UNA PETICIÓN DE PRINCIPIO

A lo largo de esta semana se han publicado algunos artículos interesantes sobre la cuestión catalana, en particular, uno de Elisa de la Nuez y Javier Gomá (colaboradores habituales del excelente blog “Hay Derecho”) en el diario El Mundo (aquí), muy en la línea del que glosaba yo hace unos días, del propio Gomá en el citado blog, por cierto, en interesante polémica con Luis Garicano (mi propio artículo y el vínculo a los de Gomá y Garicano, aquí). También otro, del que no dispongo de copia electrónica, de Borja de Riquer en La Vanguardia del día 30 de octubre. Es este el que me interesa comentar hoy. Riquer recupera una tesis que no es novedosa, pero está bien traída y que él expone muy bien. En síntesis, y espero no traicionar al autor: el nacionalismo español tiende a interpretar la crisis territorial como una crisis de estado, e incluso está dispuesto a admitir, en ocasiones, que España es un estado fracasado o, por lo menos, un estado no tan exitoso como sus modelos –señaladamente, Francia, nuestro modelo por excelencia desde principios del siglo XVIII-, pero soslaya que, en realidad, el fracaso de España lo es como nación, cosa que no pugna sino más bien conlleva el fracaso del estado –al menos cuando la construcción de este parte del presupuesto (erróneo, al parecer) de que la nación existe- pero es algo distinto, probablemente más profundo y tanto vale decir que más grave. Solo desde el reconocimiento de esta realidad, quiero entender a Riquer, tendrá solución el problema territorial, si es que alguna vez tiene alguna.

La tesis de Riquer, ya digo, no es nueva y es, desde luego, intelectualmente atractiva. Vaya por delante que el concepto de nación es suficientemente equívoco como para que resulte muy difícil operar cabalmente con él –aquel que dijo que era un concepto “discutido y discutible” tenía tanta razón como escaso sentido de la oportunidad y el contexto- o, dicho de otro modo, permite sostener tesis aparentemente contradictorias, bastando a ello definiciones distintas. Cuando Riquer dice que España ha fracasado como nación, ¿a qué se refiere? Probablemente a que la idea de España no ha logrado concitar en torno a sí apegos sentimentales del tipo de los que sí despiertan las nociones de Francia, Alemania o, por lo visto –y de lo que se trata- Cataluña, por poner solo unos cuantos ejemplos. No se trata, imagino, de que una nación tenga que ser culturalmente homogénea. Suiza o la propia Alemania no lo son –tampoco lo es Italia- y nadie discute –quizá sí en el caso de Italia- que sus historias como naciones son historias de éxito.

España, según ciertas tesis, se asimilaría más a Bélgica o Yugoslavia. Sería un mero agregado, un estado y nada más. No hay españoles sino de pasaporte como nunca hubo casi ningún yugoslavo y es cuestionable que siga habiendo belgas. No se contempla la posibilidad de que los españoles sean como los suizos, en versión más pobre.

Hay que aceptar, por evidente, que, en efecto, España no está tan perfectamente acabada, desde cierto punto de vista, como puedan estarlo otras naciones de nuestro entorno. Pero no, esto no es Yugoslavia, creo, e intentaré explicar por qué.

España no es una mera construcción artificial porque, en su caso, el fracaso de la idea de nación ha sido parcial. Hay multitud de españoles que no conocen más nación que España o que, sin perjuicio de sus particularidades, viven su condición de españoles como no problemática y, desde luego, entienden que esa es una condición nacional. Eso es así no solo en la España puramente castellana o en la España central, sino también en múltiples zonas y regiones ajenas al núcleo de la castellanidad, incluidas, por supuesto, el País Vasco y Cataluña. En el caso particular de Cataluña hay, es innegable, amplias capas de población que no reconocen más condición nacional que la catalana, pero también sigue habiendo grupos muy numerosos de personas que, o bien se reconocen puramente españoles, o bien viven su españolidad, de modo no problemático, como corolario de su catalanidad (inciso: el problema del nacionalismo para aceptar la propia complejidad interna de sus territorios es también proverbial, pero esto es otro asunto). España es un país plural, sí, pero no al modo de Suiza.

Por tanto, incluso admitiendo que la idea nacional española ha sufrido avatares muy notables y padecimientos –especialmente durante el siglo XX- con pocos paralelismos en otros lugares de Europa, afirmar que España es una nación fracasada o que España no ha sido capaz de crear españoles es ir, quizá, demasiado lejos. Sigue siendo más ajustado decir que existen sectores de  la población –que incluso pueden ser mayoritarios en sus respectivas regiones, concentrados, de hecho, en el País Vasco y en Cataluña- que, efectivamente, no reconocen en España más que un estado. Dicho de otro modo, una cosa es reconocer que los nacionalismos periféricos existen y ocupan un espacio político significativo –lo cual tendrá las consecuencias que haya de tener y se puede, desde cierto punto de vista, interpretar como un fracaso parcial del proceso de nacionalización- y otra bien diferente decretar la inexistencia de España como nación y su pleno fracaso histórico.

Mi segunda objeción a la tesis de Riquer tiene que ver con su carácter antihistórico. Apoyándose en ilustres pensadores, incluido Ortega –que hablaba mucho, ya se sabe- Riquer sostiene que no es que España no sea una nación sino que no ha llegado a serlo, esto es, que no lo ha sido nunca o que ha sido permanentemente una nación in fieri. Y esto es muy cuestionable. Si lo que se quiere decir es que el problema catalán y vasco existen desde hace mucho tiempo, parece necesario concordar, si bien tampoco es del todo ajustado decir que han estado ahí “siempre” y siempre con la misma virulencia. La tesis de Riquer, ahora, no solo no suena extraña, sino que no será difícil, ya digo, que suscite simpatías –en Cataluña y fuera-; es probable que haya muchos españoles que, enfrentados con la cuestión de si la suya es una nación, alberguen dudas intelectuales honestas. La misma tesis, en 1980, hubiera sido probablemente descartada de plano o, por lo menos, hubiera sido tenida por exótica. Con los apellidos que se quiera, la idea de España como nación no hubiera sido, en esa época, tenida por problemática en la medida que lo es hoy.

Y es que, y he ahí base de mi segunda objeción a la tesis de Riquer, es posible que España adoleciera de un endeble proceso de construcción nacional, pero es incuestionable que, como pocos países Europeos, vive un proceso de patente des-nacionalización, al menos en algunas de sus regiones, e incluso puede decirse que en todas, por la vía de la absoluta pasividad. No me atrevo a afirmar que una nacionalidad deba construirse, lo que es cierto es que en España no se construye, al menos por lo que hace a la nación española, sí ciertamente en lo que toca a los nacionalismos periféricos. Por razones que tienen que ver con el proceso de descentralización, pero no solo con este –tienen tanto, o más, que ver con los traumas patrios y, muy especialmente, con el rol de la izquierda en la pedagogía política- España no se halla, en cuanto a su construcción nacional, en su estado más pleno, sino que ha desandado camino. Por la vía, ya digo, del ataque y la falta de defensa.

Es difícil hablar de fracaso en la consecución de lo que no se busca. La ausencia de una realidad nacional española no es, como Riquer parece querer sugerir, un hecho histórico patente, del que solo cabe tomar razón, sino una tesis polémica, interesada y conscientemente introducida en el debate por los nacionalismos periféricos que, como es obvio, no se comportan respecto a ella como observadores neutrales. No, no estamos ante un hecho incontrovertible y admitido por nuestras mejores cabezas, sino ante una verdadera petición de principio.

MIENTRAS ESPERAMOS NUEVAS ÉLITES

Este fin de semana, en parte al socaire de la fiesta nacional, ha sido pródigo en reflexiones “en tono noventayochista o del catorce”. Reflexiones un punto desesperadas o, cuanto menos, un punto pesimistas acerca de este país y su destino inmediato. Y, ciertamente, el momento no invita al optimismo. Contra el panorama de fondo que forman la amenaza de recesión que viene de Europa y el sempiterno problema catalán se juntan la crisis del ébola –la propia desdicha de que el virus anide entre nosotros y, cómo no, la consabida exhibición de mal gusto de nuestra infame clase política- y la mierda que rebosa del pozo sin fondo de las cajas de ahorros. Hay autores que nos aperciben de que el pesimismo no es buena receta para nada y que caer en la desesperación no conduce a ningún sitio. Hay quien nos recuerda que este país puede ser como Dinamarca, si queremos. Es posible, pero hoy por hoy se aprecia una notoria carestía de daneses por estos andurriales. Y fabricar daneses lleva años. Todos estamos razonablemente de acuerdo en que el cambio que este país necesita solo puede operarse a través de una reforma profunda de la educación –la educación en sentido lato, no meramente la política escolar, que también- y un cambio de valores y prioridades. El problema es que a nadie se le oculta que esas cosas llevan años.

¿Cómo solucionar en un plazo relativamente corto nuestro problema más acuciante que es el de la falta de élites? La respuesta, claro, es de ninguna manera. Este país no puede generar de la noche a la mañana la aristocracia ciudadana y de mérito que le viene faltando desde que gobernaban los Austrias mayores. No podemos, de un día para otro, recuperar los años perdidos. Es probable que algo mejore con el cambio generacional –con el propio aire de novedad- pero tampoco es conveniente hacerse demasiadas ilusiones. Una cosa es que las nuevas generaciones estén técnicamente mejor preparadas para muchas cosas y otra bien diferente que hayan, que hayamos, asumido enteramente otros paradigmas.

Cabe, eso sí, algún paliativo. Algo se puede hacer para limitar el deterioro institucional, si se quiere. Ciertamente, las técnicas organizativas no pueden suplir enteramente las carencias de un sustrato de valores, como ha quedado bien acreditado en estos años en los que la importación de patrones foráneos, como la proliferación de administraciones presuntamente independientes, ha resultado inútil, pero algo pueden ayudar. El nudo gordiano de la crisis institucional española se encuentra en los partidos políticos y ello por dos motivos: porque su propia organización interna es defectuosa y porque ocupan mucho más espacio del que les corresponde. En ambos aspectos se puede progresar significativamente.

Las líneas que habría de seguir una reforma del sistema de partidos ya han sido expuestas reiteradamente. Es necesario democratizar su funcionamiento, por una parte y hacer transparente su financiación, por otra. “Democratizar” los partidos no equivale necesariamente a hacer obligatorias las elecciones primarias para proveer los principales cargos –tampoco aquí democracia equivale a votar, lisa y llanamente- sino a que, realmente, las estructuras sean permeables, hacia dentro y hacia fuera. Existan o no elecciones primarias, no parece razonable, por ejemplo, que se pueda imponer a la presentación de candidaturas a los cargos orgánicos el requisito de obtener un número de avales o apoyos previos inasequible a quien no controla los propios recursos organizativos. Entre el asamblearismo y la organización cerrada al más puro estilo del partido comunista soviético existe una amplia gama de grises. En la cuestión financiera tampoco hay demasiado lugar a equívocos: admisibilidad de distintas fuentes –con predominio de las privadas en detrimento progresivo de las públicas, que solo deberían cubrir mínimos-, riguroso control –probablemente a cargo de un órgano distinto del inútil Tribunal de Cuentas actual, quizá incardinado en el poder judicial- y, por supuesto, severísimas sanciones a la transgresión.

Más importante, empero, es lo segundo: toda vez que es un poco infantil esperar milagros de unas organizaciones que, como todas, tienden a expandirse y perpetuarse, lo inteligente es disminuir el volumen de influencia de los partidos en la vida española. Por una serie de razones, en parte imputables a ellos mismos y en parte imputables a la bisoñez de una sociedad poco hecha a la vida en democracia, los partidos políticos en España han pasado con mucho la frontera en su función de mediadores entre sociedad y estado para devenir estado tout court. El estado es, hoy, un estado de partidos, una suerte de estado corporativo. No hay tal íter estado-partidos-sociedad, puesto que los dos primeros términos son, de hecho, uno. Y esto, incluso en el seno de una sociedad que propende poco al asociacionismo y, en general, carece de un sistema sólido de generación de élites como la española es mejorable.

En primera instancia, por supuesto, mediante la reforma del sistema electoral. Por supuesto que no cabe esperar, tampoco, milagros de esto. Con toda probabilidad, los mismos partidos que hoy señorean el sistema de listas cerradas y bloqueadas por provincias dominarían ampliamente cualquier otro, sencillamente por la falta de alternativas. Pero un sistema de distritos uninominales –por tanto, mayoritario por naturaleza- cabalmente definido ofrece un hueco para los “errores”, para que se cuelen propuestas alternativas y, sobre todo, para romper el mandato imperativo: el diputado deberá siempre responder ante sus electores, que no serán muchos. Una campaña ceñida a un pequeño distrito –a un conjunto de pueblos en una provincia rural o incluso a  menos que un barrio en Madrid o Barcelona- ofrece cierta igualdad de armas. Por supuesto que, fuera del control de los partidos políticos tradicionales, anidan también el populismo y la irracionalidad –que no son desconocidos dentro de estos- pero merece la pena correr el riesgo. ¿Cuántos ciudadanos respetables y con ganas de trabajar por el común presentarían sus candidaturas a través de un sistema que no exigiera pasar por las horcas caudinas del sistema de partidos? No sé, quizá no muchos, pero se podría ver.

En segundo lugar, es preciso reforzar la división de poderes en sentido amplio. El actual Consejo General del Poder Judicial debería ser eliminado de la faz de la tierra por irreformable y sustituido por un órgano con capacidades limitadas: los jueces no deben ser gobernados sino administrados. Los órganos directivos de las administraciones independientes de cariz técnico, suponiendo que deban existir y ser algo más que simples departamentos desconcentrados –algo no probado en la mayoría de los casos, dado que no proveen, la mayoría de las veces, ninguna ventaja apreciable respecto a estructuras más tradicionales- deben proveerse a través de sistemas de filtrado de candidatos,  de modo que la elección de los órganos políticos se limite a lo ya aceptable. Eso incluye, por supuesto, a los tribunales Constitucional y de Cuentas.

Y, en fin, es necesario, sencillamente, reducir el ámbito de lo político entendido como sinónimo de lo “público”. El sector público debe reducir sustancialmente su tamaño y debe devolverse, por tanto, a la sociedad y al mercado la capacidad de decisión sobre un gran número de materias hoy intervenidas. No podemos, quizá, asegurar el buen funcionamiento de partidos y administraciones, pero sí podemos disminuir el ámbito de lo que se somete a su control.

La pregunta vuelve a ser, claro, quién le pone el cascabel al gato. Perdida la ocasión de la gran crisis –las crisis son también oportunidades- va a ser muy difícil que la iniciativa surja del propio Leviatán. Pero no nos engañemos, esto sí podría hacerse y hacerse rápido… mientras esperamos el advenimiento de esas élites sanamente patriotas, cultas y formadas, dispuestas a cambiar este país de una vez y para siempre.

CAJAMADRID Y EL CALLEJÓN DEL GATO

El escándalo de las tarjetas de Cajamadrid, con todo lo que tiene de soez, de bajuno, de cutre, me ha llevado a pensar, miren ustedes, en el Retrato de Dorian Gray. Ya se sabe, Dorian Gray, joven y apuesto, se daba a la vida muelle, sin freno moral alguno, en la confianza de que un retrato que tenía en un desván reflejaba los estragos que, en su persona, debería haber causado tanta inmundicia. Cuando, al cabo de los años, descubre el retrato, la visión solo puede inspirar asco. A la sociedad española puede haberle ocurrido algo parecido. La exhibición de impudicia y la explosión de incompetencia del desastre de las cajas de ahorros han sido algo así como abrir el desván para destapar el retrato que reflejaba los vicios de una sociedad que, anestesiada por el bienestar endeble, adicta a la droga de la deuda y la inflación de activos se comportó como un Dorian Gray colectivo. El retrato siempre estuvo ahí, pero no lo mirábamos. Viéndolo ahora, produce repugnancia.

Sí, esos directivos incompetentes, trincones, horteras son nuestra imagen devuelta por un espejo de los del Callejón del Gato. Son el producto de una sociedad carente de valores cívicos elementales, que desdeña el mérito como fundamento del éxito, una sociedad de nuevos ricos que, al cabo, mide ese éxito casi exclusivamente en dinero. Una sociedad que, a fuerza de odiar el concepto de élite y pervertirlo, termina gobernada por sus heces. Según dicen, había hasta ochenta y seis ejecutivos y altos cargos agraciados con las dichosas tarjetitas, de diversos credos y obediencias políticas y sindicales, de diversa formación y ocupación… y solo tres dejaron de hacer uso de la prebenda, en la más que razonable convicción de que ahí debía haber gato encerrado. ¿No es eso un maravilloso retrato de la sociedad española? Tres, solo tres personas de más de ochenta se comportaron conforme prescribe una ética de la responsabilidad. Y es probable que fueran tenidos por los tontos del grupo. Curiosa unanimidad, ¿verdad? Ya digo, sin distinción de ideologías.

Hagan la prueba: repartan tarjetas al azar por la calle, entre sus amigos y conocidos. No se limiten a gente presumiblemente ignorante, si quieren. Repártanlas entre quienes, a su juicio, tengan perfecto entendimiento de qué es eso, de qué se trata y de qué impactos fiscales tiene o debería tener –así se aproximarán, sobre poco más o menos, a la composición del consejo de Cajamadrid que, además de varios economistas de relumbrón, albergaba especialistas en fiscalidad, incluido algún secretario de Estado de Hacienda-. Y díganles a los agraciados que, además de gratuita, la cosa es opaca, que disfrutan de impunidad absoluta. Y, sobre todo, no lo olviden, por si alguno les pone algún reparo moral –que hay gente rarita- subrayen que “todo el mundo lo hace”, hagan que quien ande con remilgos, quien siga percibiendo que la ley tiene un valor en sí, quien se quede incómodo porque, en el fondo, crea que estas cosas son siempre pan para hoy y hambre para mañana se sienta un estulto de marca mayor, profundamente gilipollas, el hazmerreír de sus amigos. ¿Cuánta gente se resistiría? Si salen tres de cada ochenta, ya vamos bien. 

Pensarán ustedes que es así aquí y en todas partes. Que, al fin y al cabo, si se está en la confianza de que no habrá castigo, acaban tirando de la tarjeta españoles y noruegos. No sé, igual sí. Pero casualmente pasa aquí. Y es que, en efecto, parece Jauja. Somos incapaces de pensar en los tremendos costes que este free lunch aparente lleva consigo. Tendemos a pensar que un país es corrupto cuando mucha gente mete la mano en la caja, tendemos a pensar en la corrupción en su dimensión, llamémosle, criminal; pero la cara más preocupante de la corrupción es la institucional. Un país es corrupto cuando en ese país las cosas no suceden conforme a las reglas establecidas sino a otras diferentes, oficiosas, no escritas pero igualmente conocidas de todos. Un país es corrupto cuando la primera pregunta ante un empeño cualquiera es “aquí con quién hay que hablar”. Es decir, cuando se parte de que las cosas no son como el manual dicen que son. Un país es corrupto cuando proliferan los sobreentendidos, como, por ejemplo, que la retribución de un consejero en un consejo mollar no se limita a las dietas ni a otros conceptos que conoce el accionista. Un país es corrupto cuando “listo” e “inteligente” no son sinónimos. Alguien –Norberto Bobbio, quizá, me falla la memoria- dijo alguna vez que la democracia es el régimen político en el que el ámbito de lo secreto se reduce al mínimo. También podríamos definirlo como el régimen político en el que, en mayor medida, las cosas ocurren de modo previsible conforme a pautas aprobadas públicamente. Es otro modo de decir que la democracia es, más que otros regímenes, transparente. Y cuanto más transparente es una democracia, más calidad tiene.

Resulta absurdo, para la mayoría, aceptar un estado de corrupción solo por la expectativa de que algún día nos beneficiaremos de una pequeña corruptela. El placer de sentirnos por un rato más listos que los demás, de pertenecer por un momento al grupo de “los enterados”, los que “saben”, los que entienden cómo hay que hacer las cosas “de verdad” oculta la trágica verdad de que la mayor parte del tiempo la inmensa mayoría estaremos siempre en el campo de los que pierden. El pequeño y malévolo placer de aparcar en doble fila, de ser tú el que dice eso de “son cinco minutos” oculta que, estadísticamente, tienes muchas más probabilidades de ser el que se quede encerrado.

 La impúdica exhibición que vivimos estos días debería poner de manifiesto que no, que no hemos sido “listos”. Antes al contrario, somos un pueblo muy estúpido. Un pueblo tan estúpido que acepta el deterioro profundo de sus instituciones, una realidad cierta, a cambio de ¿qué? ¿De colarnos algún día en una fila?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMMONWEALTH IBÉRICA, DESPUÉS.

Dos de nuestras mejores cabezas actualizan un viejo debate. Al modo de Ortega y Azaña –decidan ustedes cuál es cuál- Luis Garicano (aquí) y Javier Gomá (aquí) debaten sobre el sempiterno tema de Cataluña. Nadie discute que la respuesta de Rajoy al desafío de Mas y compañía ha sido la única posible. El presidente tenía poca elección, porque las leyes, en tanto no sean cambiadas, han de ser cumplidas. Pero hay un día después y ese día, como el dinosaurio de Monterroso, como siempre, Cataluña sigue ahí. Donde siempre estuvo, claro.

A partir de aquí es donde Garicano y Gomá comienzan a discrepar. El primero está por intentar buscar el famoso “encaje”, por dar los pasos que hagan a Cataluña y a los catalanes más cómoda la vida en España. Algo que pasa, supongo y si entiendo bien al profesor de la LSE, por profundizar en el autogobierno y, en buena medida, por una profundización en el reconocimiento simbólico, por modificar el estatus de Cataluña, su cultura, su lengua y sus instituciones. En fin, lean a Garicano que siempre merece la pena y el resumen no le hará justicia. Gomá disiente. No porque mantenga posturas esencialistas o porque crea que las propuestas de Garicano sean indeseables en sí –leamos también a Gomá, por supuesto- sino porque se barrunta que lo que, en suma, sería una profundización en la descentralización del estado, ya hasta extremos que amenazan su integridad y su utilidad, una vez más, no resolvería el problema sino que, simplemente, nos abocaría a un episodio más de un proceso que venimos viviendo desde la Transición. Cataluña no alcanzaría su independencia de derecho –dependiendo del carácter más o menos confederal del estado que diseñáramos, incluso podría alcanzarla de hecho o casi, al modo del País Vasco- en este envite pero sí en el siguiente. Gomá se plantea, con buen criterio que si Cataluña ha de ser independiente, igual es mejor que zanjemos el debate ahora.

Creo que convengo con Gomá y, muy modestamente, creo que así lo expuse (aquí) hace ya más de un año. Por supuesto que no me apetece nada ver roto este país ni creo que, al menos a corto plazo, esa ruptura sea un buen negocio para nadie. La independencia de Cataluña, de ser, será un trauma descomunal. Pero no es el peor de los escenarios posibles, al menos para quienes no mantenemos una concepción esencialista de la unidad de España como estado. Dos palabras de explicación: creo firmemente que España es una nación y creo que eso no contradice que, en su seno, puedan existir grupos humanos que se conciban a sí mismos también como naciones –yo mismo tampoco tendría problema en admitir, más bien todo lo contrario, que Cataluña cuenta con atributos de nación y en absoluto me parece polémico concederle ese calificativo-; no lo contradice, y tampoco descubro nada, porque en términos políticos y culturales el concepto “nación” carece de la univocidad que tiene en el campo del Derecho (constitucionalmente no hay más nación que el constituyente, la nación es sinónimo del pueblo soberano). Pero no creo, como hacen los nacionalistas, en la relación de necesidad que liga nación a estado. Por tanto, estoy perfectamente dispuesto a admitir que la nación española podrá dotarse en cada momento de distintos instrumentos jurídico-políticos para organizarse. “España” deberá ser, en cada momento, la estructura que mejor sirva a los españoles porque no tiene otra razón de ser.

Durante los últimos quinientos años, los españoles –a ratos, los ibéricos- hemos contado con una estructura unitaria. Y, con sus luces y sus sombras, esa estructura jamás ha funcionado tan bien, en términos absolutos en comparación histórica, como lo hace ahora. Ello no es incompatible con que el estado español necesite una profunda reforma, algo que es indudable, y esa reforma, con toda probabilidad, no pasa por una mayor descentralización o, al menos, no de una descentralización como se ha venido practicando aquí durante treinta años. Es verdad que recentralizar y racionalizar no son sinónimos. Hay estados descentralizados eficientes y hay estados unitarios mastodónticos e ineficaces. Al menos, deberíamos poder debatirlo. Y la cuestión catalana condiciona fuertemente ese debate, impele una necesidad que prejuzga la solución: solo hay una salida, que es, parece hacia un mayor relajamiento de los vínculos. La solución catalana puede no ser solución para los demás. Y entonces es posible que la mejor solución sea ninguna solución, sino cambiar definitivamente el esquema. Si Cataluña y el resto de España discrepan radicalmente en cuanto a cómo organizar el estado común, sí, puede que lo mejor sea que no exista ese estado común. Al día siguiente, no hay cuidado, tan españoles seguiremos siendo unos como otros (habrá quien quiera ver en esto un estigma, dejémoslo en aviso a navegantes).

Dejando de lado el escenario quizá más probable, que es la inacción o el dejar que las cosas sigan su curso a golpe de encuesta y recurso, como es propio de este gobierno de contables y abogados (del Estado, por más seña), si Rajoy ofrece algo el día después –que es hoy- ese algo, de forma más o menos rácana, seguirá, probablemente, la vía de Garicano: una profundización en el autogobierno de Cataluña sin nada a cambio excepto, claro, el aparcamiento, que veremos si es posible, no de la reivindicación, sino de su ostentación permanente. Está por ver si con pasos en el orden simbólico o no. Lo más probable, pues, es que vivamos una reedición del esquema de transacción tantas veces vivido. Los esencialistas deberían mirar estas cosas con preocupación porque la independencia de Cataluña, tan temida, no se evita, solo se aplaza.

La única transacción posible es aquella que pueda parar el proceso de erosión continua de los vínculos entre los catalanes y el resto de los españoles –como caso más grave de la erosión de los vínculos de los españoles entre sí, en general-. Lo único que asegurará la permanencia de Cataluña en España es que se detenga el proceso de belgización de nuestro país, que se detenga el proceso de reducción del carácter nacional español a un elemento superfluo. Entiéndaseme bien, no estoy abogando por vueltas a épocas pretéritas ni por la formación de ninguna clase de espíritu nacional –y cuando digo ninguno es ninguno-, sino porque la españolidad de los catalanes mantenga un mínimo carácter sustantivo que está perdiendo a marchas forzadas. “Españolidad” no es, o no debe ser, sinónimo de castellanidad, por supuesto. A menudo los catalanes dicen que nada tienen ni contra España ni contra los españoles, y es cierto, por supuesto, al menos en la mayor parte de los casos. Y que viven su condición de españoles con normalidad. Esto es menos cierto, probablemente, porque esa condición se está reduciendo a la irrelevancia. El plano simbólico se erige en esencial.

Una reforma constitucional –el único proceso que puede dar traducción jurídica a lo que venimos comentando en el plano político- es volver a barajar. Si hemos de reformar la constitución, será porque el consenso que sustentaba el viejo texto ha variado. ¿Hemos de abordar la cuestión de cómo encaja Cataluña en España para los próximos años o, más en general, podemos abordar la cuestión de la España que queremos todos? ¿Desde qué parámetros se ha de abordar esa reforma? Más concretamente, ¿qué concesiones está dispuesta a hacer Cataluña? Si la respuesta es ninguna o solo, precisamente, aceptar la existencia de España, es mejor que pasemos directamente a otra cosa, porque eso empieza a parecerse maliciosamente a aquellos planes árabes de paz que, a cambio de concesiones por parte israelí, ofrecían el reconocimiento del estado de Israel –es decir, como colofón de la negociación se ofrecía, nada más y nada menos, reconocer que la otra parte existía-. Aparte de un límite necesario –que el estado resultante sea viable y financiable- existe un límite simbólico: el estado no puede, no debe reducirse a la irrelevancia. ¿Está Cataluña dispuesta a ello? La belgización no es una solución, sino una ficción de solución. Bélgica existe porque existe Bruselas, pero no hay aquí ninguna Bruselas que justifique un absurdo semejante.

El coste de la permanencia de Cataluña en España no puede ser ni la inviabilización de España como estado ni si desaparición fáctica o su reducción a un trampantojo, que elegantemente podemos llamar confederal. Simplemente, porque es absurdo. Y si Cataluña ha de ser independiente, que lo sea. Y si ha de haber una commonwealth ibérica ya lo hablaremos luego.

NO, ESCOCIA NO ES UN EJEMPLO

El triunfo del “no” en Escocia ha salvado a David Cameron, probablemente, de pasar a la historia como el más torpe de los primeros ministros del Reino Unido. “Torpe” en realidad, es de lo más leve que se ha oído sobre él en estos días. Hay quien también lo ha motejado de “irresponsable”, “nefasto” y un largo etcétera de lindezas. Ha salvado los muebles, si por salvar los muebles entendemos que el Reino Unido seguirá siendo, al menos en el ámbito del Derecho internacional y por un tiempo, el mismo estado que nos enseñaron en la EGB, pero incluso habiendo evitado in extremis el peor de los resultados –según cierto punto de vista, claro- no va a poder eludir entrar en el jardín de una reforma constitucional sin precedentes: deberá hacer honor a su promesa de dar más poderes a Escocia, sin duda, pero ello llevará consigo, probablemente, la necesidad de acometer una descentralización de mayor alcance, incluyendo, por cierto, a la propia Inglaterra. Y no es que esto sea bueno o malo en sí, sino que nadie se lo pedía, según algunos. Él solito se ha metido en el charco. De ahí lo de su torpeza.

Existe, no obstante, también la tesis contraria. David Cameron es el campeón de la democracia y el proceso por él auspiciado es un verdadero ejemplo. Harían bien otros –y no miramos a nadie- en tomar nota. Cameron no ha intentado poner puertas al campo y, sobre todo, ha dado voz a los que la pedían (no sé si es del todo cierto que la pedían, pero bueno). Ha podido cometer ciertos errores, sí, pero son de conducción del proceso, es decir, en tanto que parte interesada en promover el “no”. Nadie discute que, como demócrata, estaba obligado a afrontar el problema político que, según ciertas lecturas, planteaba el aval mayoritario a un partido independentista en las elecciones escocesas pero, como primer ministro del Reino Unido, estaba también obligado a intentar evitar la secesión de Escocia promoviendo el voto negativo e inhibiendo el avance del “sí”. Sus yerros, en todo caso, se centraron en lo segundo. Así vistas las cosas, Cameron vendría a ser, como también se ha dicho, el anti-Rajoy. El presidente del gobierno español, bien es cierto que amparado por un marco jurídico distinto y sacando mucho provecho de torpezas ajenas, está gestionando bien –o como puede- el envite de la consulta catalana, pero aún no sabemos qué opina del problema de fondo, más allá de lo obvio, y si tiene alguna propuesta que hacer. Confiamos en enterarnos el diez de noviembre, a más tardar.

En mi personal opinión, Cameron no pretendió, en ningún momento, blasonar de demócrata. Su convocatoria de un referéndum fue una jugada, táctica y de alto riesgo para conjurar una amenaza, la del secesionismo escocés, que se veía, en su momento, como domeñable sin mayores esfuerzos. A la vista está que no ha sido así, en buena medida porque, lanzado el órdago, no se ha tratado la amenaza como suficientemente creíble, durmiéndose en los laureles. Cameron deberá ahora afrontar la cuestión, más compleja y profunda del gobierno del Reino Unido en su conjunto. Escocia no ha roto su unión con los otros países que conforman el Reino, pero sí puede haber inducido una revolución que cambie los marcos mentales en los que se viene desenvolviendo la política británica desde mediados de los ochenta. Veremos en qué acaba esto.

Lo bueno es que sí, habrá debate y, ahora sí, será verdaderamente democrático. Todo el Reino Unido, a través de sus instituciones, participará de la reforma, que puede llevar muy lejos, sin pasar necesariamente por el despropósito.

Todos, incluso quienes parten de la convicción de que el proceso escocés no se podría reproducir en España –en realidad, no se podría reproducir en casi ningún sitio porque el corsé de una constitución escrita lo impediría- parecen alabar, como siempre, el hecho de que se vote. Votar como “fiesta de la democracia”, ya se sabe. Supongo que el que haya salido “no” ayuda a congraciarse con la idea. ¿Alguien se ha parado a pensar qué hubiera ocurrido de haber salido “sí” con inversión de las proporciones? Conforme al plan diseñado por Cameron y su malhadada pregunta, el Reino Unido hubiera saltado por los aires… por decisión favorable del 55 % de los escoceses. Ingleses, galeses y norirlandeses habrían visto desaparecer como tal el estado en el, hoy por hoy, articulan su convivencia y a través del cual participan en las relaciones internacionales institucionalizadas sin haber podido, por supuesto, decir una palabra o, como mucho, habiendo podido participar en la decisión del cómo se hace.

¿Es eso, realmente, “democrático”? Solo, me temo, desde la concepción decimonónica de la vida propia de los nacionalismos. Desde su idea de que una “nación” por el hecho de existir, tiene un derecho inalienable a decidir su destino, de orden prejurídico y prepolítico. Un derecho frente al que no puede erigirse en obstáculo, por lo visto, una concepción moderna de estado y ciudadanía. Sé que es muy impertinente dar lecciones de democracia a los británicos, pero sorprende que este tipo de planteamientos hayan hecho fortuna en las Islas, con una cultura política poco proclive a los romanticismos y los infantilismos propios del nacionalismo. Es muy llamativa esta idea de que el Reino Unido “dé” la independencia a Escocia, como si Escocia fuera Zimbabue o Australia – hay quien ha subrayado que, al fin y al cabo, a lo largo de siglo y medio, son muchas las naciones que se han independizado del Reino Unido.

Los que ven en el referéndum escocés una “fiesta de la democracia” parecen negar toda realidad al Reino Unido como nación –ser británico es una cuestión administrativa, un corolario jurídico-formal de la condición de galés, inglés, escocés o irlandés- igual que aquí quienes no pueden resistirse al imperativo del “derecho a decidir”, en suma, lo que vienen a decir es que no hay más soberanía que la de esas naciones constitutivas, reales, que soportan el estado –España- como mero constructo formal. Carece de sentido, claro, así vistas las cosas, que un inglés pretenda tener voz en qué ha de sucederle a Escocia como nada pinta un castellano diciendo qué ha de ser de Cataluña o del País Vasco. Solo desde una perspectiva netamente nacionalista se puede entender lo sucedido en Escocia como una “fiesta de la democracia”. Quien crea en una nación de ciudadanos libres e iguales y en estados al servicio de estos –y no en vehículos de realización de vaporosos entes fantasmagóricos- no puede verlo así.

Por una vez, si se quiere, el Derecho español, marcando la vía necesaria, puede marcar también la correcta: ¿es posible que parte del territorio y parte de la ciudadanía se desgajen del común para formar un estado nuevo? Sí. Pero para ello es preciso reformar la constitución y buscar un marco jurídico que lo haga posible. En la conformación de ese marco jurídico deberá participar inexcusablemente el conjunto soberano, es decir, el mismo que dio carta de naturaleza al estado de cosas vigente.

Se ha dicho hasta la saciedad estos días de manifestaciones, algaradas y ceremonia de confusión: la democracia no consiste solo en votar. La única democracia realmente existente es la democracia liberal, la democracia de leyes y reglas. El “liberal” suele apocoparse, a veces interesadamente. Para unos, al ser la democracia por antonomasia sobran los adjetivos. Otros, por el contrario, soslayan el “liberal” para no hacer patente que tienen una concepción de la democracia que les emparenta con tradiciones de pensamiento con muy escaso pedigree en estos tiempos. No es extraño. Es la manipulación de lenguaje, incesante, lo que hace que vuelvan a presentarse una y otra vez, bajo nuevos ropajes, ideas muy viejas, muy gastadas y, por qué no decirlo, muy impresentables.

Escocia ha sido un ejemplo en muchas cosas. Un ejemplo de formas, para empezar. Y de nivel en el debate. El secesionismo escocés cuenta con muchos y muy buenos argumentos, con grandes objeciones al cómo se está gobernando el Reino Unido. Pero ello no cambia el fondo de la objeción: ¿qué derecho tienen los escoceses, solos, a disponer de un país que no les pertenece por entero? No vale, claro, la objeción de que ellos solo disponen de Escocia, porque esto nos lleva de nuevo al centro del debate: aun siendo consciente de que el Reino Unido es, en su formación, un agregado, salvo que el disponer de cuatro federaciones de fútbol y jugar por separado al rugby se considere determinante, es ya, hace mucho, un país único. La amalgama hace tiempo que está demasiado entremezclada como para que tenga sentido seguir hablando del “ser británico” como un fenómeno epidérmico. Con todos los respetos, pretender que trescientos años después, se puede revertir un proceso de integración paccionado como el de 1707 como si nada hubiera ocurrido, como si los derechos originarios de Escocia estuvieran ahí, intactos es un argumento digno del mejor Sabino Arana o propio de otras tradiciones intelectuales de parecido cariz. Y si el argumento es flojo en el propio Reino Unido, trasladado a España o a casi cualquier otro lugar, resulta infumable.

Y sí, Cameron es un torpe.

LISTAS DE RÍOS

Casi un año sin darle a la tecla. Se hacía mucho… Propósitos para el nuevo curso: ser más constante.

La más curiosa de mis lecturas de verano ha sido The Revenge of Geography, de Robert Kaplan (creo que ya hay traducción española). Del libro ya se han publicado varias reseñas, elogiosas y creo que merecidas. También podría titularse “curso breve de geopolítica del hemisferio norte”, que es en lo que Kaplan se centra, soslayando África y, en buena medida, América del Sur. Interesantes, por cierto, algunas nociones como, precisamente, la descripción de América como, nítidamente, dos continentes y no uno solo. La frontera entre una y otra vendría a estar en el Orinoco.

A medida que iba leyendo y reencontrándome con nombres de accidentes, naturales o no, ríos, montañas, valles, mares, lagos, ciudades… algunos presentes y otros olvidados, no podía dejar de pensar en el manido tema de las “listas de ríos” al que ya me he referido otras veces. Las “listas de ríos” son, junto con la lista por antonomasia, la de los reyes godos, el epítome de esa educación inútil, memorística, caduca, la que nos incapacita para el progreso y soslaya las capacidades más necesarias en el mundo de hoy, por lo visto. Si hemos de creer a una de nuestras mejores cabezas, Luis Garicano (insiste mucho en ello, y con razón, en El Dilema de España, entre otros muchos escritos), sería mucho mejor invertir nuestro escaso tiempo en otras cosas. Vaya por delante que creo que generaciones y generaciones de estudiantes españoles comparten el criterio y jamás han llegado a entender por qué tuvieron que memorizar listas de nombres que olvidaban nada más salir de la escuela y que estaban, en todo caso, al alcance de cualquiera, no ya en la era de internet sino desde que se inventaron los atlas y las enciclopedias.

La obra de Kaplan viene a subrayar la importancia de la geografía, algo tan elemental como que el medio físico, sin ser determinante, es un factor esencial a  la hora de explicar por qué nuestro mundo es como es. Claro que, como decía desafiante Lawrence de Arabia (o hacían decir a Peter O’Toole), “nada está escrito” y claro que, en buena medida la historia del ser humano es, precisamente, la historia de la superación de las limitaciones impuestas por el medio, pero es absolutamente evidente no ya que hay hechos geográficos, como los climatológicos, que son impeditivos para la civilización o solo permiten existencias precarias sino que, muchas veces, detrás de eso que antaño se llamaba “el carácter de los pueblos” también hay realidades tangibles. Lo que hoy es Irak viene conociendo gobiernos despóticos desde que el mundo es mundo porque solo los gobiernos despóticos parecen capaces de mantener estructuras estables en una región que, por su propia configuración física, parece abocada al caos y la violencia permanentes. Léanse, en fin, las reflexiones de Kaplan y los autores a los que Kaplan cita sobre cómo es Rusia y cómo eso ha podido influir en cómo los rusos ven el mundo, algo de lo que, por cierto, para muestra, Ucrania ofrece un botón.

Es difícil seguir estas reflexiones si uno no tiene almacenadas en su memoria unas cuantas referencias. Puedes, sí, leer al tiempo que consultas internet o con un atlas delante, pero me reconocerán que es incómodo. Vaya por delante que pocas experiencias hay más fascinantes que la de viajar con el dedo por un atlas –salvo, quizá, la de saltar de voz en voz en una enciclopedia o en un diccionario- pero hay veces que no se puede recurrir a ello. Hay que poseer unas mínimas nociones de geografía para poder leer textos que hablen de cuestiones geográficas. Del mismo modo que se necesita disponer de una mínima idea sobre cuál es la secuencia cronológica de los eventos antes de ponerse a leer o a reflexionar sobre la historia. A menudo, las mismas personas que se muestran abiertamente contrarias a la “mera acumulación de conocimientos” parecen muy conformes con la idea de que antes de salir al campo de golf a disfrutar de ese bello deporte se debe, por lo visto, pasar mucho tiempo ensayando, hasta que el cuerpo se amolda a golpear la bola. Evidentemente, golpear una bola de golf desde un mismo lugar, en sí, es algo poco entretenido, pero todo el mundo entiende que es un paso necesario para llegar al fin buscado de jugar al golf, que es algo cualitativamente distinto, creo, de darle golpes a la bola –como jugar al fútbol es distinto de darle patadas garbosamente a un balón, aunque lo segundo sea condición necesaria para lo primero-.

Las “listas de ríos”, aparte de ser a la memoria lo que la gimnasia a los bíceps, tienen una función: contribuir a crear en el sujeto que las memoriza un universo referencial que también le es necesario a un individuo “culto”, entendiendo por tal un sujeto capaz de desenvolverse con soltura en el mundo que le rodea. La idea de que se va  la escuela, en todos sus niveles, para ser un individuo culto suena caduca. Hay, ciertamente, opiniones distintas acerca de para qué sirve un sistema educativo, especialmente en sus niveles inferiores. Pero parece que esta idea de la cultura está, para casi todos, olvidada en el desván. Por lo que leo y oigo están los que opinan que en la escuela no ha de enseñarse, en realidad, nada en absoluto y los que creen que se deben enseñar cosas, sí, pero prácticas. Convengo con estos últimos, pero no sé si estamos todos de acuerdo en qué ha de entenderse por “práctico”. Para la mayoría de los que creen que sí que hay que enseñar algo de algo, son prácticas la informática, el inglés y las matemáticas pero no las “listas de ríos”. Las “listas de ríos”, ya digo, son la quintaesencia de lo inútil.

Llevado al extremo, supongo que un currículo podría reducirse a tres materias: español e inglés (mejor dicho, saber leer y escribir en español e inglés), matemáticas y educación física. Quien sabe leer en inglés y sabe usar un ordenador –o un dispositivo portátil cualquiera- no necesita, en rigor, nada más. Y sin duda es un enfoque que no priva al joven curioso del placer de descubrir, pongamos, el Ebro. Y que, además, permite descubrir no una, sino muchas veces, que el Ebro tiene afluentes y alguien, vaya usted a saber quién, les dio nombre –eso se sabe a poco que se sea observador porque, cada vez que cruzas un río, te encuentras un cartel que te dice qué río es-.

No, no creo que las “listas de ríos” sean inútiles. Gracias a las “listas de ríos” se pueden leer y entender libros como el de Kaplan. Pero supongo que eso nos llevaría a otra pregunta, que es la de por qué o para qué hay que leer libros como ese. Esa es, en efecto, otra pregunta. Esa es, quizá, la verdadera pregunta.

 

Hay mil razones para modificar la Constitución. Cataluña, de momento, no es una de ellas.

Como todos los años, cuando se aproxima el aniversario del referendo constitucional de 1978, se reabre el debate sobre la reforma de la Constitución: su conveniencia, incluso su necesidad y su improbabilidad. En los periódicos proliferan artículos de prestigiosos constitucionalistas y entrevistas con políticos retirados, de los que participaron en el debate constituyente; unos y otros convienen en que la Constitución necesita algo más que retoques, unos y otros convienen en que no se dan las condiciones necesarias para acometer la empresa con razonables garantías de éxito.

El constitucionalismo comparado enseña que la normatividad efectiva de un texto constitucional depende de su capacidad de adaptarse a los tiempos. Ciertamente, la reforma de la letra –y la propia Constitución española es un ejemplo- no es la única vía por la que puede operarse la adaptación de la constitución a la realidad de cada momento; por vía de interpretación, especialmente si, como en nuestro caso, se dispone de un sistema de jurisdicción constitucional concentrada, o mediante cambios en otras leyes que forman parte del denominado “bloque de la constitucionalidad” (en España, al menos, los estatutos de autonomía y las normas reguladoras del régimen electoral) pueden inducirse auténticas mutaciones constitucionales. Pero esas vías son limitadas en su alcance, por una parte, y arriesgadas desde la perspectiva política en cuanto la constitución, reformada por cauces ajenos al formal, puede verse mermada en su legitimidad. La reforma, pues, se hace en algún momento imprescindible. Durante la vigencia de nuestro texto de 1978, los países de nuestro entorno han hecho, con toda naturalidad, reformas de calado diverso. La constitución portuguesa de 1976, tan próxima a la nuestra por tantos motivos, ha sido objeto de varias reformas, necesarias para traer la norma suprema desde la Revolución de los Claveles al ambiente del Portugal contemporáneo, que quizá también vive revoluciones, pero de otra especie.

Existe, creo, un razonable consenso en España en torno a la necesidad de acometer, más pronto que tarde, siquiera un mínimo de reformas que cabe calificar de técnicas: en síntesis, las analizadas en su día por el Consejo de Estado a petición del presidente Zapatero. Pero también existe la certeza de que las necesidades no paran ahí, sino que van más allá y es en ese más allá donde los consensos saltan por los aires. Me refiero, obvia y fundamentalmente, a la cuestión territorial, cuestión que, a su vez, es un eufemismo para referirse al encaje de Cataluña y, en otra medida, el País Vasco. Y aquí nos encontramos, quizá, con una diferencia respecto a otros aniversarios: el Partido Socialista apuesta sin ambages por afrontar una reforma como remedio al problema, bien es cierto que inarticulada.

 

No es probable que la propuesta de reforma –incluso suponiendo que llegara a concretarse en algo más que una colección de eslóganes- prospere. En primer lugar porque el Partido Popular no está por la labor pero también porque no se sabe muy bien dónde están, a fecha de hoy, los partidos centrales del arco político catalán. Entrar en una dinámica de reforma constitucional implicaría un viraje en el discurso político de CiU, o al menos de Convergencia, que no parece estar en esas claves.

En las actuales circunstancias, sería muy razonable acometer una reforma que, como dice UPyD, nos dote de un marco constitucional nuevo y válido para los próximos treinta años. Pero no está ni mucho menos claro que exista un proyecto compartido que lo soporte. Hay múltiples disensos, diversas concepciones sobre muchas cosas. Si se quiere paradójicamente, la operación de construcción del consenso es ahora más difícil que en los 70, precisamente porque hay más libertad, porque nada se presenta como necesario. No creo que sea necesario abonarse a la tesis de que la Transición fue un proceso “tutelado” o limitado para aceptar que, en aquel tiempo, existían condicionantes que hoy, venturosamente, no se dan. La Constitución de 1978 fue hija de lo posible, como todas, y el ámbito de lo posible es hoy, quizá, más amplio.

Es claro, por supuesto, que el más radical de los disensos es el que afecta a la definición misma del constituyente, que es precisamente lo que el problema catalán pone en cuestión. Por eso mismo la solución del Partido Socialista es, a mi juicio, errónea, al menos en el plano conceptual: el problema que plantea Cataluña no se puede tratar, en rigor, desde la Constitución o través de una reforma de la Constitución. Es posible que la búsqueda de un tratamiento jurídico de la cuestión exija un cambio constitucional, pero no será, en su caso, un cambio en la Constitución, sino de constitución. El problema que se plantea en Cataluña tiene un cariz pre-constitucional, en tanto es definición del propio constituyente. Para reconducirlo a una cuestión tratable mediante una reforma constitucional, es preciso un tratamiento previo, es preciso resituarlo. Es preciso, en pocas palabras, partir de que Cataluña seguirá siendo parte de España.

Se dirá, con buen criterio –asumo que con el criterio que sostiene el Partido Socialista- que la respuesta a si se quiere o no formar parte de España dependerá siempre de qué España se proponga. Dicho de otro modo, la reforma constitucional sí puede ser una vía de tratamiento del problema, en cuanto, precisamente, crearía las condiciones en las que la respuesta puede ser afirmativa. Esto, que es lógico, supone, a mi juicio, un error político; la reproducción, a otra escala, del mismo error cometido en 1978. ¿Tiene sentido pedir de Cataluña un posicionamiento ex ante, una expresión de voluntad? A mi juicio, lo tiene. Si se cree, verdaderamente, que el empeño es imposible y, por tanto, la reforma, sea la que sea, no cerrará el debate o, peor aún, lo cerrará en falso, no es que no merezca la pena acometer la reforma constitucional, es que podrá acometerse desde claves muy distintas.

España puede diseñarse para acomodar a Cataluña… o no. Y ello dependerá en buena medida de lo que quieran los catalanes y el resto de los españoles estén dispuestos a aceptar. Ciertamente, puede defenderse la inconveniencia de alterar en absoluto el marco institucional, pero no parece tener excesivo sentido avenirse a alterarlo y alterarlo gravemente, para resolver un problema que puede no tener solución, y parece contradictorio que quien la busca –la solución- se conforme sin explorar esa posibilidad. Hemos de saber si el empeño es inútil. La cuestión catalana debe ser tratada por derroteros diferentes. Hay mil razones para reformar la Constitución, todavía no puede concluirse que Cataluña sea una de ellas.