Thatcher y las ideologías

El fallecimiento y las honras fúnebres de Margaret Thatcher –probablemente, uno de los políticos más grandes que a mi generación le ha sido, hasta ahora, dado conocer- han reavivado la polémica sobre su figura y herencia. Hoy mismo en Expansión la glosa sir Howard Davies. ¿Ocultaban sus presuntos éxitos el germen de los males presentes? Lo cierto es que sigue despertando adhesiones inquebrantables, fuera del Reino Unido, sobre todo –siempre es más fácil elevar a la categoría de mito al gobernante que no se padece y a aquel al que se puede contemplar desde lejos, fuera de las mezquindades del día a día- y odios africanos, también en casa y fuera. No hay desgracia británica contemporánea que no pueda, con mínimo esfuerzo, atribuírsele.

Han pasado más de veinte años, así que el ejercicio de atribución retrospectiva de responsabilidades puede hacerse un tanto a capricho. En fin, personalmente me apunto a la legión de admiradores, pero lo que quiero es subrayar otra cosa: el análisis de la figura nos permite incidir en algo tan evidente como a menudo ignorado cual es la importancia de las ideologías. La valoración del legado de Thatcher, como el de cualquier político no es otra cosa que una opinión, una posición política.

Es recurrente la mención de que sus políticas crearon desigualdad. Y, a menudo, eso se cita como malo en sí mismo. Se olvidan, sin embargo, dos cosas: el primero que la desigualdad es un concepto relativo. No es lo mismo ser pobre en Alemania que en Bolivia. Si un ciudadano dispone de mil unidades de renta y otro de una y se doblan sus disponibilidades, será evidente que la desigualdad –medida por diferencias- habrá crecido, toda vez que, si antes, el más rico tenía 999 más que el más pobre, ahora tendrá 1.998 pero, ¿la situación ha empeorado? Más allá, lo relevante, según posiciones, no es tanto si hay o no desigualdad cuanto si ésta es justa o injusta. Bill Gates y Carlos Slim son inmensamente más ricos no ya que cualquiera de sus conciudadanos, sino que cualquiera de sus congéneres humanos. ¿Proceden sus riquezas de lo mismo? ¿Es igual inventar el sistema operativo más corriente del planeta que ganar concursos de telefonía pública de transparencia cuestionable? Todas estas cuestiones no son irrelevantes y no tienen respuestas apriorísticas.

Más allá de cuestiones triviales –nadie sensato cuestiona, por ejemplo, que es malo que haya gente que pase verdadera necesidad, es un mal físico para quien la padece y un mal moral para quien la contempla- casi ningún problema social complejo admite una solución “científica” satisfactoria, lo que es tanto como decir que no admite “una” solución. Los problemas sociales solo admiten soluciones, o tratamientos, políticos. Siguiendo con el ejemplo de la desigualdad, el nivel de ésta que una sociedad estará dispuesta a tolerar es altamente variable, dependiendo de múltiples factores, entre ellos, qué grado de libertad personal está dispuesta a ceder la ciudadanía para lograr aminorarla. Es probable que muchas de las características de la sociedad norteamericana que los europeos percibimos como indeseables no sean tales para los propios americanos y viceversa. Es sencillamente absurdo plantearse si los americanos, o los europeos, están en lo cierto o errados. Sus diferentes situaciones, probablemente, revelan distintos conjuntos de preferencias colectivas, mayoritarias, inconmensurables.

Esto, que parece muy claro, a menudo no lo está. La economía y los discursos económicos nos ofrecen a diario perspectivas de ello. Es frecuente que los gobiernos, sean del signo que sean, nos planteen a menudo sus políticas económicas no ya como las mejores sino como “las únicas posibles” o “las correctas”. Sin embargo, de una política económica, o de cualquier otra, solo puede predicarse que es “correcta” en cuanto conduce efectivamente a un fin, mediato o inmediato, que en absoluto está predeterminado por la ciencia económica sino que, por lo común, es dado a priori y es netamente político. Es irrelevante que el fin sea ampliamente compartido o, incluso  que, por ser tenido por evidente, su carácter ideológico, cultural, no científico, quede oculto. Tómense, por ejemplo, las ideas de “progreso” o “bienestar”. ¿Acaso tienen algo de obvias, de evidentes, de invariantes culturales? Creo que la respuesta es no.

La circunstancia de que, a izquierda y derecha, los discursos se hayan homogeneizado enormemente no es, quizá, tanto signo de la pérdida de importancia de los planteamientos ideológicos como indicio de algo peor: que a menudo nos instalamos en la peor de las confusiones porque creemos que, por usar la misma palabra, hablamos de lo mismo. ¿Por qué asumimos que, cuando se habla de “prosperar” todo el mundo habla de la misma cosa?

Todo el mundo desea una “sociedad justa” o, al menos, todo el mundo proclama desearlo. Pero hay demasiadas evidencias de que no todo el mundo entiende lo mismo por ello. ¿Es la sociedad británica post-thatcheriana más injusta que otras sociedades europeas? Eso depende de lo que se tenga por injusto, claro. A diferencia de otros políticos, eso sí, Thatcher jamás ocultó qué entendía  ella por “injusto”; nunca pretendió que su política fuera “razonable” sino coherente, acorde con sus principios. La mayor parte de los políticos, en especial los de derechas, “rebaja” su perfil ideológico, presentando aquello que “quiere” hacer como “lo que hay que” hacer. Thatcher, por el contrario, exponía ese perfil, de forma que el ciudadano entendiera que otras políticas eran posibles, pero no iban a ser la suya.

 

 

 

 

Marías, Muñoz Molina y el problema de los intelectuales

El último libro de Antonio Muñoz Molina (“Todo lo que era sólido”) es un bello ensayo en el que el autor reflexiona sobre qué nos ha sucedido y, sobre todo, cómo pudimos no darnos cuenta. En su disertación, Muñoz Molina, aparte de evocar sus propios recuerdos de épocas más lejanas, se remonta al día a día de fecha tan reciente como el año 2007, mediante consulta a la hemeroteca de El País. La realidad de los diarios de esos días parece tan lejana y, al tiempo, arroja tanta luz que, en efecto, cuesta ver cómo no nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo. Visto en perspectiva, resulta claro que la cosa terminó como tenía que terminar, como debimos caer en la cuenta de que iba a terminar. Pero lo cierto es que, entonces, solo hubo silencio, indiferencia, si no complacencia.

Muñoz Molina tiene el pudor de no imputar al universo mundo errores en buena medida propios y es el primero en admitir que los intelectuales, él incluido, tampoco anduvieron muy listos a la hora de denunciar, de avisar, de hacer lo que, al cabo, es su trabajo. El autor, ya digo, se incluye a sí mismo en la nómina de los que no estuvieron suficientemente despiertos y solo salva, por salvar a alguno, a El Roto, el humorista (¿editorialista gráfico, más bien?) de El País que, siempre incisivo, sí se comportó en todo momento como una solitaria Casandra.

Lean el libro de Muñoz Molina los que tengan ocasión. Se esté de acuerdo o se discrepe, se disfrutará de la prosa del de Úbeda, seguro. Pero, mire usted por dónde, hay quien se ha dado por aludido. Ni más ni menos que Javier Marías, este domingo, en su homilía de El País Semanal. Nuestro puede que más firme candidato al Nobel –premio que sí aceptará, porque es sueco (el premio, obviamente)- califica de injusta la crítica de Muñoz Molina y dice que la mayor parte de la nómina de colaboradores del diario en el que él escribe, él incluido, sí estuvo a la altura de las circunstancias. Cita, incluso, como ejemplo de atención a los acontecimientos, su libro “Los Villanos de la Nación”, una colección de artículos de prensa –todos ellos publicados en El País o su suplemento, si no me falla la memoria- que abarca, por cierto, un dilatado período temporal, porque -insisto, si no me falla la memoria- los textos más antiguos datan de mediados de los ochenta.

 

Me perdonará el ilustre novelista –y traductor, y ensayista y excelente articulista- pero me temo que la crítica de su colega académico tiene mucho de acertada. Nuestra supuesta intelectualidad, no sé si únicamente con la excepción de El Roto, pero sí con muchas menos que las que él reclama, se comportó como el sabueso de los Baskerville: no ladró o ladró bajito. Este es, desde luego, mi recuerdo personal, puede que errado, pero bastante coincidente con el de Muñoz Molina.

 

Y hay varias razones para que así fuera.

 

La primera y más obvia es la que el propio Antonio Muñoz Molina indica. Que los “intelectuales” –demos por buena la etiqueta para designar a personas tan diferentes como Vargas Llosa, Savater, Elvira Lindo o el propio Marías, todos incluidos por éste último en la nómina de los supuestos vigilantes- se dejaron llevar por la impresión de abrumadora prosperidad tanto como los demás. Sencillamente, no ladraron porque no oyeron entrar al criminal. Erraron tanto, aunque menos irresponsablemente, como otros que tenían el deber de estar atentos. Cada uno a sus cosas, a sus premios, a sus libros, a sus labores, en medio del río que nos llevaba, de dinero público. Raramente, además, los intelectuales españoles han solido ocuparse de cosas de intendencia. Claro que tanto tren a ninguna parte terminó oliendo a chamusquina, pero rara vez se criticó el exceso sino en lo que tenía de antiestético, que no es poco; antes al contrario, se saludaban las grandes cotas de prosperidad alcanzadas y, me temo, las reclamaciones, cuando las había, iban más bien por la vía de requerir lo que podríamos llamar pruebas de perfeccionamiento de la modernidad. La modernidad, en sí, se consideraba superada.

La segunda razón, menos evidente para algunos, obvia para otros, es que esa intelectualidad que Marías cita tiene un denominador común: es intelectualidad de izquierdas. A Marías le parecerá un pleonasmo, pero el dato es relevante. La capacidad crítica de muchos de los autotitulados intelectuales españoles ha estado muy limitada desde los albores de la transición sencillamente porque, salvo unos pocos años, hemos tenido gobiernos siempre del lado correcto. Hemos vivido en la arcadia o, en todo caso, para algunos, en la convicción –corroborada por algún paréntesis de años oscuros en los que, entonces sí, la capacidad crítica reverdeció- de que no había alternativa posible. “Lo otro” era esa derecha del inframundo que Marías fustiga, domingo tras domingo, con el látigo de sus invectivas. Muñoz Molina elige el año 2007 como base para su comparación pero incluso él, a la hora de entonar su mea culpa, soslaya que, entonces, gobernaban los buenos. Hagan un ejercicio de comparación sobre la obra de un genio: Antonio Fraguas de Pablo, nuestro entrañable Forges, a lo largo de estos más de treinta años. Tan brillante como sectario, las viñetas de Forges, hoy otra vez aceradas, recuerdan a las de la transición tardía, cuando no había piedad con un gobierno cuyo único destino natural era caer y caer cuanto antes para que fuera posible –esto no se decía siempre así- el advenimiento de la democracia verdadera. El compromiso ideológico anestesia la capacidad crítica, así son las cosas. Criticables, si acaso, las políticas "involucionistas", “neoliberales” de la Comunidad de Madrid, quintaesencia de todos los males, pero nunca, o menos, los despropósitos que eran mal común del sistema autonómico, el despilfarro municipal y, por supuesto, el mal hacer de esos gobiernos centrales de signo correcto que, a tenor de lo visto, tampoco eran tan diferentes de los de signo incorrecto.

En todo caso, si Marías piensa que él mismo y otros hicieron lo suficiente, habrá que concluir que lo suficiente fue poco. El debate sobre el papel de los intelectuales en España es interesante. Con perdón del propio Marías, de Muñoz Molina y de otros relevantes hombres de letras y ciencias, no hay más remedio que concluir que, en España, la aristocracia del pensamiento y la cultura, si es que existe, goza de escaso predicamento. Umberto Eco se lamenta con frecuencia de que, en Italia, todos los lectores de periódicos juntos no alcanzan a una fracción mínima de quienes se informan solo por la televisión. Tampoco allí, se ve, es fácil apelar desde la razón y los argumentos sustentados a un cuerpo político adocenado; tampoco allí, por tanto, es fácil que el intelectual desempeñe un papel relevante. Pero, sin negar que esa sea la situación por el lado de la demanda, para mí quisiera yo la situación de Italia por el lado de la oferta.

Los vicios que Eco denuncia en Italia también, mutatis mutandis, los encuentra Muñoz Molina en España, iguales o transpuestos. Se lamenta el autor de cómo nuestro debate público ha sido degradado hasta niveles inimaginables, incluso en un país con tan poca tradición democrática como el nuestro, a través de esa figura tan espantosa del opinador a sueldo, el tertuliano profesional de estricta observancia partidaria. Pero quizá soslaya que el campo estaba abandonado, por completo, por una intelectualidad seria, no sectaria, docta y con capacidad de comunicación a la que debería haber dado voz una industria editorial consciente de su rol en una sociedad democrática.

Quizá Muñoz ha sido injusto al minusvalorar los esfuerzos ajenos, pero Marías, al reivindicarlos pone de manifiesto su lamentable futilidad y apunta a otro de nuestros grandes problemas o, si se quiere, otra cara del mismo: nuestra carencia de élites competentes, comprometidas y con influencia. Algo mucho más tradicional, incluso, que las miserias de nuestra balanza de pagos.

Italia - España

Curioso panorama el de Italia. Como no hay un claro vencedor, el resultado puede ser la ingobernabilidad, o bien lo que parece ser el peor de los mundos, vaya usted a saber por qué: nuevas elecciones. Digo curioso porque en la II República parece ser la mayor de las desgracias lo que en la I era el pan nuestro de cada día. Entre 1946 y primeros de los noventa, Italia nunca conoció algo parecido a lo que en el resto del mundo se entendía por mayoría, había elecciones cada poco y no eran infrecuentes coaliciones pluripartitas de cuatro, cinco o más partidos. Los teóricos acuñaron para Italia el término “democracia consociativa”, por oposición a “democracia de alternancia”, que era la democracia a secas en el resto del mundo. El vocablo venía a significar que en Italia gobernaban todos con todos o, dicho de otro modo, que siempre gobernaban los mismos.

Ya digo que no se percibía como una tragedia. Era algo característico de Italia, tan particular como el menguadísimo valor de su moneda. Se pagaban veinticinco o treinta mil liras por una cerveza y Andreotti era siempre primer ministro o ministro de otra cosa. Y así andaba il belpaese, con sus problemas eternamente irresueltos, en una inestable estabilidad que la prosperidad reducía a enfermedad crónica.

Un buen día, ya se sabe, todo aquello se fue al garete. El tinglado multipartidista, que no el impulso lampedusiano. Porque mayorías hubo, pero eso nos significó que Italia se hubiera vuelto una democracia como las otras. Parece que la diferencia que media entre aquel particular estado de cosas, aquella democracia consociativa, de la I República y el estado terminal de la II es la que va de un orden viciado a ningún orden en absoluto. Existía, sí, un cierto orden en aquel aparente desbarajuste de la segunda mitad del siglo XX. El sistema, viciado, ya digo, se nucleaba en torno a la Democracia Cristiana y, en menor medida, al Partido Socialista. Los extremos quedaban fuera. Era el resultado natural en un mecanismo que se construyó específicamente para neutralizar al único Partido Comunista de Occidente con opciones reales de gobierno.

La situación presente es muy distinta. De las minorías significativas, solo una, la izquierda de Bersani, es funcional. El resto parece antipolítica o política a la griega: Berlusconi o Grillo.

 

Esa es, hoy por hoy, todavía, la gran diferencia entre España y otras democracias del sur: el sistema, denostado, detestado, odiado –a tenor de las encuestas- sigue en manos de los grandes partidos, que aún tienen capacidad para operarlo. Este fin de semana he leído al director de una conocida empresa de estudios demoscópicos elogiar el buen sentido de los españoles, evidenciado, se conoce, por su poca querencia a opciones exóticas, extremas o simplemente novedosas. Este mismo profesional notaba cómo el famoso movimiento del “15 M”  no fue en absoluto antisistema, sino prorreforma del sistema. Con mejores o peores argumentos, con más o menos fundamento, se procuraba una depuración del sistema, no una enmienda a la totalidad.

Que el pueblo español tiene poco de revolucionario no es novedad. Y podría, desde luego, confiarse en que nuestros políticos, de querer, hallarían buena acogida para cualquier impulso reformista o como mínimo la paciencia con que se están topando recortes y torpezas. Los partidos políticos españoles no han agotado su caudal de confianza, están seriamente dañados, pero no desahuciados.

A priori, por tanto, cabría pensar que resulta más fácil que España supere su crisis política que Italia la suya. Pero nada garantiza que ocurra así. Los partidos políticos españoles han dado sobradas muestras de su capacidad para perder oportunidades e Italia ha probado, a su vez, reiteradas veces, que puede in extremis, salir de los trances o hacer como que sale, que no siempre es fácil allí distinguir lo que es de lo que parece. Quizá lo más probable es que uno y otro país continúen ofreciendo al mundo nuevas versiones de sí mismos. No querer, no poder, da un poco lo mismo.

La gala de los Goya y los vicios españoles

La reciente gala de los Goya puso de manifiesto aquello de que nada puede ser tan malo como para no servir ni tan siquiera de ejemplo negativo. Al menos, es algo que da pie a reflexiones como ésta que estoy a punto de escribir y sirve como botón de muestra de diversos males patrios. Destacaré un par de ellos. Lo primero, no obstante, es un lamento: creo que el cine español no ha hecho nada para merecer esto, como Concha Velasco no hizo nada para merecer el casposo numerito musical con el que, supuestamente, la agasajaban. Hay mucho de cierto en el sambenito de cine ideologizado, sectario y totalmente ajeno a la sociedad en la que se engendra, pero también hay cosas salvables, unas cuantas. Hay buenas películas y buenos técnicos en todos los órdenes. Pena, ya digo, que les haya caído todo el peso de un destino manifiesto.

Al caso, como decía, la gala o, por mejor decir, las intervenciones durante la misma evidenciaron un par de vicios patrios o, si se prefiere, un par de dimensiones de un mismo problema, que no es otro que el del atrofiamiento que en este país padecemos de la facultad de juzgar, es decir, de nuestra renuncia colectiva al ejercicio de la razón práctica.

Quienes aprovecharon sus minutos de gloria para denunciar y criticar, más o menos groseramente, cuanto de denunciable y criticable creyeron oportuno citar –cosa distinta es que nadie pareciera encontrar nada denunciable y criticable en ningún sitio que no fuera la política gubernamental, en materia de cine y de casi cualquier otro asunto- lo hacían, se conoce, por un motivo loable: compelidos por la convicción de que quien tiene la suerte de ocupar una posición social preeminente, aunque sea momentánea, quien tiene acceso a un altavoz, tiene el deber de usar esa posición para dar voz a quienes no la tienen.

Hasta aquí, nada que objetar, por supuesto. En efecto, a fin de cuentas, en eso consiste ejercer un liderazgo. Lo que nadie parece ponderar es que ese liderazgo debe ejercerse responsablemente. Ya que uno está en posición de decir, conviene que haga uso de ese privilegio con un mínimo de higiene. Tampoco es cuestión de decirle a nadie, claro, qué debe opinar y qué no. Pero el sagrado derecho de opinar no legitima para decir sandeces o para no respetar ni tan siquiera las más elementales reglas de la lógica, porque entonces la opinión se asimila, más bien, al exabrupto, al puro desahogo. Si se trata, pongamos por caso, de insultar al ministro de educación, maldita la falta que hacen razones.

No se puede –no se debe, más bien- en un mismo discurso, o conjunto coherente de discursos, por ejemplo, llamar la atención sobre la falta de los más elementales recursos en centros hospitalarios y, al tiempo, reclamar mejoras (rebajas) en el tratamiento fiscal de bienes como el cine o pedir más subvenciones. Podremos discutir que el cine sea o no una necesidad pero, admitiendo que lo sea, habrá que conceder que se halla, en  la pirámide de Maslow, unos cuantos escalones por encima de las mantas o el agua para los enfermos. Me atrevería a decir que es de buen sentido reclamar que no se destinen dineros a cosas como el cine hasta tanto no se encuentren plenamente garantizados los abastecimientos básicos al sistema sanitario. Si hemos de dar crédito a cierta gente, habrá que plantearse suspender otros gastos superfluos hasta que tengamos, por lo menos, para penicilina y derivados.

Nada hay tampoco que objetar a las elegías por los desahuciados. Pero conviene moderar el tono si se pronuncian por una bella señora, embutida en un traje carísimo si, a la sazón, la señora de marras ha sido imagen de alguna financiera famosa por lo agresivo de sus condiciones.

Son solo dos botones de muestra, ya digo. Al fin y al cabo, los partícipes en la gala no hacían otra cosa que practicar su españolísimo derecho a opinar, que es como llamamos aquí al derecho a decir lo que a uno le peta cuando le peta, sin sentirse especialmente constreñido no ya por las circunstancias o el sentido de la oportunidad, sino por la lógica cartesiana. A un español, en el libérrimo uso de sus facultades opinadoras, no se le puede reclamar que piense lo que dice o que se informe previamente. Y diga lo que diga, se tendrá que tener por respetable.

La otra cuestión a la que me refería es la ya famosa petición de principio de “el cine es cultura” –casi se diría que la única manifestación de la cultura que se hace notar- y, por ende, debe existir una política “de estado” en la materia. Dicho de otro modo, hay que apoquinar desde el presupuesto y, además, el apoquine debe estar por encima de los vaivenes de la alternancia –eso es lo que quiere decir política “de estado”-.

La afirmación de que el cine es “cultura” es incuestionable a poco, claro, que se emplee un concepto suficientemente amplio de “cultura”. Concedámoslo, de entrada. Sí, el cine es cultura y la industria cinematográfica es una industria cultural. Como otras. La cuestión es si forma parte de esa cultura-bien jurídico protegido que los poderes públicos deben tutelar y, además, de una determinada manera. No me consta que ni los escritores ni las industrias editoriales, con carácter general, se beneficien de una política pública ordenada a su financiación. ¿Acaso la literatura no es cultura? Sí. Por eso el estado y otras administraciones mantienen una red de bibliotecas, cuya función es facilitar el acceso del público a la obra literaria, no fomentar que se escriba. La analogía, llevada al cine, conduciría a que se mantuvieran filmotecas y salas de exhibición. Los poderes públicos mantienen espacios para la audición de obras musicales e incluso crean orquestas, pero no me consta que subvencionen la composición de obras.

No he escuchado nunca a ningún escritor quejarse sobre la existencia de bibliotecas, pero sí hay muchos que rechazan rotundamente que el proceso de creación dependa de los recursos públicos, con el sensato argumento de que ello retrotraería la creación artística a los tiempos en que era dependiente del poder político y, por ello, fácil objeto de censura. Paradójicamente, la industria cinematográfica española no parece tener ningún escrúpulo al respecto. ¿Por qué? Probablemente porque, contrariamente a lo que proclama, no tiene interés alguno en las finalidades de la supuesta creación, sino solo en la creación misma. Si, de verdad, los cineastas percibieran el cine como una herramienta de formación de conciencias críticas –que eso es lo que permitiría percibir al cine como algo más que mero entretenimiento, como cultura en un sentido mínimamente superior- serían extremadamente celosos de su mensaje. No lo son, porque no les interesan ni su público, ni sus contenidos. Les interesa asegurarse rentas.

Ser un buscador de rentas no es ilegítimo –lo ilegítimo es encontrarlas, generalmente-. Menos legítimo es envolverse en títulos supuestamente nobles aprovechando, de nuevo, la atrofia en la capacidad de juzgar y del juicio estético. Presentadas como “cultura” ciertas cosas ganan vitola de bien protegible. Y ¿quién va a llevarnos la contraria? La facción política a la que favorecemos está bien dispuesta a tratarnos de “creadores” y la facción contraria se muere de miedo de decir lo que piensa.

La atrofia en la capacidad de juzgar da alas a la mediocridad, que se vuelve impertinente, desvergonzada. Es posible que Scorsese, Wilder, Ford, Cuckor, De Niro, Pacino, Chaplin, el mismo Buñuel, qué sé yo… hayan sido calificados miles de veces de “creadores” o tildados de genios. Pero hay que rebuscar mucho en los anales para encontrar una sola ocasión en que se atrevieran a decirlo de sí mismos. Es verdad que ninguno ganó un Goya.

La decisión de su Santidad

A partir de la poco representativa muestra de mis conocidos católicos más cercanos, concluyo que la dimisión de Benedicto XVI parece haber dado lugar a sentimientos encontrados. Casi todos alaban su sentido de la responsabilidad y no cabe duda de que su vejez y fragilidad llaman a la caridad, pero, más o menos sottovoce, hay quien se manifiesta decepcionado. Puede que sea, supongo, porque quien cree que el magisterio lo encomienda Dios mismo por medio de los cardenales, forzosamente ha de creer que la renuncia es un fallarle a Dios mismo, un declararse incapaz de soportar la carga que Él impone. Desde este punto de vista, desde luego, la renuncia de un papa siempre tiene un aire de decepción. Y es inevitable, además –creo que el paralelismo lo ha explicitado el propio cardenal arzobispo de Cracovia, antiguo secretario personal de Juan Pablo II- el contraste con su predecesor. En la mente de los fieles, pues, la disyuntiva: ¿pone la renuncia de Ratzinger de manifiesto una irresponsabilidad de Wojtyla al empecinarse en seguir a la cabeza de la Iglesia pese a su manifiesta incapacidad o, muy al contrario, es Ratzinger el que, demasiado débil, se muestra incapaz de seguir el camino de santidad trazado por Juan Pablo II por la aceptación del sufrimiento?

Como observador, tengo razones para alabar la conducta de uno y otro, coherente, por cierto, con el signo de sus pontificados y sus respectivas personalidades. El gesto de Benedicto XVI es el de un hombre cabal, consciente de sus limitaciones y de sus responsabilidades. El papa dimisionario sabe que su oficio es un  difícil compendio de deberes, algunos, puramente espirituales, otros netamente temporales y que precisan de fuerzas. Él mismo dijo ayer que la Iglesia se gobierna, sin duda, “rezando y sufriendo”, pero no solo. Tampoco me cabe la menor duda de que Juan Pablo II era consciente de lo mismo, pero eso no convierte su empeño en seguir adelante en una terquedad masoquista. Creo que el sufrimiento del papa polaco, y su manifestación pública, tenían un componente magisterial indudable, no eran gratuitos, ni mucho menos, sino testimonio de la forma que Wojtyla tenía de entender el cristianismo.

Se dice, y con razón, que la renuncia de un papa es algo muy excepcional. Tan excepcional que no parece haber más que un precedente genuino de dimisión acreditadamente no forzada, el de Celestino V. Pero no es menos cierto que, por razones obvias, tampoco  ha sido habitual que hombres tan ancianos como los papas del siglo XX y XXI hayan ocupado el trono de San Pedro. Benedicto XVI llegó al solio pontificio en una edad en la que la mayoría busca ya la jubilación –y, por lo visto, él mismo quería eso y no otra cosa- lo que le convertía en candidato natural a la renuncia. También Juan Pablo II llegó a planteársela y, según dicen, incluso Pablo VI antes que él. Ratzinger ya anticipó en su día que era algo que podría considerar.

Por otra parte, dudo mucho que ser papa haya sido nunca fácil, pero Juan Pablo II convirtió el oficio en un verdadero tour de force poco asequible a fuerzas mermadas. Sin dejar de lado todas las demás funciones que les competen, los papas desde Wojtyla están llamados a ser estrellas mediáticas, a darse baños de masas y a recorrer todos los lugares de la tierra. De nuevo, tampoco es algo gratuito, el predecesor de Ratzinger sabía muy bien lo que hacía, porque nada da más fuerza al mensaje papal que la propia presencia del santo padre, en vivo y en directo, por todo el orbe. Nunca fue menos cierto aquello de que la Iglesia la gobiernan sus obispos en comunión con el obispo de Roma. El obispo de Roma está hoy tan presente y es tan accesible al resto de los fieles católicos como a los propios romanos y nunca fue más cierto el texto canónico sobre el carácter ordinario, pleno y e inmediato de la potestad del romano pontífice. El viejo debate sobre el gobierno de la Iglesia parece, pues, zanjado, eso sí, a costa de un sacrificio personal enorme para los llamados, en edad provecta, a suceder a San Pedro y, sobre todo, a Juan Pablo II.

Visto en perspectiva, nuestro panzerkardinal no podía ser menos adecuado. Un hombre de acusado perfil intelectual –hay quien señala hasta como demérito que haya tenido tiempo “para escribir tres libros”- y no parece que nada dado a los baños de multitudes. Uno se pregunta en qué pensaría el Espíritu Santo, aunque siempre puede contestarse eso de que los caminos del Señor son inescrutables.

Ahora empiezan las especulaciones. Al igual que sucedió en los días del cónclave que eligió a Ratzinger se especula si habrá llegado la hora de un pontífice de procedencia verdaderamente “exótica” –latinoamericano, africano, estadounidense…- o, por el contrario, si volverán los italianos. Sabe Dios, y nunca mejor dicho. Lo cierto es que los europeos, que siguen siendo mayoría en el cónclave, estamos a punto de perder un papa muy genuinamente nuestro. Él mismo, al elegir el nombre con el que había de ejercer su ministerio, se puso bajo la advocación de san Benito, el más europeo de todos los santos, y Europa ha estado siempre en el centro de sus preocupaciones.

No sé si en las misas se sigue pidiendo por la Iglesia “extendida por toda la tierra”, supongo que sí, y está bien, porque es cierto que ahora la Iglesia está extendida por el mundo entero. Y parece de buen sentido que los millones y millones de católicos no europeos reciban la atención debida y tengan la representación que les corresponda en el gobierno de la Iglesia. Pero no cabe duda de que en Europa se viven algunas de las tensiones que más preocupan a Benedicto XVI. La Iglesia europea, en cierto sentido, vuelve a ser ecclesia militans. No sé si es exagerado decir, como hay quien dice, que Europa es ahora tierra de misión, pero sí es tierra para preocupaciones doctrinales. Otro papa habrá de resolverlas, venga de donde venga, si no quiere renunciar al mismo solar de la Iglesia de Occidente.

Por lo visto, Ratzinger se retira, ahora sí, a la tranquilidad de un monasterio, a solas con sus libros, a una vida de oración. Ojalá encuentre lo que todos, creyentes y no creyentes, buscamos, creo, para nuestros últimos días: paz y sosiego. Dice que ha tomado su decisión en presencia de Dios, tras examinar repetidas veces su conciencia. Sobre la presencia o ausencia de Dios me faltan elementos para pronunciarme, pero no me cabe la menor duda de que su decisión ha sido meditada. Si el Señor le ha negado las fuerzas, le ha dotado de sobrada inteligencia para darse cuenta.

No lo puedo evitar, me cae simpatiquísimo.

El tránsito de las mentalidades

Ante el espectáculo de ordinariez, falta de honradez, mal gusto e incompetencia de nuestras clases dirigentes políticas y no solo políticas, ante el insulto permanente a la inteligencia en que se ha convertido del debate público en este país cabe darse dos explicaciones. Una, si se quiere paradójicamente, la piadosa, es que el cuerpo político ha sido invadido por una turba de fuerza incontenible, que arrasa con todo, que devasta nuestro tejido institucional con vigor irresistible, como si fuera un cáncer agresivo ante el que solo cabe lamentarse, eso sí, con la conciencia tranquila que da la absoluta impotencia.

Es, ya digo, la explicación piadosa, la que residencia la culpa exclusivamente en “ellos”, en esa casta aparte surgida de no se sabe dónde, llegada de ningún lugar. Pero esa explicación, lo sabemos aunque no nos guste reconocerlo, tiene muy pocos visos de ser la correcta. Ante la menesterosa situación de España no queda sino reconocer, me temo, una culpa colectiva, un fracaso como sociedad.

En primer lugar, tenemos un grave problema de diseño organizativo-institucional que lastra nuestra selección de élites y cuyo nudo gordiano está en los partidos políticos. En parte por construcción desde inicio y en parte por deriva, los partidos se han erigido en las únicas instituciones mediadoras entre las esferas de lo público y lo privado –cabría, si acaso, extender el rol, y el razonamiento, a los sindicatos, pero esto es más dudoso-. Los partidos políticos operan en exclusiva el sistema de generación de liderazgos políticos. Y ni su funcionamiento interno es democrático ni su financiación es transparente.

Los partidos políticos son, hoy, aparatos burocráticos cerrados cuyo funcionamiento es, en buena medida, ajeno al común de los ciudadanos. Merced a esta operación, se ha producido una auténtica privatización de la política. La política es una actividad profesional más, desempeñada por sujetos que, en su ejercicio, solo responden, en realidad, ante los aparatos que monopolizan la contratación y que nunca, a efectos prácticos, han de dar cuentas fuera. Es, además, una actividad profesional que no requiere especiales competencias técnicas porque es un fin en sí misma. El cursus honorem del profesional de la política se recorre por vericuetos completamente ajenos a lo que se entiende por meritocracia en el mundo extrapartidario.

El incidente de Cuba en el que murió Oswaldo Payá nos permitió, por poner un ejemplo, conocer un poco a un destacado dirigente de la organización juvenil del PP. Un personaje que cuenta con un sueldo como asesor de una concejal de distrito en Madrid  -los concejales de distrito, en Madrid, cuentan con asesores y asistentes, por supuesto no funcionarios- y que, supongo, nunca ha desempeñado actividad profesional no mediatizada por el partido ni debía tener pensado hacerlo. No es más que un ejemplo, pero si nos quedamos con el nombre y esperamos unos años, es posible que veamos al ahora joven militante en responsabilidades cada vez mayores, ejecutivas cuando su partido gobierne, de cargo electo cuando no lo haga. Botones de muestra los hay a montones.

Conviene pensar que los políticos de relumbrón, los que salen en televisión, esos que parecen hablar para retrasados mentales cada vez que abren la boca, cuando no serlo ellos mismos, son por lo general lo más granado de la aristocracia partidaria. En asambleas regionales, ayuntamientos y organismos de todo pelaje se agazapa una legión de personajes a los que solo las listas cerradas y bloqueadas permiten contar con un medio de vida. Recuerdo perfectamente que, a raíz del “caso Tamayo”, hace ya unos cuantos años, Telemadrid retransmitió por primera y, que yo recuerde, única vez, en su integridad, las sesiones de la comisión de investigación que se formó en la Asamblea autonómica. El espectáculo de oír hablar a sus señorías resultó tan deprimente como impagable. Es imposible llamarse a engaño.

El proceso es, lógicamente, degenerativo. Alejados de cualquier posible fuente de savia nueva de calidad –porque ser político ha devenido un demérito- en los partidos proliferan los peores elementos. Y proliferarán más en el futuro. La democracia española, en manos de estas organizaciones, corre el riesgo de parecerse, en secuencia, a la casa de Austria. De la inteligencia de Fernando el Católico a la sima de imbecilidad de Carlos II se pasa, ya se sabe, a fuerza de matrimonios entre primos.

Hay fórmulas para que esto pueda parar o, al menos, degenerar más despacio. Las listas abiertas son la más evidente, pero no la única. Es necesario reconstruir todo un sistema de checks and balances que, durante estos años, los partidos mayoritarios se han aplicado a desmontar. Debe reformarse con urgencia la financiación de los partidos y es imprescindible reintroducir los controles en la actividad administrativa, los económicos y, sobre todo, los de selección. Es necesario, en suma, que el país cuente con una descentralización efectiva del poder, que exista España más allá de los partidos mayoritarios.

Empero, además de que es ilusorio pensar que alguien promoverá de grado reformas que le dejen sin trabajo, de poco servirán los cambios si no se opera, de verdad, una transición de valores en el seno de la sociedad española. Sabemos, aunque queramos negárnoslo, que lo que vemos en el espejo de esa clase dirigente no es más que nuestra propia imagen, deformada como si pasáramos por el callejón del Gato. Es verdad que los partidos políticos no cumplen su función porque no atraen a los mejores de entre nosotros para convertirlos en élites políticas, pero no es menos cierto que no buscan tropa en lugares lejanos.

Se dirá, y es cierto, que una de las funciones de las élites es tirar de la media hacia arriba. La carencia de élites dotadas conduce, por tanto, al estancamiento y, por extensión, a la ausencia de élites a futuro. La sociedad española carece de valores cívicos porque nadie le ha enseñado, jamás, a tenerlos. Porque nunca se ha visto expuesta a una verdadera pedagogía de las libertades. Antes al contrario, en buena medida, los años de la democracia restaurada han servido para profundizar en algunos de los antivalores más dañinos. El paradigma del ciudadano-cliente, la glorificación de la mediocridad y la ausencia absoluta de referencias a una ética de la responsabilidad en el discurso público han arraigado en una sociedad que no completó nunca ciertos tránsitos.

En la terminología tan de moda de Acemoglu y Robinson, en España, el arraigo de las instituciones inclusivas puede no haber entrado en el círculo virtuoso, en el punto de irreversibilidad que obliga a resolver cada crisis mediante un paso más hacia un ámbito más inclusivo aún. El sistema nunca terminará de funcionar del todo sin el cambio de valores. Podemos mejorar, mucho, nuestro diseño institucional y nuestro sistema de selección de élites. Pero nunca dejaremos de ser el país dual que somos si seguimos pretendiendo construir una democracia sin demócratas, una polis sin ciudadanos.

Es lugar común la referencia a que los políticos –o los altos cargos de cualquier clase- españoles son incapaces de renunciar cuando se cuestiona su idoneidad incluso con fundamento, en vivo contraste con sus homólogos de otros países que abandonan sus puestos por cosas que aquí se consideran irrelevantes –a título de ejemplo, en el país de la mediocridad rampante está mal visto que quien sea doctor blasone de ellos, así que poco puede importar si el doctorado se obtiene copiando-. El diferente mecanismo mental obedece a un trasfondo cultural evidente. Mientras que el político español parte de la idea de que todo el mundo obraría como él si tuviera ocasión –y, por tanto, el repudio social es, más bien, un reproche envidioso- el político, digamos alemán, es plenamente consciente de haber transgredido una regla social asumida y, por tanto, su conciencia es percibida, y no solo proclamada, como inadmisible.

Esa diferencia abre un abismo. Y ese abismo reside en nosotros y nuestra mentalidad.

Una propuesta que merecería consideración

El Foro de la Sociedad Civil se ha pronunciado a favor de un estado unitario, es decir, un estado con un solo gobierno, una sola administración supralocal y una sola sede parlamentaria elegida, además, por sistema mayoritario en trescientas circunscripciones uninominales.

La propuesta requeriría su análisis. El Foro dice que coincide con las preferencias de, aproximadamente, un veinticinco por ciento de los españoles. En sí es una más de las propuestas que hay sobre la mesa para la reforma del estado, tan digna como cualquier profundización en el régimen vigente o como las alternativas federalizantes. Y, sin embargo, suena extravagante, ¿por qué? No por minoritaria, desde luego. Al fin y al cabo, dando por bueno el número que dicen, los partidarios de la propuesta serían más, bastantes más que quienes están por modelos confederales, que a nadie le suenan raros y por los que aboga, por ejemplo, Unió.

No, la propuesta suena como no de este mundo porque parece ir contra las mismas esencias patrias en su versión contemporánea. Por supuesto, casi nadie en España niega que la estructura territorial del estado sea una materia disponible en cada momento para los españoles vivos; muy al contrario, hay quien se permite cuestionarla, incluso, a la sola iniciativa de una parte de los españoles, y, de hecho, nuestra constitución material vive en una constante mutación. Pero cambios y desplazamientos parecen pensables en un solo sentido. La gente sensata piensa que “nación” es un concepto discutido y discutible –lo insensato es afirmarlo en según qué según qué personas, por cierto- y, por tanto, que una nación, incluso aunque lo sea desde algún punto de vista, porque si no lo es ya huelgan ulteriores argumentos, puede tener distintas expresiones político-organizativas a lo largo del tiempo, e incluso no tener absolutamente ninguna. Pero esto, que es muy sensato, insisto, parece predicable en España, única y exclusivamente del conjunto, es decir, es la nación española la que puede tener, o no, esta o aquella encarnadura jurídica. Los componentes, por el contario, serían esenciales, no son contingentes y, por supuesto, son indisponibles.

Lo antiesencial de la propuesta solo resulta patente si se concibe que España es, antes que nada, un agregado de territorios. Desde esta perspectiva, claro, sí existen elementos intangibles en la organización territorial, lo que no resulta nada evidente para quienes concebimos el país como una agregación de ciudadanos. Un vasco francés no es un ápice menos vasco que un vasco español porque el primero viva en una república estrictamente unitaria y el segundo en un ente cuasisoberano de un estado compuesto de hecho. Es solo la costumbre lo que ha hecho implanteable en España la pregunta de por qué las diferencias entre un vasco y un canario –las que sean- han de tener alguna traducción jurídico-política concreta.

Por supuesto, hay quien piensa declaradamente así. Pero también hay quien ha aprendido a aceptar que las cosas no pueden ser de otra manera, sin cuestionárselas demasiado. Por algún mecanismo mental, Castilla-La Mancha o la Rioja han devenido tan naturales como el pico del Moncayo. Algo que forma inherentemente parte de la geografía española, al menos mientras la erosión no lo remedie.

Y, sin embargo, lo natural debería ser, precisamente, que cuando un artificio determinado –las autonomías lo son- no cumple el fin para el que fue diseñado o lo cumple a coste desmedido, se planteara, más que su reforma, su sustitución. Es verdad que hay propuestas de carácter recentralizador, pero esas propuestas se desenvuelven más bien en un plano que podríamos calificar de técnico: se trata de redistribuir competencias y, por tanto, de enmendar el funcionamiento del estado autonómico, pero no de reemplazarlo por otra cosa distinta.

No está escrito que, estudiada, debatida y promocionada, la propuesta no suscitara adhesiones. Siquiera en aquellas regiones cuyas aspiraciones de autogobierno no han existido o son, realmente, inducidas. Hay quien ha propuesto que España se reconstituya en cinco comunidades autónomas (las tres históricas más Andalucía y el resto), reduciendo las administraciones correspondientes. Pero bien podría ser que, a la italiana, la generalidad del país se gobernara por las instancias centrales, existan o no regiones de estatuto especial.

La realidad es que las propuestas del Foro difícilmente ganarán audiencia porque ningún partido político las asume. De nuevo, esto podría entenderse como una prueba de la extravagancia del planteamiento, pero cabe sospechar que es, más bien, una prueba de la incapacidad del sistema de partidos para dar cauce a ciertos planteamientos. No es difícil maliciarse qué podrían pensar los órganos de dirección de los partidos mayoritarios si alguien les pone sobre la mesa una propuesta realista… para eliminar un porcentaje altísimo de los cargos existentes.

No, no es ninguna locura. Hoy en día, un estado unitario respetuoso con el principio de subsidiariedad no tiene por qué ser mastodóntico y, desde luego, puede demostrarse mucho más eficiente que un estado descentralizado. La “cercanía al ciudadano”, además de ser cuestión de ayuntamientos, ha demostrado ser un nido de corrupción, porque la sociedad civil, en los ámbitos local y regional ha demostrado estar incluso más inerme que a un nivel –el estatal- en el que, al menos, confluyen intereses suficientes como para que puedan estar enfrentados.

La propuesta es muy seria. Merecería consideración. Al menos, ya digo, por parte de los que creemos que ninguna organización jurídico-política está escrita en el testamento de Adán… Las regionales tampoco.