterioro del mercado de trabajo, los tozudos números que nos muestran que no llegan los frutos de esos supuestos ajustes fiscales o, en fin, las pruebas que, una y otra vez, nos ponen de manifiesto que nuestros estudiantes van, cada año, un poquito peor.

Supongo que es difícil sustraerse al exagerado recurso periodístico de la “enfermedad total”, de la situación terminal de crisis de régimen. Hoy mismo, he leído alguna comparación con la época de la Restauración. Confío en que no sea para tanto, en que sea, más que nada, una impresión y que, cerrada esta odiosa agonía autoimpuesta, llegue un tempo nuevo a la política y la economía nacionales. En fin, que “pasen cosas”.

En realidad, creo que la enfermedad española se circunscribe, y creo que ya se ha comentado muchas veces y por mucha gente, a una falta de vigencia del principio de responsabilidad. Nuestra tragedia es que nos levantamos cada día como si fuera el primero de todos, y la tarea, que nos espera, se antoja inacabable. Pero es que si fuera de otro modo, si nos levantáramos y nos preguntáramos por qué no se hizo ya ayer lo que debió hacerse, ¿qué sería de aquellos que tenían encomendado hacerlo?

Pensaba esta mañana, leyendo declaraciones en prensa, lo patético que resulta que las autoridades europeas pretendan ahora lanzar el enésimo análisis de la situación de la banca, al que seguirán, ahora sí, “fuertes exigencias”. Los mismos señores que han realizado ya dos ejercicios de stress, que han puesto la banca europea patas arriba vienen… a decir lo mismo por tercera vez. Es posible, claro, que haya que oír el mismo discurso tres veces, pero la higiene mental debería excluir el tener que oírlo de las mismas personas. Caigo después en que, sin salir de España, puede asistirse diariamente al espectáculo de un candidato presidencial que, tras haber sido muchos años factótum en un gobierno, reniega de lo hecho y, para más bemoles, parece decir que “ahora sí” se pondrá a ello y que tiene recetas que, hasta ahora, han debido quedar inaplicadas por algún oscuro motivo.

Tanto la tecnocracia europea como las personas que, en España, ejercen el liderazgo en distintos ámbitos, se benefician de que, en España y en parte de Europa, los actos –acciones u omisiones- casi nunca traen consecuencias. Es igual lo que hagas, dejes de hacer, digas o dejes de decir. Es indiferente que lleves tu empresa a la quiebra: siempre puedes postularte para sacarla de ella, normalmente proponiendo “severos ajustes”. Es, en fin, totalmente irrelevante que, durante meses, muestres la mayor de las inepcias en el desempeño de tus tareas, porque cualquier día será el primer día y, por tanto, siempre podrás reenfrentar la labor como si nada hubiera sucedido hasta entonces. Nadie preguntará, parece, por qué aquello que se te encomendó sigue sin hacer o, incluso, por qué tu incompetencia ha podido agravarlo.

El desasosiego, la sensación de “primer día”, de que siempre está todo por hacer, cunde por ello, creo. No tenemos percepción de rumbo, creemos que vamos a la deriva, pero sí tenemos rumbo. Vamos donde nos llevan nuestros incompetentes pilotos. La pregunta es por qué les seguimos teniendo al timón. ¿Cómo lo consiguen? Supongo que la respuesta es muy compleja. ¿Cómo hemos llegado a ser un país en que los actos no tienen consecuencias? Al final, y arrimando, como era de prever, al ascua mi sardina, diré que porque nunca fuimos liberales. Porque nunca hemos aceptado el coste de ser libres, que no es otro que el de ser responsables. En España no rige, en casi ningún orden significativo, el principio de responsabilidad porque no deseamos ser responsables de nada.

Es así como educamos a nuestros niños. Sabemos cómo se sale de la crisis y hacia dónde se sale. Y nos aterra. Nos aterra ver dónde vamos y no queremos, de verdad, tener la sensación de que vamos. Ello implicaría nada más y nada menos que aceptar nuestra responsabilidad colectiva, como sociedad. ¿Para qué, pues exigir su responsabilidad al gerente incompetente? Preferimos que sea el propio gerente incompetente el que nos exija sacrificios –probablemente poco a poco- a echarlo con cajas destempladas para que venga otro que, de golpe, nos diga que estamos en quiebra y que es hora de empezar la reconstrucción.

¿Nunca pasa nada? Pasa, y probablemente lo sabemos. Pero preferimos hacer como que no.

El lenguaje jurídico

Leo en prensa que el Ministerio de Justicia, en colaboración con la Real Academia, abandera una iniciativa para la simplificación del lenguaje jurídico. Con esa tendencia a la ampulosidad que, parece, se apodera de quien se incorpora a un gabinete de Zapatero, aunque sea persona probadamente cabal como creo es Caamaño, el ministro dijo algo así como que “una justicia que no se entiende, no es justicia”. Al parecer, de lo que se trata más exactamente es de simplificar los escritos forenses que, se supone, van dirigidos al ciudadano. Y, en el caso de las sentencias, parece loable eso de que el justiciable se entere de la justicia que se le imparte, sí.

El tema de la pretendida oscuridad del lenguaje jurídico dio lugar, en los países anglosajones, a movimientos pro-simplificación, promotores de un plain English que pusiera coto a los excesos de jerga que pueblan los documentos jurídicos ingleses y norteamericanos. En honor a la verdad, hay que decir que casi bastaría con que, en ocasiones, los documentos estuvieran en inglés, fuera o no plain. Muchas veces, no puede afirmarse que sea el caso o, al menos, no si por “inglés” se entiende la lengua común que habla la gente en los países anglosajones, ni siquiera en sus registros cultos.

No me parece, ni mucho menos, que la cesura entre lenguaje jurídico y lengua común sea tan notable en España o en los países hispanoparlantes. La lengua de los códigos, sentencias y actos administrativos, al menos, es español, por más que vaya trufado de latinajos, y no un dialecto semiautónomo.

En esto de la supuesta oscuridad del lenguaje jurídico creo que pueden distinguirse tres problemas.

El primero es el que tiene que ver con usos lingüísticos particulares, a menudo arcaizantes –por ejemplo, la profusión en el empleo del subjuntivo-. Nada se perdería en calidad técnica, supongo, si “a todos los que la presente vieren y entendieren” se sustituyera por “a todos los que vean y entiendan la presente”. El que “matare” viene ser, sobre poco más o menos, el mismo tipo que “mate” a quien sea. A menudo, se trata de meras cuestiones estilísticas y, por tanto, nada, salvo querencias nostálgicas, se echaría a perder por una actualización. Tampoco está de más que la redacción de leyes, decretos y sentencias se atenga a las normas elementales de la redacción en general. En el colegio nos decían que, si bien ser especialmente talentoso con la pluma está al alcance de muy pocos, claros podemos ser casi todos. La subordinación en cadena es una técnica que debería reservarse para los muy buenos redactores y, a partir de ciertos niveles, solo a Rafael Sáchez Ferlosio. Para los demás, me temo que es el equivalente estilístico del equilibrio sin red.

La segunda cuestión es algo más enjundiosa. Es verdad que el Derecho tiene que ver con la gente en general y, por tanto, casi todos los ciudadanos tenemos que entrar alguna vez en contacto con el lenguaje jurídico. Pero no por ello ese tipo de lenguaje deja de ser un lenguaje técnico. Como cualquier otro grupo profesional, los juristas hacen uso de fórmulas, palabras y giros que son relativamente exclusivos de su dominio –aunque, a menudo, ocurra en el campo del Derecho lo que sucede en otros ámbitos de las ciencias sociales: más que acuñar tecnicismos en sentido estricto, se da un sentido técnico preciso a una palabra que, en el uso común, tiene un sentido más laxo (como ejemplo banal, digamos que un jurista distingue perfectamente un “asesinato” de un “homicidio”, a pesar de que ambos términos podrían ser intercambiables en un contexto no técnico, cosa que no ocurre, digamos, con "tomografía axial" o "baricentro")-. La existencia de términos o locuciones precisos, cuyo significado es compartido por la comunidad profesional, permite la transmisión de ideas sin lugar a errores. No es realista, ni necesario, pretender que los no especialistas accedan a ese nivel de lenguaje, ni tiene tampoco sentido que se obligue a los juristas a expresarse en términos más vagos. “Traducir” el lenguaje jurídico en lenguaje llano y dar cumplidas explicaciones es una de las funciones fundamentales que tienen aquellos profesionales del Derecho que están en contacto con el lego. Cuando los abogados hemos de redactar un contrato en interés de un cliente, no se suele asumir que el cliente no sabe escribir. Simplemente no tiene por qué saber hacerlo en unos determinados términos que serán los que, en su día, leerá el juez. Por lo mismo, la sentencia que el juez dicta deberá ser transmitida al justiciable por su procurador y por su abogado. Abogados, procuradores o notarios son, en buena medida, traductores. Cuando el ordenamiento jurídico prevé o impone su presencia, es, entre otras razones, porque se asume que el lenguaje jurídico no es asequible a todo el mundo, por mucho esfuerzo de claridad que se haga.

Dentro de esta dimensión técnica desempeña un papel importante el latín. Es verdad que buena parte de las locuciones latinas que se emplean en textos jurídicos tienen equivalente en español y, por tanto, podrían tenerse por innecesarias. Es verdad, también, que buena parte de ellas tienen ya un valor meramente estilístico y, por tanto, entrarían en lo que antes he considerado como suprimible. Creo que es perfectamente aceptable que un manual de Derecho procesal hable de cuestiones que se dirimen “a limine litis”, por ejemplo –o sea, antes de entrar en la materia contenciosa propiamente dicha- pero entiendo que puede ahorrarse el término en un texto que no se destine especialmente a circular entre juristas. Dicho eso, conviene subrayar que las locuciones latinas, en ocasiones, pueden tener una utilidad sintética y de economía de lenguaje, cuando su sustitución requeriría el empleo de giros en español más largos y quizá no exactamente equivalentes. Tienen, además, la gran virtud de ser comunes a los lenguajes jurídicos de todos los países con los que formamos familia (así era, al menos, antes de que casi todos los juristas del mundo latino se pusieran de acuerdo en hablar entre sí… en inglés).

La tercera de las cuestiones es que el lenguaje jurídico español no deja de ser un sublenguaje técnico del español a secas. Por tanto, padece sus mismos males. Hay jueces, legisladores y abogados que escriben, simplemente, muy mal. Y cada vez es más frecuente. Hay sentencias y leyes históricas que, incluso hoy, con todo su arcaísmo y su carga técnica, están al alcance de cualquier lector medianamente culto. Y hay, por el contrario, bodrios contemporáneos –alguno producido por el propio departamento del que es responsable el ministro Caamaño- que no hay por donde cogerlos y a los que ningún esfuerzo de simplificación podrá nunca asemejar a un texto en un lenguaje humano corriente, y ya no digamos cultivado.

Al final, si bien se mira, este puede ser el más sobresaliente de los tres problemas. Desde luego, creo que es el más común. Es frecuente, en Derecho y en otros ámbitos, atribuir la confusión del mensaje al código empleado, cuando en realidad suele deberse a la ineptitud de quien lo emite.

"Antidemocrático"

Me reafirmo en la idea que expresaba la semana pasada de que, en la votación constituyente en el Congreso, han sido mucho más las formas que el fondo. De hecho, parece que, incluso, ciertos grupos o grupúsculos han desdeñado la reforma por el cómo se ha hecho, la reforma en sí, más que su contenido. La pataleta de los grupos minoritarios, especialmente nacionalistas, ha venido acompañada de todo tipo de metáforas de conflicto, calificativos altisonantes y réquiems por el consenso, muerto y enterrado, al parecer.

Salvo en la Bulgaria de los tiempos gloriosos, no creo que una ley apoyada por más del noventa por ciento de los votos en la Cámara puede ser tenida por “antidemocrática” ni, desde luego, que pueda hablarse de “ruptura de consensos”. Antes al contrario, lo que ponen de manifiesto ciertas reacciones o, en rigor, lo que pondrían en el supuesto de que algunos se creyeran de verdad lo que dicen –porque me da que hay mucho de impostado en tanta salida de tono- es una comprensión un tanto desviada de en qué consiste una democracia y cómo funciona. Cosas que, a fuerza de repetidas, parece que hemos terminado por creernos. Lo que verdaderamente causa perplejidad es que el funcionamiento normal de las instituciones pueda dar lugar a semejantes discursos.

Está claro que no cabe confundir el funcionamiento de una democracia con la aritmética. Una sociedad contemporánea, abierta y compleja, como la española, no es fácilmente reducible a pesos y medidas, y solo desde concepciones totalitarias es posible seguir creyendo que el Congreso es un trasunto perfecto de la soberanía nacional y, por tanto, nada de lo que ocurre fuera de él es relevante. La democracia no es reducible, en suma, a sus reglas de decisión. Pero no es menos cierto que esas reglas existen, que los debates no pueden ser eternos y que en algún momento hay que someter las cuestiones a la operación de las reglas. Y, a partir de ahí, es válida y legítima la decisión que respete el procedimiento.

Nada de lo dicho es ignorado por unos cuantos de los diputados más beligerantes esta semana. Hay que concluir, por tanto, que simplemente tienen mal perder. Los intereses que representan –legítimos, seguramente- han tenido que ceder a otros, igualmente legítimos, pero muy ampliamente más respaldados. Búsquese el calificativo que se quiera, pero malamente estaremos ante ninguna clase de abuso de poder. Por otra parte, acabo de decir, y así lo creo, que no tiene mucho sentido pensar que la composición del Congreso sea otra cosa que una simplificación muy grosera de la verdadera pluralidad de la sociedad española y, por eso, no tiene sentido llevar muy lejos las interpretaciones extensivas de las mayorías, pero, aceptado el principio de la representatividad, la amplísima mayoría concitada por PP y PSOE sería, desde luego, una buena representación de una “mayoría social”. Una mayoría, supongo que para desesperación de algunos, muy bien distribuida geográficamente.

En realidad, la cosa bien podría verse desde otro punto de vista: el anecdótico acuerdo PP-PSOE es más bien un breve paréntesis en el secuestro cuasipermanente de las mayorías por las minorías que resulta tan frecuente en España, y creo que en otros sitios, en todos los ámbitos.

En nuestra complicada sociedad se da el fenómeno de que, a menudo, la mayoría silenciosa vive aherrojada por múltiples minorías que tienen la habilidad de estar organizadas de algún modo. Me atrevería a decir que esto es casi la regla general. En el ámbito parlamentario, estamos acostumbrados a ver cómo juegan hábilmente sus cartas minorías que saben organizar su representación mediante las ventajas que concede un sistema electoral territorializado. Pero en el mundo empresarial vemos también como minorías sindicalizadas desafían reformas e imponen criterios que, muchas veces, van en detrimento de la generalidad. Por no hablar de toda clase de cazadores de subvenciones y demás tribus que viven al amparo del presupuesto, que las hay.

Los intereses minoritarios son, la mayor parte de las veces, muy legítimos pero son eso, minoritarios. A menudo, ante un problema que permanece irresuelto y cuya solución parece de sentido común, hay que preguntarse si existe alguna minoría, algún interés minoritario que justifica un determinado estado de cosas. Se ha apuntado, y con buen criterio, que no es cierto que todo el mundo pueda querer que la actual crisis económica se resuelva. En primer lugar porque no todo el mundo pierde con ella –hay quien gana, muy pocos, pero los hay- y en segundo lugar porque hay gente que sabe que una solución para los muchos solo puede ser a costa de determinados privilegios de unos pocos.

Los sindicatos proveen un ejemplo excelente. Bloquearán o intentarán bloquear cualquier reforma del mercado de trabajo, incluso algunas que barrunten que pueden contribuir a crear empleo, siempre que, como parece previsible, esas reformas supongan una rebaja en sus cuotas de poder. Los problemas no son tan “irresolubles” como a menudo parece. Hay quien no quiere que sean resueltos, que es diferente.

Ya digo que me parece que este es el estado normal de cosas. Ahora bien, el arte del asunto consiste en no tensar la cuerda tanto que la mayoría termine tomando conciencia de la subversión de las reglas. En este sentido, las denuncias sobre lo “antidemocrático” del procedimiento de reforma constitucional pueden llevar a algunos a concluir que lo que era y es muy “antidemocrático” es el alabado “consenso” en su forma habitual. Lo mismo que las continuas denuncias sobre “recortes sociales” pueden llevar a muchos a caer en la cuenta de que, a ellos, no se les puede recortar aquello de lo que no disfrutan.

Reforma constitucional: ahora sí

La iniciativa de reforma constitucional en curso tiene, probablemente, más valor político y jurídico que económico, en sentido estricto, lo que no significa, claro está, que sea irrelevante desde este último punto de vista.

Comparto plenamente la tesis de Ignacio Camacho (hoy, en ABC), de que resulta un tanto paradójico que haya que constitucionalizar, o incluso, simplemente, positivizar en absoluto, lo que debería ser un principio no ya de buena administración, sino de pura y simple decencia: que las Administraciones Públicas no deben gastar más de lo que ingresan. Si se pudiera elegir, claro, yo sería, además, partidario de una formulación estricta –mejor, me gustaría creer que los políticos deberían asumir el principio de modo estricto-, es decir, sin más matices que los imprescindibles para dejar constancia de lo que, por otra parte, es también obvio, esto es, que puede haber circunstancias excepcionales en las que pueda darse un desbalance, pero sin florituras como las consabidas referencias al equilibrio presupuestario “a lo largo del ciclo” -tan del gusto de la socialdemocracia- y demás circunloquios que apenas logran esconder una falta de compromiso real con el principio.

Y también soy de la opinión, manifestada por los escépticos, de que, precisamente aquello que hace necesario dejar constancia en las tablas de la ley de cosa tan evidente, es lo que lleva a albergar dudas razonables sobre la buena vida futura del nuevo precepto. Si hemos de poner mandamientos de este tenor es porque sabemos que el buen sentido no va mucho con nuestros gestores de la cosa pública, cuya irrefrenable tendencia es a cambiar votos presentes por ya se verá qué en el futuro. Si nuestros mandamases no se ponen a resolver los problemas de hoy hasta que son perentorios, y eso solo si no hay forma de darles una larga cambiada y aplazarlos un poco más, es fácil hacerse una idea de lo que les preocupan cosas tales como la justicia o injusticia de cargar a las generaciones venideras con los excesos de las actuales.

En suma, diga lo que diga la constitución en esta materia, temo que no gozaremos de los beneficios de una política presupuestaria verdaderamente rigurosa (y, ojito, aquí con dar por buenos los argumentos de quienes presumen de superávit cuando se les dispara los ingresos) hasta que no cambien las mentalidades y nuestros políticos dejen de comportarse como una cleptocracia, completamente desdeñosa del derecho que nos asiste a disfrutar del producto de nuestro trabajo. Y ese “cambio de mentalidad”, a su vez, es poco probable que se dé como una caída en el camino de Damasco. Más bien vendrá cuando el político manirroto afronte, por eso, por manirroto, algún día la única sanción que esta gente entiende por su mal comportamiento: la derrota electoral (sin perjuicio, por supuesto, de las pertinentes responsabilidades civiles y penales). Pero eso solo sucederá cuando la sociedad española alcance, de veras, una mayoría de edad ciudadana, manifestada en una verdadera conciencia fiscal.

Mientras eso sucede, tampoco hay que restar valor al proceso que vivimos, ya digo, desde los planos político y puramente jurídico.

La reforma constitucional, aun revestida del aire de chapuza propio del tardozapaterismo (bueno, y del zapaterismo temprano, y del medio y del zapaterismo todo) es indudablemente un hito. Algo que merece el calificativo de “histórico” sin necesidad de sobar demasiado el término, aunque solo sea por inhabitual. De entrada, hay que constatar una primera evidencia que, si se quiere, reaviva una esperanza: el consenso entre los dos grandes partidos españoles, siquiera in extremis, sigue siendo posible. Es sabido que nuestro procedimiento de reforma constitucional, incluso en la forma “simplificada” del artículo 167, requiere de mayorías parlamentarias tan amplias que, en principio, están más allá de las capacidades de uno solo de los grades partidos, ni aún sumándole todas las cuentas del rosario de posibles apoyos de los grupos minoritarios. Por tanto, la reforma solo es cabalmente posible desde el consenso, y lo presupone.

Al menos, ya digo, el consenso de los grandes partidos políticos. Qué duda cabe de que siempre es deseable que, en materias constitucionales, lo deseable es que el consenso sea, incluso, más amplio, máxime en un sistema que, como el nuestro, da cauce a múltiples intereses, no siempre miméticamente identificables con el ciudadano uti singuli y, por ende, con el peso del voto popular, aunque se expresen con su respaldo. Pero, a menudo, sucede que en España la excesiva atención a las singularidades nos puede hacer, nos hace, de hecho, perder de vista, la más elemental realidad democrática: el PP y el PSOE representan a un amplísimo porcentaje de la población española, en todos sus estratos y en todos sus territorios, incluidos aquellos cuya voz se arrogan sistemáticamente otros, hasta la pretendida patrimonialización.

La pregunta es, claro, por qué ahora sí y nunca antes. Si la respuesta es porque existe una demanda externa, provenga de la Unión Europea, del BCE o de frau Merkel en persona, entonces la pregunta es por qué ha de existir esa demanda exterior para que un consenso sea posible y, por tanto, se activen los procedimientos legales previstos para la reforma. Quizá, claro, la respuesta es que no existe acuerdo sobre ningún otro punto ni se perciben urgencias internas que trasladen la desazón que, por lo que se ve, deja el cartero cada vez que trae un recado de allende Pirineos. A mi juicio esto no es así. Existen puntos, unos cuantos, sobre los que sería posible, cuando menos, abrir debate –entre ellos, los suscitados por el Consejo de Estado en un informe bastante sensato de hace ya unos pocos años- y sí existe, asimismo cuando menos, una percepción razonablemente generalizada sobre la disfuncionalidad de algunos elementos de nuestro sistema constitucional (el senado se lleva la palma).

Probablemente, la razón verdadera sea doble. De un lado, la pereza, por llamarlo así, que comporta un sistema de reforma –el del 168- que solo cabe comprender desde las muy particulares condiciones que se daban en los albores del régimen del 78. Siempre sería posible restringir las reformas a lo posible, es decir, a los aspectos que no incidieran en las partes protegidas por el mecanismo de reforma agravado –como ahora sucede-. Pero es que, como sugería ayer mismo Jorge de Esteban, esa línea de razonamiento implica ignorar que quizá una de las primeras cosas que habría que reformar es el propio procedimiento de reforma, sin que sea sensato aceptar la condena a la rigidez que supone el mecanismo vigente. El principal obstáculo que conlleva, desde la perspectiva del proponente, abordar una reforma que implique la utilización del artículo 168 es la necesidad de disolver las Cortes –la reforma lleva tres aprobaciones: dos parlamentarias y una popular-. Por tanto, es posible que el problema, siempre que exista el consenso, sea reconducible a una cuestión de oportunidad. Habría que plantear los cambios en la perspectiva de una disolución inmediata, porque viniera exigida por el vencimiento de la legislatura.

Puede, entonces, que exista una razón más poderosa y más de fondo, desagradable por lo que implica de desconfianza en la madurez de la sociedad española y sistema político, pero comprensible: el miedo a que una reforma, por sensata que sea, termine, a través del pandemónium de un debate desordenado, escalando a una revisión, incluso integral, del pacto constitucional. O un intento, al menos. Insisto en que es comprensible y, por cierto, quizá sea este mismo miedo, y no solo la urgencia, lo que explique el porqué de las extravagantes formas en las que se plantea la actual reforma. Casi de tapadillo, como queriendo ahorrar dimes y diretes.

Es comprensible pero inquietante desde una perspectiva auténticamente democrática. Es fácil imaginarse un escenario en el que un debate constituyente aparezca jalonado por cuestiones fuera de lugar, consideraciones absurdas o, en fin, posturas irracionales. Pero no creo que sea esto lo que preocupe. Temo que lo que puede preocupar, más bien, es que, en un debate abierto, se planteen cosas perfectamente legítimas, sensatas y viables, pero, por la razón que sea, ajenas a algunos intereses. Puede argüirse que los partidos políticos, monopolizadores como son de la iniciativa legislativa, siempre pueden abortar la discusión, o ceñirla al asunto que realmente interese. Pero todos sabemos que eso no es así, o solo es así a medias.

La imposibilidad de modificar nuestro texto constitucional se erige, en cierto sentido, en una medida de la calidad de nuestra democracia. Es verdad que la estabilidad del texto es, en sí, un valor, pero no lo es menos que todas las grandes naciones democráticas, incluso aquellas que gozan de constituciones añejas, venerables y veneradas, han acometido, con mano temblorosa como decía el clásico, modificaciones en la ley suprema. Y así la han mantenido viva y plena, vigorosamente normativa.

Eurobonos

Según han puesto ya de manifiesto distintos comentaristas, la de los “eurobonos” es una de las tres vías posibles de salida (digámoslo así) a la crisis de la deuda europea. Las otras dos son lo que parece ser el fin del mundo –la, presumiblemente, cataclísmica ruptura del euro- y la que quizá resulte más probable, que no es otra cosa que ir tirando, haciendo lo que en cada momento resulte imprescindible, con poca o nula perspectiva general sobre el proceso y, por tanto, sin parar mientes en si lo necesario para salir del paso hoy puede resultar contraproducente mañana.

Amén de que esa solución de ir improvisando es la que más se acomoda al nivel general de la dirigencia europea, más bien escaso, es también lo que cabe esperar por razones que podemos llamar estructurales, me temo. Puede ser más cómodo achacar los problemas a la supuesta maldad o simplemente a la cortedad de miras de la señora Merkel, pero lo cierto es que es un tanto infantil quejarse de que la Unión sea lo que es y, quizá, lo que, en realidad, sus ciudadanos desean que sea: una genuina entidad supranacional para las cuestiones domésticas y una organización intergubernamental para las relevantes. Algo todavía a medio camino, a medio hacer.

La cuestión de los eurobonos, como bien ha señalado Alemania, no se entiende sino como una puesta en común de las políticas fiscales. Y eso, me temo, no se limita a aceptar ciertas directrices en cuanto a cosas –de por sí no irrelevantes- como armonización de figuras y tipos de tributación, sino que significa armonizar tanto gastos como ingresos públicos. Significa suplementar la moneda común, ya existente, y coja en su diseño, con el tesoro común que, según los observadores avezados, le faltaba y le sigue faltando.

Puede que la cuestión se enmascare en tecnicismos más o menos complejos a los que, por cierto, en Bruselas son muy aficionados y sí, sin duda el tema reviste cierta complejidad. Pero la conclusión alemana no es difícil de alcanzar en un par de pasos. Si un ente diseñado ad hoc por la Unión Europea o la propia Unión van a emitir bonos respaldados por el conjunto de los Estados Miembros –o, cuando menos, por aquellos que comparten divisa- en la expectativa de que esos bonos vayan a colocarse a tasas de interés más razonables que las que se requiere a los países débiles, es porque los países fuertes ponen su solvencia detrás. Y la solvencia de los tesoros públicos sale de la administración de sus presupuestos respectivos. Las deudas son sostenibles cuando las respaldan perspectivas de ingresos futuros. Pues bien, parece claro que no resulta concebible pretender disfrutar del aval de un socio más fuerte sin algún tipo de contraprestación, sea en forma de pago directo, sea aceptando alguna clase de control, que es lo que toda la vida se le ha exigido al deudor rescatado o apoyado.

A buen seguro, la cosa no será tan grosera como que unos países vayan a ser fiscalizados por otros. No. Con toda probabilidad, la función fiscalizadora correspondería a un órgano comunitario… bien entendido que ese órgano no podrá sino tener en consideración los puntos de vista de los paganos de la fiesta. A poco que se piense, esto no es ya muy distinto –dosis de indisciplina incluidas, por cierto- de lo que sucede, o debería suceder, hoy mismo en países descentralizados como España o la propia Alemania (en rigor, parece que en Alemania ya sucede que los gobiernos regionales se avienen a aceptar las directrices fiscales de la Federación, mientras que aquí está por ver si eso es un desiderátum).

La creación de los eurobonos, así concebidos, aun nacidos de la coyuntura, sería un cambio colosal en las relaciones financieras entre unas naciones que, a fecha de hoy, se han limitado a un intercambio de apertura de mercados por ayudas al desarrollo. Y esto, me temo, no pertenece, o no pertenece en exclusiva al mundo de las cuestiones económicas. Se trata de una cuestión eminente y primordialmente política. El grado de sofisticación alcanzadoa por las materias económicas y su tecnificación hacen olvidar, con cierta frecuencia, algo que debería ser patente: la economía no es en absoluto ajena a las demás dimensiones de lo humano –en sí, la ciencia económica no es sino una ciencia del comportamiento humano, individual y colectivo- y la política económica es, ante todo, política. Es posible que los relativamente amplios consensos en cuanto a cómo deben hacerse las cosas –por ejemplo, en torno a la bondad de la integración europea, como proceso- hagan perder de vista la importancia de las decisiones de base: en primera instancia, es necesario que los pueblos europeos quieran integrarse y deseen hacerlo hasta el punto que los opinadores informados puedan entender, incluso mayoritariamente, como deseable. Opinadores que, por cierto, cada vez emplean menos esfuerzos en justificar la bondad de sus opiniones, recurriendo a menudo a presentar como verdaderas peticiones de principio lo que, se supone, hay que justificar. Tengo para mí que una de las razones que pueden terminar por hacer verdaderamente odioso el proceso de integración europea es, en particular, esa insistencia en colocar a los críticos fuera del mundo de lo razonable y, por tanto, en colocar la cuestión casi fuera del ámbito de lo debatible.

La cuestión de la “solidaridad” –palabra importante cuando se habla de fiscalidad- provee una importante piedra de toque al respecto. Sin duda, la solidaridad puede teorizarse y explicarse en términos exclusivamente económicos. Y puede demostrarse que la pretendida “solidaridad” entre personas y territorios es el resultado de un cálculo perfectamente racional en el que el altruismo desempeña un papel más bien marginal. Esto es así, especialmente, en el ámbito comunitario, en el que las afinidades nacionales no revisten, a primera vista, excesiva importancia –confío en que todavía pueda encontrarse algún catalán al que el “esfuerzo fiscal” todavía le parezca sostenible en razón de que es con sus connacionales de resto de España, pero dudo que haya algún alemán que pueda razonar de igual modo respecto a los griegos-. Podría, pues, justificarse de algún modo que, de la misma manera que a Alemania le convino renunciar a marco (¿precio de la reunificación?) podría también convenirle integrar su política fiscal -de modo permanente, quiero decir, no como mecanismo temporal destinado a evitar el mayor de los males posibles- con la de sus socios comunitarios, incluidos aquellos que representan sus antípodas financieros. Pero esa justificación, si existe, debe ser suficientemente sólida como para compensar el que los alemanes, o la mayoría de ellos, puedan no querer dar semejante paso, por una multiplicidad de razones, sensatas o no tan sensatas.

Renan dijo de las naciones que eran un “plebiscito cotidiano” es decir, una voluntad perennemente renovada de vida en común. No sé si semejante descripción le cuadra a esta supernación in fieri que es, que quiere ser, la Unión Europea. Lo que sí creo es que la cuestión de qué es de verdad la Unión no es una pregunta retórica, sino un debate con fuertes implicaciones prácticas. Guste o no guste.

Banalizar lo importante, solemnizar lo obvio

La sensación de vértigo que producen los acontecimientos, y este miedo a instalarnos del todo en la tranquilidad vacacional por si, a la vuelta, nos espera un cataclismo ha impedido, creo, que se hagan reflexiones con un mínimo de perspectiva sobre el final de una pequeña era que se produjo el día en que el presidente del Gobierno, al modo sui géneris propio de la casa, con cuatro meses de por medio, anunció el fin de la legislatura, que para él es algo más.

De Zapatero ya solo se habla para subrayar su insignificancia, motejándolo con frecuencia de “cadáver político” y otras lindezas por el estilo. Y lo cierto es que, en parte por las cosas que pasan, pero también por sus propios méritos, ha conseguido convertir la coda de su mandato en un estrambote. Como si, más que pasar a la historia, quisiera irse por su sumidero. Hoy dice algún comentarista que sus últimos días en la Moncloa carecen de toda épica. Y es cierto.

Imagino que habrá tiempo para retrospectivas si, como por lo visto dijo ayer el propio Rubalcaba, siempre que llueve, escampa y vienen, por tanto, días más tranquilos en los que poder reflexionar sobre el pasado reciente sin andar urgidos por un presente que no deja vivir y, sobre todo, en la confianza de un futuro que ya solo pueda ser mejor.

Tengo claro mi veredicto, y no es positivo. No niego, por supuesto, que haya podido haber algunas cosas de mérito en estos siete años y pico, pero el conjunto es, me temo, una época que deberá ser superada. Y temo que algunos de los yerros vayan a ser muy, muy difíciles de enmendar, si es que tienen enmienda posible.

El fracaso como gestor de la crisis económica y sus evidentes carencias como gobernante en tiempos difíciles, su falta casi total de las virtudes del hombre de estado “clásico” es, para algunos, la clave del desengaño. Por así decir, el muchacho iba bien hasta que llegó el verdadero examen. A mi juicio, esa es una comprensión errónea del personaje. Me atrevería a decir que la crisis económica, si algo es, es un fracaso “técnico”; es el fracaso del Zapatero gestor, si es que alguna vez lo fue. Sin ánimo de frivolizar, me atrevo a calificar eso de pecado venial. Es probable que pocos, muy pocos políticos hubieran superado con mediano éxito semejante prueba. No creo, desde luego, que ni él ni su gobierno sean inocentes pero, ya ven, sí pienso que, en lo que a economía toca, valen mejor las coartadas que les asisten.

Peor, mucho peor, me parece el Zapatero genuinamente político. El Zapatero que ha actuado desde el primer día y casi siempre igual. Podría extenderme mucho en explicar este juicio, pero creo que mi opinión puede condensarse en dos ideas: su falta de prudencia y su propia concepción del quehacer político.

En cuanto a lo primero, el reproche más grave que cabe hacerle al ya casi expresidente es su terrible falta de respeto a los consensos básicos que forman la urdimbre en la que se asienta el modelo político español. Nuestro sistema, como todos, venía asentándose en unos acuerdos fundamentales que él se empeñó, desde el primer día, en ignorar –imagino que sus partidarios dirían en “superar”-, tanto en el orden territorial como en el social. Quizá ambas cosas pueden resumirse, en el fondo, en una: la falta de aceptación de la legitimidad del otro –es decir, de la derecha- como actor tan relevante como uno mismo.

Es posible que todo sea reducible a una táctica. Zapatero no quería, en el fondo, cambiar las cosas en profundidad, sino sentar las bases de un modelo que garantizara, de una vez y para siempre, una hegemonía inatacable del PSOE –asentada en su capacidad de pacto con fuerzas nacionalistas-. Reconozco que no tengo más elementos para despejar la duda que la intuición. Y no, no creo que sea así, es decir, no creo que Zapatero haya puesto toda su concepción de España al servicio de un fin tan poco altruista. Creo, simplemente, que piensa como parece que piensa.

Entiéndaseme bien. No creo que ninguna clase de consenso sea sagrado ni permanente y, por tanto, no veo ilegítima la revisión de ninguna clase de clave. Y eso incluye las mismísimas vigas maestras de nuestro edificio constitucional. Pero sí creo que semejante paso ha de fundarse en una demanda nítidamente expresada por una mayoría suficiente. Es un proceso que debe producirse de abajo hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo. Zapatero jamás gozó de mayorías suficientes, ni siquiera puramente parlamentarias, para abrir algunos de los debates que abrió. Antes al contrario, las especialísimas circunstancias de su llegada al poder hubieran debido ser interpretadas como una invitación a la prudencia.

Si las claves de fondo de su política son, a mi juicio, dignas de reproche, su forma de hacerla es, sencillamente, irritante. Es posible, es probable, que Zapatero no sea sino el epítome de una izquierda que ha perdido densidad en su discurso político hasta un punto tal que, deslavazado, carente de toda coherencia, tal discurso ya malamente puede llamarse tal, sino que es, más bien, un collage de ¿ideas? ¿Imágenes? O puede que estemos, simplemente, ante el resultado de la propia levedad intelectual del personaje. El caso es que, a fuerza de banalizar lo importante y de solemnizar lo obvio ha conseguido convertir su manera de hablar de política en algo poco menos que insultante.

No negaré que, en el proceso de degradación del discurso político en España, el presidente y sus adláteres han contado con amplia colaboración de propios y extraños. Pero él, por decisión propia, ha llegado a convertirse en el más claro ejemplo de cómo se puede querer construir discursos con renuncia total a cualquier clase de idea. Los politólogos por encargo y demás cobistas llaman a esto, también “superación” y hablan de la democracia con toda clase de apellidos. Supongo que el único que no cabe es “racional”.

No, no creo que le quepa un gran lugar ni en la historia de España ni en la historia de la izquierda española. Y no será, ya digo, por la prima de riesgo.