Este fin de semana largo del Corpus me ha dado para un par de lecturas interesantes. La primera de ellas, titulada “Belgistán” se debe a Jacobo de Regoyos, corresponsal de Onda Cero en Bélgica. Se trata de un retrato muy ilustrativo para saber qué está pasando en ese paisito tan curioso que hace de puente, o de tapón, según se mire, entre la Europa latina y la germánica. Y lo que está pasando pone los pelos de punta, porque el “paisito curioso” es un estado fundador de la Unión Europea, sede de sus principales instituciones y su implosión puede tener unas consecuencias nefastas para el conjunto. Personalmente al menos, no conozco precedentes para lo que Regoyos describe con mucho acierto. Hay precedentes de estados fracturados por procesos secesionistas violentos y de divorcios de terciopelo. También los hay de voladuras organizadas de estados. Pero lo que hasta ahora no se había ensayado es la disolución (en el más puro reflejo del proceso químico) de un estado. Su reducción a la más absoluta irrelevancia. Esa es, parece, la táctica de los inteligentes líderes del nacionalismo flamenco: no tienen interés en declararse independientes de Bélgica, simplemente, quieren que el término “Bélgica” termine por no significar nada, o casi nada.
El ojo extranjero rara vez se posa en el laberinto belga, y la verdad es que, del delirante proceso que se vive en aquel país solo suelen trascender los aspectos más extravagantes. Es de agradecer, por tanto, el trabajo que Regoyos se toma en explicar un poco más aquello. Porque las cosas que suceden, a ratos, son muy extravagantes, sí, pero tienen poco de cómicas, especialmente cuando se pone en evidencia cómo el nacionalismo, incluso el no violento, parece tener una tendencia patológica a entrar en conflicto con los más elementales derechos, siempre que esos derechos sean de “los otros”. Muy interesante, especialmente, la observación del corresponsal sobre otro endemismo belga llamativo: el grupo que muestra más interés en acabar con el estado –o en transformarlo en el trasunto de aquel increíble hombre menguante– es, cosa rara, el grupo que controla ese mismo estado. Los flamencos no solo son el 60 % de la población de Bélgica, sino que controlan efectivamente la gran mayoría de los resortes de poder en ese país. A título de ejemplo, hasta que los belgas decidieron, parece, que tener un primer ministro era un lujo inútil, todos los primeros ministros desde principios de los setenta habían sido… flamencos, naturalmente. Es verdad que los flamencos fueron, en su día, la nacionalidad preterida, los perdedores y los abusados, y sobre esa herida se construyó la épica del nacionalismo contemporáneo en Flandes. Regoyos subraya cómo parece no importar si la herida está, o no, restañada. Es indeleble. La mentalidad del agravio permanente no permite otra cosa. Es, añado yo, lo normal por habitual. No sé si hacen falta más pruebas de que el nacionalismo, como ideología, a veces parece habitar en regiones del alma solo ocasionalmente visitadas por la razón.
Y, ya que de nacionalismo íbamos, la segunda lectura resulta más cercana (aviso que Regoyos ve muy distintos el caso belga y el español, o el caso belga y casi cualquier otro). “¿Aún podemos entendernos?” es el título de un libro que recoge conversaciones entre Felipe González y Miquel Roca, auxiliados en la tarea por Lluís Bassets. Ni los contertulios ni el facilitador necesitan mucha presentación, desde luego. El libro lleva el sugerente subtítulo de “conversaciones sobre el encaje de Cataluña en España”. Y es que, aunque González y Roca terminan hablando de muchas cosas, la “cuestión catalana” es el leit motiv del diálogo y su tema central.
Ninguno de los dos personajes puede ya sorprender a casi nadie –Bassets tampoco, creo- y muchas de las cosas que dicen uno y otro revelan mucha sensatez, experiencia y buen sentido. A veces, hasta autocrítica, sobre todo por parte de un González ya sublimado en su nuevo rol de “hombre sabio” a escala europea y consultor en los más variados temas, esto a escala mundial. Pero he de reconocer que, en su forma de afrontar la cuestión central, Cataluña y su encaje en España (recurrente, cómo no, el recurso a la muletilla “Cataluña y España” que, en sí, ya es toda una petición de principio) resultan decepcionantes por previsibles, por políticamente correctos.
Constatada la realidad de la desafección mutua, probablemente innegable por cualquiera con un mínimo de honestidad intelectual, la conclusión parece obvia: todo es atribuible, cómo no, a ese epítome del mal absoluto que es, que fue, el aznarismo, a ese PP torticero y manipulador y, más aún, a esa caverna mediática que genera una opinión publicada permanentemente hostil. Nada han hecho mal, por supuesto, el socialismo gobernante en España durante veintitantos de los menos de cuarenta años de democracia y los treinta y pocos de constitucionalismo del 78. Menos aún el catalanismo político, inherentemente virtuoso. Todo el daño a los consensos viene siempre de una parte, que se empeña contumazmente en desconocer la realidad plural de nuestro país y, por extensión, los derechos, hay que entender que preconstitucionales –prepolíticos, diría yo- de las nacionalidades que lo integran.
No parece haber mucho lugar al diálogo cuando se niega, por sistema y ab initio, cualquier legitimidad al discrepante. Tan es así que llega a sorprender que pueda hablarse de “cuestión catalana” en absoluto. Si cualquier disenso sobre la materia expulsa a quien lo expone a las cavernas mesetarias –donde habita el fantasma de esa España oscura de la que jamás formaron parte los elementos virtuosos de la nación- o, peor aún, lo degrada a nivel de tertuliano de TDT, ¿dónde está el debate? Habrá que entender que Bassets propuso a sus autores un libro para constatar lo mal que va todo, pero no sé a qué el título de “¿Aún podemos entendernos?”, puesto que no parece haber nadie con quien entenderse: el mundo se reduce a los que se entienden a las mil maravillas y aquellos con los que no será posible entenderse nunca.
Personalmente, diré que sí creo que hay “cuestión catalana” o, si se prefiere, dándole la vuelta, sí creo que hay “cuestión nacional” –porque el pluralismo, señores míos, es un hecho, la cuestión es qué cauce político se le da-, lo que implica que pueden existir puntos de vista diversos; sí creo que “aún podemos entendernos” y, me temo, lamentablemente, que cada vez veo más difícil que lleguemos a hacerlo. Desarrollaré brevemente los tres puntos.
El primero es una obviedad. España es una nación plural. En realidad, como todas o casi todas, pero en esta la pluralidad tiene un valor político y en otras no. Esto es una realidad tan tangible como aquello que nos enseñaban en el colegio, cuando en los colegios enseñaban algo, de que los ríos aquí no son navegables, salvo el Guadalquivir hasta Sevilla, y en otros sitios sí. Mala suerte (lo de los ríos, digo). Claro que hay, por tanto, “cuestión nacional” y, más específicamente “cuestión catalana”. Es más, si no me equivoco, esta y no otra será la gran cuestión sobre la que girará la política española de los próximos años. También es cierto que existen, o existían, unas bases mínimas consensuadas para la gestión del tema, a través del estado de las autonomías. Cosa que ni estaba en el testamento de adán ni convierte en excentricidades o demencias las posibles alternativas. Simplemente, esta base tenía la enorme virtud de ser generalmente aceptada, al menos hasta que alguien decidió hacerla explotar.
“¿Aún podemos entendernos?” Lo primero que habría que preguntarse es qué queremos decir con eso. La pregunta tiene sentido, claro está, si se parte de que la base consensuada ha dejado de serlo, en todo o en parte. Si hemos de volver a entendernos es porque hemos dejado de hacerlo. Y en esto parece haber, también, cierto acuerdo. Habría que saber por qué, pero esto forma parte del tercer punto (perdón por el salto). Podremos, o podríamos entendernos, si fuéramos capaces de encontrar una fórmula para dar cauce a las legítimas aspiraciones de autogobierno de Cataluña, o de otras zonas del país, manteniendo, al tiempo, un estado viable. Por “estado viable” hay que entender dos cosas, a mi juicio: un estado financieramente viable, es decir, con capacidad para seguir operando como tal y con competencias que justifiquen su existencia -incluyendo, por supuesto, la garantía de los mismos derechos a todos los ciudadanos, es decir, un mínimo de solidaridad intersubjetiva, que no necesaria o predominantemente interterritorial- (no una confederación a la belga) y un estado aceptado, entendiendo por tal que genere un cierto sentimiento de pertenencia en todos sus habitantes; y no me refiero a “sentimiento nacional”, que esto es cosa de cada cual, personal, intransferible e independiente de declaraciones jurídicas –habrá quienes reconozcan a ese estado, además, como su única patria, otros que tendrán sentimientos divididos y, en fin, quienes solo vean en ese estado una organización jurídico-política sin elementos afectivos- sino a una adhesión racional que se traduzca en una lealtad personal e institucional, es decir, un estado percibido como valioso, por útil, por todos los que estén sujetos a su soberanía y, por tanto, que merezca ser mantenido.
Pues bien, no parece haber razón alguna por la que esto sea imposible. Aunque solo sea por el inmenso patrimonio histórico y sociológico compartido entre los catalanes y el resto de los españoles. Claro que “podemos entendernos”. Es más, sería muy conveniente que lo hiciéramos.
Y llegamos al final. Convengamos en que es posible. ¿Es probable? Cada vez menos. Y no, creo, por los puros intereses electorales del Partido Popular ni porque la derecha retrógrada y castellanocéntrica esté rearmándose, como parecen sugerir González y Roca (espoleados por Bassets). No, o no solo. Si hemos llegado a un nivel de desafección importante es porque tanto los dos partidos nacionales como el catalanismo político han usado a Cataluña como un arma arrojadiza, con daños no solo para la propia Cataluña, sino sobre todo para la estabilidad del conjunto del estado y, muy en particular, para algunas de sus instituciones (y, añado yo, con grave daño para España como proyecto nacional). Pero no es esto lo más grave. Lo peor, y en esto he de convenir con González y Roca, es que ambas opiniones públicas –permítaseme hablar de “catalana” y “no catalana”, en lugar de “catalana” y “española”- están de espaldas y afectadas por un enorme cansancio, no exento de desconfianza. Y esto es resultado, seguro, de manejos políticos conyunturales o de corto vuelo. Pero también la irresponsabilidad que ha supuesto agigantar, como planteamiento estructural, unas diferencias que son nimias puestas en contexto, la insuficiencia de un diálogo fluido Madrid-Barcelona, la falta de una historia consensuada y compartida, española y europea y la estanqueidad de esferas culturales. Y en esto, me temo que, teniendo los partidos nacionales, especialmente el PSOE, una grave responsabilidad, la palma se la llevan los sucesivos gobiernos catalanes y su labor de construcción nacional.
Roca y González dialogan, y lo hacen desde una experiencia compartida como dos importantísimos políticos españoles. Miquel Roca, en particular, representa a las mil maravillas el paradigma de la "doble identidad". Pero parece no darse cuenta de que esa doble identidad, merced, entre otras cosas, a las políticas educativas, está desapareciendo. En los territorios de la Corona de Aragón medieval todos sabían que un castellano era un no nacional, pero tampoco era un extranjero, y lo mismo sucedía al contrario. Gracias al discurso del “Cataluña y España”, la sutil (¿sutil?) diferencia se va borrando. Los catalanes se quejan, con razón, de que el mundo castellano es insensible a la diferencia, es decir que es, a su vez, incapaz de trazar esa línea sutil y, por tanto, de reconocer ese espacio cultural intermedio entre la no nacionalidad y la extranjería. Pero el exacerbo de la diferencia no solo no ayuda sino que, al contrario, resulta en la más grosera de las simplificaciones.
González y Roca deberían entender que este no es su tiempo. Es el tiempo de Zapatero y el tiempo de los ecos de la Logse. Y ellos tienen alguna responsabilidad en esto. Por eso soy pesimista.
domingo, 26 de junio de 2011
domingo, 19 de junio de 2011
Y más sobre los indignados
El presidente del Gobierno dice no estar preocupado por la deriva que han tomado las secuelas del ya famoso movimiento del “15M”. Ya sabemos, en fin, que el presidente del Gobierno y su sentido de la realidad son, por utilizar un término suave, particulares. En el resto del mundo, el que sí está preocupado, porque es, objetivamente, muy preocupante que en una democracia avanzada se vivan episodios como los que hemos atravesado, parece dividirse entre los que condenan sin paliativos al movimiento –no sin algún “ya lo decía yo” muy oportuno- y los que, mediando la oportuna crítica de la violencia, achacada a una minoría, siguen mostrando cierta simpatía.
La violencia en cualquiera de sus formas, incluida la intimidación, debería estar fuera del ámbito de lo tolerable en un sistema como el nuestro –y sí, esa regla debería ser de aplicación también en el País Vasco, que aún sigue, siquiera nominalmente, bajo la jurisdicción española-. Fuera de lo tolerable en todo caso, pero muy especialmente cuando se ejerce sobre las instituciones democráticas. El mantenimiento del orden público y, por tanto, la garantía de que nadie será indebidamente molestado –y eso incluye, también, al alcalde de Madrid cuando pasea a su perro- o turbado en el ejercicio de sus derechos más básicos es el mínimo absoluto que permite a un estado de Derecho reconocerse como tal. El presidente del Gobierno, por tanto, debería sentirse muy afectado por lo que toca a las más elementales de sus responsabilidades, si es que aún tiene en alguna estima la autoridad que ostenta.
Poco que añadir, por tanto, a este respecto.
En cuanto al fondo de la cuestión, las dudas que expresaba hace unas semanas se van despejando. Tengo la sensación de que estos movimientos que no se sabía muy bien adónde iban no van, en realidad, a ninguna parte. Protestar puede ser muy sano y libera tensiones, pero de poco vale como herramienta de progreso si no se puede generar un discurso constructivo. Hay quien se malicia que, si el gobierno fuera de otro signo ideológico, esta protesta “contra el sistema” se despojaría de ropajes pseudoideológicos y del tono “otro mundo es posible” para transformarse en pura y simple protesta antigubernamental. Si eso es así, y alguna pinta tiene de serlo, se pueden augurar tiempos duros para un futuro gobierno del PP, si es que tal gobierno llega a formarse.
Quizá la cuestión es esa. Si los “indignados” estuvieran pidiendo la dimisión de un gobierno que consideran incompetente, se les entendería mucho mejor. Suena rara esa imputación genérica a un “sistema” sin cara ni ojos y, sobre todo, trae consigo desafíos conceptuales más complejos. En realidad, que la situación española no esté provocando mayores expresiones de malestar es en sí, muy sorprendente –de hecho, esa relativa calma siempre ha sido cínicamente aducida como prueba de que las cosas “no irán tan mal” como parecen decir las (aterradoras) estadísticas-. En Grecia, en Irlanda, en Islandia ha habido protestas, desde luego. Pero siempre contra el gobierno, no contra el “sistema”. ¿Por qué aquí no?
En no recuerdo qué programa de televisión, no hace mucho, Nicolás Redondo Terreros prevenía sobre la tentación de extender a “crisis de Estado” (crisis institucional, crisis de sistema) lo que es una crisis muy grave de partes de dicho sistema. Padecemos una crisis política y una crisis económica muy graves, sin duda pero, ¿una crisis “de sistema”? ¿De verdad está tan dañada nuestra arquitectura institucional? Ciertamente, no está intacta, y requiere de retoques importantes, pero no de una enmienda a la totalidad.
Me temo que nuestros indignados dirigen sus invectivas contra todo y contra todos porque no quieren dirigirlas en exclusiva contra el epicentro del problema: un gobierno políticamente agotado y un partido que lo sostiene afanado de modo casi exclusivo en su agenda electoral. The king can do no wrong, se decía en el medioevo inglés –el rey no puede errar- y, parece que lo mismo le ocurre a la izquierda, al menos a la española. Sus fases crepusculares son, necesariamente, enfermedades del cuerpo político en su conjunto.
Pero el rey yerra, y yerra muy gravemente. Exijámosle, como primera medida, sus responsabilidades al rey. Entonces, y solo entonces, veremos si tampoco hallamos solución en otros lados.
Ignoro si se dan cuenta y, sobre todo, si es algo intencionado, pero, al generalizar su protesta contra todo y contra todos, nuestros indignados hacen un favor infinito a aquellos políticos que más gravemente han faltado a sus deberes. Porque permiten una plena despersonalización del problema. El “todos son iguales”, paradójicamente, conduce a la más perfecta de las impunidades. Hay que decirlo una y mil veces: no todos los políticos son iguales, porque no todos atesoran el mismo poder y, por supuesto, no todos asumen las mismas responsabilidades. El rasero único que imponen los supuestos indignados ofrece una perfecta vía de escape para algunos, que siempre pueden acogerse al sagrado del descrédito colectivo. Pidamos una “regeneración”, en abstracto, y con toda probabilidad nos la ofrecerán aquellos que han hecho lo posible por degradar nuestra vida colectiva a niveles insospechados.
La violencia en cualquiera de sus formas, incluida la intimidación, debería estar fuera del ámbito de lo tolerable en un sistema como el nuestro –y sí, esa regla debería ser de aplicación también en el País Vasco, que aún sigue, siquiera nominalmente, bajo la jurisdicción española-. Fuera de lo tolerable en todo caso, pero muy especialmente cuando se ejerce sobre las instituciones democráticas. El mantenimiento del orden público y, por tanto, la garantía de que nadie será indebidamente molestado –y eso incluye, también, al alcalde de Madrid cuando pasea a su perro- o turbado en el ejercicio de sus derechos más básicos es el mínimo absoluto que permite a un estado de Derecho reconocerse como tal. El presidente del Gobierno, por tanto, debería sentirse muy afectado por lo que toca a las más elementales de sus responsabilidades, si es que aún tiene en alguna estima la autoridad que ostenta.
Poco que añadir, por tanto, a este respecto.
En cuanto al fondo de la cuestión, las dudas que expresaba hace unas semanas se van despejando. Tengo la sensación de que estos movimientos que no se sabía muy bien adónde iban no van, en realidad, a ninguna parte. Protestar puede ser muy sano y libera tensiones, pero de poco vale como herramienta de progreso si no se puede generar un discurso constructivo. Hay quien se malicia que, si el gobierno fuera de otro signo ideológico, esta protesta “contra el sistema” se despojaría de ropajes pseudoideológicos y del tono “otro mundo es posible” para transformarse en pura y simple protesta antigubernamental. Si eso es así, y alguna pinta tiene de serlo, se pueden augurar tiempos duros para un futuro gobierno del PP, si es que tal gobierno llega a formarse.
Quizá la cuestión es esa. Si los “indignados” estuvieran pidiendo la dimisión de un gobierno que consideran incompetente, se les entendería mucho mejor. Suena rara esa imputación genérica a un “sistema” sin cara ni ojos y, sobre todo, trae consigo desafíos conceptuales más complejos. En realidad, que la situación española no esté provocando mayores expresiones de malestar es en sí, muy sorprendente –de hecho, esa relativa calma siempre ha sido cínicamente aducida como prueba de que las cosas “no irán tan mal” como parecen decir las (aterradoras) estadísticas-. En Grecia, en Irlanda, en Islandia ha habido protestas, desde luego. Pero siempre contra el gobierno, no contra el “sistema”. ¿Por qué aquí no?
En no recuerdo qué programa de televisión, no hace mucho, Nicolás Redondo Terreros prevenía sobre la tentación de extender a “crisis de Estado” (crisis institucional, crisis de sistema) lo que es una crisis muy grave de partes de dicho sistema. Padecemos una crisis política y una crisis económica muy graves, sin duda pero, ¿una crisis “de sistema”? ¿De verdad está tan dañada nuestra arquitectura institucional? Ciertamente, no está intacta, y requiere de retoques importantes, pero no de una enmienda a la totalidad.
Me temo que nuestros indignados dirigen sus invectivas contra todo y contra todos porque no quieren dirigirlas en exclusiva contra el epicentro del problema: un gobierno políticamente agotado y un partido que lo sostiene afanado de modo casi exclusivo en su agenda electoral. The king can do no wrong, se decía en el medioevo inglés –el rey no puede errar- y, parece que lo mismo le ocurre a la izquierda, al menos a la española. Sus fases crepusculares son, necesariamente, enfermedades del cuerpo político en su conjunto.
Pero el rey yerra, y yerra muy gravemente. Exijámosle, como primera medida, sus responsabilidades al rey. Entonces, y solo entonces, veremos si tampoco hallamos solución en otros lados.
Ignoro si se dan cuenta y, sobre todo, si es algo intencionado, pero, al generalizar su protesta contra todo y contra todos, nuestros indignados hacen un favor infinito a aquellos políticos que más gravemente han faltado a sus deberes. Porque permiten una plena despersonalización del problema. El “todos son iguales”, paradójicamente, conduce a la más perfecta de las impunidades. Hay que decirlo una y mil veces: no todos los políticos son iguales, porque no todos atesoran el mismo poder y, por supuesto, no todos asumen las mismas responsabilidades. El rasero único que imponen los supuestos indignados ofrece una perfecta vía de escape para algunos, que siempre pueden acogerse al sagrado del descrédito colectivo. Pidamos una “regeneración”, en abstracto, y con toda probabilidad nos la ofrecerán aquellos que han hecho lo posible por degradar nuestra vida colectiva a niveles insospechados.
domingo, 12 de junio de 2011
Socialistas somos todos
No sé si será cierto y, en todo caso, si non é vero, é ben trovatto, pero cuentan que un buen día Mussolini visitaba una fábrica. Acompañado del director, iban encontrando a su paso distintos grupos de obreros. “Y esos de allí, ¿qué son?”, preguntó el Duce. “Son cristianos, Excelencia”. “¿Y esos?” “Son socialistas, Excelencia”. “¿Y aquellos?”, preguntó Mussolini a la vista del tercer grupo. “Son comunistas”, respondió el director. “Pero, cómo, ¿es que no hay fascistas?” Dijo el Duce, manifiestamente contrariado. El director lo miró con cara de incredulidad, y contestó, como quien subraya la más evidente de las obviedades que “fascisti siamo tutti, Eccelenza”
La anécdota viene a cuento porque, esta semana, tras las elecciones portuguesas que han desalojado del poder a los socialistas, varios diarios se han referido a la “marea imparable” que ha terminado por privar del poder a los socialdemócratas. De entre los países de cierto tamaño, parece que solo en España gozamos ya de un gobierno progresista, y más que nada porque no es fácil quitárnoslo de encima. En fin, que tenemos gobiernos de todos los colores, del centro derecha tibio a la derecha extrema pero, ¿hemos dejado de ser socialdemócratas? Parafraseando a nuestro director de la fábrica, me atrevería a decir que “socialdemócratas somos todos”, al menos en Europa y, desde luego, en España. Y lo seguiremos siendo cuando gane la derecha, si es que gana.
Ya me he referido a ello anteriormente y sigo convencido de ello: la ideología socialdemócrata está, en Europa y especialmente en España, constitucionalizada. Queda fuera del ámbito de lo debatible. Cuando, además, como ocurre en nuestro país, la imposición de determinados patrones ideológicos reviste formas muy diversas, a veces sutiles y a veces menos, pero en todo caso muy eficaces, las alternativas dejan de estar incluso dentro de lo legítimamente pensable.
Es verdad que media un cierto trecho entre lo que podríamos denominar el “paradigma socialdemócrata” europeo y su versión local, el “paradigma socialista” español. Pero creo que la gran reforma pendiente consiste, precisamente, en superar esa constitucionalización a la que me he referido. En otros lugares, la cuestión se contrae a un cuestionamiento del modelo económico, es decir, el famoso “modelo europeo” que habrá que ver si los gobiernos de derecha tienen redaños e ideas para cuestionar, en el supuesto, claro está, de que abriguen la más mínima intención, cosa que hay motivos para poner en duda. Pero en esta España de nuestros pecados, la cosa va, creo, mucho más allá.
Se ha dicho, creo que con acierto, que la crisis que padece nuestro país es económica en sus manifestaciones, pero política y social en sus raíces. Intentaré explicarme, porque puede que la cosa no sea tan dramática como parece, o a lo mejor sí, no sé. No están los tiempos para el optimismo y, por tanto, soy consciente de que lo que afirmo puede sonar extraño, pero creo que la historia española reciente es una historia de éxito. Por supuesto, no está escrito que no podamos ir hacia atrás como los cangrejos, porque no está escrito que las prosperidades sean perennes ni que las sociedades no puedan despeñarse, casi siempre por elección de un modelo político equivocado, y ahí está la Argentina para acreditarlo. Pero lo cierto es que España ha tenido éxito en su apuesta de salir del mundo subdesarrollado para integrarse en el reducido elenco de países que están en condiciones de ofrecer a su población una existencia digna. Y por ello deberíamos rendir tributo a las generaciones que nos precedieron.
Pero el reto de mi propia generación, y quizá de la anterior, es decir de quienes recibimos ya un país en condiciones de aspirar a algo era y es llevarlo a un núcleo aún más reducido de naciones que parecen al abrigo de casi toda tormenta, política o económica, aunque solo sea porque son aquellas en las que los demás confían. Y ese reto se esta revelando muy duro. Son esas puertas las que se nos han cerrado, cuando creíamos que estábamos a punto de franquearlas.
Mi tesis es que no daremos jamás ese paso mientas sigamos instalados en el “paradigma socialista” que es tanto como decir el paradigma de la mediocridad. España no podrá salir del estancamiento en el que se encuentra mientras no sea capaz de recuperar una valoración sensata de la legitimidad de la diferencia. Esto es, por supuesto, crítico en el ámbito educativo, en el que el igualitarismo como bandera resulta sencillamente devastador, pero es también importante en todos los demás órdenes. Una sociedad no es “decente” –traigo a colación un término que una vez oí emplear a Zapatero, y me gustó- por haber abolido todo aprecio por resultados distintos para casos distintos, sino que es “decente” cuando logra que las diferencias no obedezcan única o principalmente a privilegios.
Soy perfectamente consciente de que una de las razones por las que se ha impuesto en nuestro país, y especialmente en algunas de sus regiones, con tanta fuerza, esta affectio mediocritatis tan notoria y tan castrante es, sin duda, la fundada sospecha de que diferencia y privilegio van de la mano. Durante siglos, España ha tenido que ver cómo sus supuestas elites eran intelectualmente indigentes, moralmente abyectas o ambas cosas, y luego, en tiempos más recientes, cómo ningún mérito parece limpio, ninguna ganancia obtenida en buena lid. Pero la solución no es, parece claro, abandonar todo concepto de elite y toda noción de mérito. O, peor aún, la perversión de ambos conceptos, para conceder relevancia a lo más irrelevante posible, quizá para abundar el la idea de que todo mérito es accidental, casual y, por tanto, ilegítimo.
Este cambio es mucho más profundo que una mera alternancia gubernamental, porque hablamos de un problema genuinamente “transversal” como se dice ahora. Otros países comparten el “paradigma socialdemócrata”, pero pocos tienen igualmente arraigado un “paradigma socialista” que viene a ser no sé si una caricatura o una deformación. El caso es que, aquí, socialistas somos todos. Ese es, de largo, nuestro principal problema.
La anécdota viene a cuento porque, esta semana, tras las elecciones portuguesas que han desalojado del poder a los socialistas, varios diarios se han referido a la “marea imparable” que ha terminado por privar del poder a los socialdemócratas. De entre los países de cierto tamaño, parece que solo en España gozamos ya de un gobierno progresista, y más que nada porque no es fácil quitárnoslo de encima. En fin, que tenemos gobiernos de todos los colores, del centro derecha tibio a la derecha extrema pero, ¿hemos dejado de ser socialdemócratas? Parafraseando a nuestro director de la fábrica, me atrevería a decir que “socialdemócratas somos todos”, al menos en Europa y, desde luego, en España. Y lo seguiremos siendo cuando gane la derecha, si es que gana.
Ya me he referido a ello anteriormente y sigo convencido de ello: la ideología socialdemócrata está, en Europa y especialmente en España, constitucionalizada. Queda fuera del ámbito de lo debatible. Cuando, además, como ocurre en nuestro país, la imposición de determinados patrones ideológicos reviste formas muy diversas, a veces sutiles y a veces menos, pero en todo caso muy eficaces, las alternativas dejan de estar incluso dentro de lo legítimamente pensable.
Es verdad que media un cierto trecho entre lo que podríamos denominar el “paradigma socialdemócrata” europeo y su versión local, el “paradigma socialista” español. Pero creo que la gran reforma pendiente consiste, precisamente, en superar esa constitucionalización a la que me he referido. En otros lugares, la cuestión se contrae a un cuestionamiento del modelo económico, es decir, el famoso “modelo europeo” que habrá que ver si los gobiernos de derecha tienen redaños e ideas para cuestionar, en el supuesto, claro está, de que abriguen la más mínima intención, cosa que hay motivos para poner en duda. Pero en esta España de nuestros pecados, la cosa va, creo, mucho más allá.
Se ha dicho, creo que con acierto, que la crisis que padece nuestro país es económica en sus manifestaciones, pero política y social en sus raíces. Intentaré explicarme, porque puede que la cosa no sea tan dramática como parece, o a lo mejor sí, no sé. No están los tiempos para el optimismo y, por tanto, soy consciente de que lo que afirmo puede sonar extraño, pero creo que la historia española reciente es una historia de éxito. Por supuesto, no está escrito que no podamos ir hacia atrás como los cangrejos, porque no está escrito que las prosperidades sean perennes ni que las sociedades no puedan despeñarse, casi siempre por elección de un modelo político equivocado, y ahí está la Argentina para acreditarlo. Pero lo cierto es que España ha tenido éxito en su apuesta de salir del mundo subdesarrollado para integrarse en el reducido elenco de países que están en condiciones de ofrecer a su población una existencia digna. Y por ello deberíamos rendir tributo a las generaciones que nos precedieron.
Pero el reto de mi propia generación, y quizá de la anterior, es decir de quienes recibimos ya un país en condiciones de aspirar a algo era y es llevarlo a un núcleo aún más reducido de naciones que parecen al abrigo de casi toda tormenta, política o económica, aunque solo sea porque son aquellas en las que los demás confían. Y ese reto se esta revelando muy duro. Son esas puertas las que se nos han cerrado, cuando creíamos que estábamos a punto de franquearlas.
Mi tesis es que no daremos jamás ese paso mientas sigamos instalados en el “paradigma socialista” que es tanto como decir el paradigma de la mediocridad. España no podrá salir del estancamiento en el que se encuentra mientras no sea capaz de recuperar una valoración sensata de la legitimidad de la diferencia. Esto es, por supuesto, crítico en el ámbito educativo, en el que el igualitarismo como bandera resulta sencillamente devastador, pero es también importante en todos los demás órdenes. Una sociedad no es “decente” –traigo a colación un término que una vez oí emplear a Zapatero, y me gustó- por haber abolido todo aprecio por resultados distintos para casos distintos, sino que es “decente” cuando logra que las diferencias no obedezcan única o principalmente a privilegios.
Soy perfectamente consciente de que una de las razones por las que se ha impuesto en nuestro país, y especialmente en algunas de sus regiones, con tanta fuerza, esta affectio mediocritatis tan notoria y tan castrante es, sin duda, la fundada sospecha de que diferencia y privilegio van de la mano. Durante siglos, España ha tenido que ver cómo sus supuestas elites eran intelectualmente indigentes, moralmente abyectas o ambas cosas, y luego, en tiempos más recientes, cómo ningún mérito parece limpio, ninguna ganancia obtenida en buena lid. Pero la solución no es, parece claro, abandonar todo concepto de elite y toda noción de mérito. O, peor aún, la perversión de ambos conceptos, para conceder relevancia a lo más irrelevante posible, quizá para abundar el la idea de que todo mérito es accidental, casual y, por tanto, ilegítimo.
Este cambio es mucho más profundo que una mera alternancia gubernamental, porque hablamos de un problema genuinamente “transversal” como se dice ahora. Otros países comparten el “paradigma socialdemócrata”, pero pocos tienen igualmente arraigado un “paradigma socialista” que viene a ser no sé si una caricatura o una deformación. El caso es que, aquí, socialistas somos todos. Ese es, de largo, nuestro principal problema.
domingo, 5 de junio de 2011
Lo que las palabras significan
Interesante la polémica desatada en torno al artículo de Luis Suárez sobre Franco para el Diccionario Biográfico que acaba de presentar la Academia de la Historia. No he leído el artículo, así que no puedo opinar pero, al parecer, la Academia, sensible a las críticas, va a enmendar las futuras ediciones. Según dicen, el Diccionario contiene más de 25.000 entradas, pero se me ocurren pocos personajes, de Indíbil y Mandonio a esta parte, que tuvieran más números para concitar atención, así que la docta institución hubiera debido prever que muchos ojos irían a posarse en el trabajo de Suárez –es posible que también en ciertos personajes adscritos a la izquierda, pero ahí nunca se errará por exceso en la loa, ya se sabe-. Hasta donde yo conozco, Luis Suárez es un historiador profesional y competente, respetuoso con las exigencias de la disciplina y, por tanto, no precisamente un propagandista. Dicho eso, no es menos cierto que, además de no ser, por mis datos, un especialista en historia contemporánea, es una persona notoriamente próxima a círculos e instituciones ligados al legado –llamémosle ideológico- del franquismo. Por tanto, quizá no era el candidato óptimo para tan delicada tarea. Si, además, según dicen, duda a la hora de calificar el régimen franquista de “dictadura”, me temo que será indiscutible que sus convicciones habrán interferido inaceptablemente en su labor profesional, en esta ocasión.
Dicho sea de paso, no estoy seguro de que sea fácil, en el panorama nacional, encontrar algún historiador que ofrezca unos perfiles suficientemente objetivos para semejante empeño. Quizá la mejor solución hubiera podido ser hacer el encargo a más de uno. Pero también imagino que mal se iba si, de entrada, había que conceder a Franco un tratamiento especial. Y es que importante ha sido, seguro, pero entender que haya podido serlo más que otros personajes de nuestra historia no deja de ser, pura y simplemente, una falta de perspectiva. Nuestro problema principal con Franco es que le hemos conocido, que tenemos de él experiencia directa, o casi. Y, como es lógico, tenemos a dar más peso a nuestra experiencia más próxima. La que constituye, en suma, nuestro aquí y nuestro ahora. Franco forma parte de eso, todavía, y Escipión Emiliano no, está claro.
En todo caso, lo que me interesa glosar no es tanto la polémica respecto al trabajo de Suárez –ya digo que me faltan datos- como el debate sobre el uso de las palabras y la utilización de un léxico que podríamos denominar “científico” o “técnico” para propósitos que nada tienen que ver con aquellos para los que los términos fueron acuñados. Esta misma semana, The Economist (aquí) nos ofrece una muy interestante reflexión sobre el abuso del vocablo “genocidio” (“the use and abuse of the g-word”). Un genocidio no es, o no es solo, una matanza masiva de seres humanos. En el genocidio concurren dos elementos esenciales, que lo hacen una forma especialmente odiosa de violencia criminal: el componente sistemático –el genocidio no es casual, no es improvisado- y el nexo común entre las víctimas (raza, religión, características personales…) El genocidio, por tanto, es una matanza planificada y dirigida, contra personas que comparten una serie de rasgos comunes, por lo común perfectamente accidentales y, desde luego, sin ningún componente de relación previa con su agresor. Existen, por tanto, crímenes odiosos, repugnantes y, además, perpetrados contra colectividades, incluso muy amplias. Pero no son genocidios.
Algo semejante ocurre con el término “totalitario”. “Totalitario” es un calificativo empleado en ciencia política en la taxonomía de los regímenes. No es un superlativo de nada. Los regímenes totalitarios son especialmente odiosos pero no hace falta que un régimen llegue a merecer tal calificativo para que resulte del todo indeseable. En una dictadura rasa pueden pasarle a uno cosas horribles. La Alemania nazi vivió bajo un régimen totalitario. La Italia fascista, no. Y eso no convierte a Benito Mussolini en ninguna clase de campeón de los derechos humanos.
Calificar de “totalitario” el régimen de Franco no parece muy atinado, al menos si nos referimos al período completo en que tal régimen se dio en España, esto es, desde una fecha variable entre 1936 y 1939 –según las diferentes áreas geográficas iban incorporándose a la “zona nacional”- hasta la desaparición física del sujeto. Definir el régimen de Franco con un calificativo único resulta una tarea compleja, salvo por sus denominadores comunes en todo momento: la propia persona de Franco y, desde luego, la falta de un régimen de libertades homologable al de las democracias occidentales. A partir de ahí, la descripción, si pretende ser científica, debería ser algo más matizada, sobre todo si incluye comparaciones con otros regímenes políticos. No todas las dictaduras son iguales entre sí, y eso no tiene por qué derivar en ninguna clase de juicio moral.
La cuestión es que, en buena medida, casi nada de lo que se dice o escribe en estos tiempos sobre el franquismo –o sobre el régimen que lo antecedió- tiene pretensión científica alguna. Antes al contrario, es perceptible un intento de establecer unas determinadas pautas lingüísticas para referirse a ese período, un utillaje terminológico para referirse a la historia de España, en suma, que es cualquier cosa menos neutral. Como si las cosas no fueran suficientemente malas descritas en términos menos exagerados. Ya sabemos que los calificativos casi nunca son neutrales, y en su manejo se hacen especialistas, precisamente, las dictaduras. Empezando por la franquista, claro está. Es evidente que “alzamiento” tiene connotaciones positivas y “sublevación militar” no –es más, es algo bastante bochornoso, tratándose de militares; pocos militares sublevados gustan de ser motejados así-. Pero “sublevación militar” es, probablemente, el término exacto. Una sublevación militar que dio lugar a una guerra civil, seguida, ya en tiempo de paz –o tras la victoria de un bando, si se prefiere- de una cruenta represión cuyo alcance está, en estos momentos, estableciéndose con certeza, pero de dimensiones muy importantes. A ello, siguió una larga etapa de gobierno dictatorial, con empleo de técnicas variadas para el mantenimiento de la estabilidad del propio régimen, incluyendo, por supuesto, la violencia en diferentes grados y ámbitos. Personalmente, no encuentro nada de agradable en el relato. Pero cualquiera que haya leído a Hanna Arendt –que nos explicó muy bien qué es el totalitarismo-, por ejemplo, encontrará difícil calificar ese régimen de “totalitario”. Entiendo perfectamente que quienes padecieron de modo particular la violencia del régimen lo motejen de tal, como forma de expresar su rechazo; entiendo menos que haya quien emplee esos calificativos con el solo fin de engrandecer la fiereza del moro muerto que alancea o, sencillamente, para elevar el nivel de su perfil de resistente.
Pero convengo con The Economist en que es bueno reservar un cierto uso recto de las palabras. En caso contrario, se pierde su significado y, por tanto, su utilidad.
Una de las peores plagas de nuestro tiempo, impuesta por la dictadura del lenguaje de cortos vuelos que emplean los políticos de todos los signos –especialmente los abogados de la corrección política- es el de la desaparición de los matices. El de las equivalencias presuntas. El de la identidad entre comprender, analizar o, simplemente, describir y justificar. Un ejemplo: si yo no acepto el calificativo “totalitario” aplicado al franquismo, es porque simpatizo con el franquismo. Si niego lo apropiado de la expresión “genocidio” para referirme, por ejemplo, a la violencia contra los palestinos, es porque respaldo dicha violencia perpetrada por los israelíes. En rigor, es, debería ser, imposible sacar tales conclusiones de esos enunciados. Pero, entonces, claro está, no viviríamos, como es el caso, en el mundo de Humpty Dumpty, en el que las palabras significan exactamente lo que alguno quiere que signifiquen.
En el mundo en el que no hay historia, sino memoria histórica.
Dicho sea de paso, no estoy seguro de que sea fácil, en el panorama nacional, encontrar algún historiador que ofrezca unos perfiles suficientemente objetivos para semejante empeño. Quizá la mejor solución hubiera podido ser hacer el encargo a más de uno. Pero también imagino que mal se iba si, de entrada, había que conceder a Franco un tratamiento especial. Y es que importante ha sido, seguro, pero entender que haya podido serlo más que otros personajes de nuestra historia no deja de ser, pura y simplemente, una falta de perspectiva. Nuestro problema principal con Franco es que le hemos conocido, que tenemos de él experiencia directa, o casi. Y, como es lógico, tenemos a dar más peso a nuestra experiencia más próxima. La que constituye, en suma, nuestro aquí y nuestro ahora. Franco forma parte de eso, todavía, y Escipión Emiliano no, está claro.
En todo caso, lo que me interesa glosar no es tanto la polémica respecto al trabajo de Suárez –ya digo que me faltan datos- como el debate sobre el uso de las palabras y la utilización de un léxico que podríamos denominar “científico” o “técnico” para propósitos que nada tienen que ver con aquellos para los que los términos fueron acuñados. Esta misma semana, The Economist (aquí) nos ofrece una muy interestante reflexión sobre el abuso del vocablo “genocidio” (“the use and abuse of the g-word”). Un genocidio no es, o no es solo, una matanza masiva de seres humanos. En el genocidio concurren dos elementos esenciales, que lo hacen una forma especialmente odiosa de violencia criminal: el componente sistemático –el genocidio no es casual, no es improvisado- y el nexo común entre las víctimas (raza, religión, características personales…) El genocidio, por tanto, es una matanza planificada y dirigida, contra personas que comparten una serie de rasgos comunes, por lo común perfectamente accidentales y, desde luego, sin ningún componente de relación previa con su agresor. Existen, por tanto, crímenes odiosos, repugnantes y, además, perpetrados contra colectividades, incluso muy amplias. Pero no son genocidios.
Algo semejante ocurre con el término “totalitario”. “Totalitario” es un calificativo empleado en ciencia política en la taxonomía de los regímenes. No es un superlativo de nada. Los regímenes totalitarios son especialmente odiosos pero no hace falta que un régimen llegue a merecer tal calificativo para que resulte del todo indeseable. En una dictadura rasa pueden pasarle a uno cosas horribles. La Alemania nazi vivió bajo un régimen totalitario. La Italia fascista, no. Y eso no convierte a Benito Mussolini en ninguna clase de campeón de los derechos humanos.
Calificar de “totalitario” el régimen de Franco no parece muy atinado, al menos si nos referimos al período completo en que tal régimen se dio en España, esto es, desde una fecha variable entre 1936 y 1939 –según las diferentes áreas geográficas iban incorporándose a la “zona nacional”- hasta la desaparición física del sujeto. Definir el régimen de Franco con un calificativo único resulta una tarea compleja, salvo por sus denominadores comunes en todo momento: la propia persona de Franco y, desde luego, la falta de un régimen de libertades homologable al de las democracias occidentales. A partir de ahí, la descripción, si pretende ser científica, debería ser algo más matizada, sobre todo si incluye comparaciones con otros regímenes políticos. No todas las dictaduras son iguales entre sí, y eso no tiene por qué derivar en ninguna clase de juicio moral.
La cuestión es que, en buena medida, casi nada de lo que se dice o escribe en estos tiempos sobre el franquismo –o sobre el régimen que lo antecedió- tiene pretensión científica alguna. Antes al contrario, es perceptible un intento de establecer unas determinadas pautas lingüísticas para referirse a ese período, un utillaje terminológico para referirse a la historia de España, en suma, que es cualquier cosa menos neutral. Como si las cosas no fueran suficientemente malas descritas en términos menos exagerados. Ya sabemos que los calificativos casi nunca son neutrales, y en su manejo se hacen especialistas, precisamente, las dictaduras. Empezando por la franquista, claro está. Es evidente que “alzamiento” tiene connotaciones positivas y “sublevación militar” no –es más, es algo bastante bochornoso, tratándose de militares; pocos militares sublevados gustan de ser motejados así-. Pero “sublevación militar” es, probablemente, el término exacto. Una sublevación militar que dio lugar a una guerra civil, seguida, ya en tiempo de paz –o tras la victoria de un bando, si se prefiere- de una cruenta represión cuyo alcance está, en estos momentos, estableciéndose con certeza, pero de dimensiones muy importantes. A ello, siguió una larga etapa de gobierno dictatorial, con empleo de técnicas variadas para el mantenimiento de la estabilidad del propio régimen, incluyendo, por supuesto, la violencia en diferentes grados y ámbitos. Personalmente, no encuentro nada de agradable en el relato. Pero cualquiera que haya leído a Hanna Arendt –que nos explicó muy bien qué es el totalitarismo-, por ejemplo, encontrará difícil calificar ese régimen de “totalitario”. Entiendo perfectamente que quienes padecieron de modo particular la violencia del régimen lo motejen de tal, como forma de expresar su rechazo; entiendo menos que haya quien emplee esos calificativos con el solo fin de engrandecer la fiereza del moro muerto que alancea o, sencillamente, para elevar el nivel de su perfil de resistente.
Pero convengo con The Economist en que es bueno reservar un cierto uso recto de las palabras. En caso contrario, se pierde su significado y, por tanto, su utilidad.
Una de las peores plagas de nuestro tiempo, impuesta por la dictadura del lenguaje de cortos vuelos que emplean los políticos de todos los signos –especialmente los abogados de la corrección política- es el de la desaparición de los matices. El de las equivalencias presuntas. El de la identidad entre comprender, analizar o, simplemente, describir y justificar. Un ejemplo: si yo no acepto el calificativo “totalitario” aplicado al franquismo, es porque simpatizo con el franquismo. Si niego lo apropiado de la expresión “genocidio” para referirme, por ejemplo, a la violencia contra los palestinos, es porque respaldo dicha violencia perpetrada por los israelíes. En rigor, es, debería ser, imposible sacar tales conclusiones de esos enunciados. Pero, entonces, claro está, no viviríamos, como es el caso, en el mundo de Humpty Dumpty, en el que las palabras significan exactamente lo que alguno quiere que signifiquen.
En el mundo en el que no hay historia, sino memoria histórica.
domingo, 29 de mayo de 2011
"Sociológicamente de izquierdas"
Visto el mapa de resultados electorales del 22M, teñido de azul –al menos, en la mayoría de los diarios, se sigue la convención de atribuir el azul al PP y el rojo al PSOE (cosa curiosa, en las elecciones americanas, el azul es el color de los Demócratas y el rojo el de los Republicanos)- le entran a uno importantes dudas sobre la validez de aquella afirmación de que “España es un país sociológicamente de izquierdas”. Al menos por el sentido del voto municipal, más bien se diría que estamos ante un país abrumadoramente de derechas. En realidad, creo que lo que se quiere decir, más bien, cuando se dice que el país es “sociológicamente de izquierdas” es que lo natural es que gane siempre, o casi siempre, el PSOE. Que el PSOE es el partido que debe vertebrar la democracia española, siendo el PP un ente auxiliar. Discurso, claro está, muy grato al PSOE, pero que parece también asumido en ciertos sectores de la derecha.
La cosa no sería ya tan nítida, si de voto a los partidos hablamos. Es verdad que la crisis económica ha debido provocar una honda desafección en los votantes socialistas y, por el contrario, ha debido movilizar a muchos votantes populares, pero no parece explicación suficiente. La prueba es que el PP logra aglutinar mayorías desde hace muchos años en territorios tales como la Comunidad de Madrid, en las que el mercado político es muy amplio. Esta capacidad de obtener buenos resultados, de modo sostenido en el tiempo, por parte de la derecha, hace que resulte también, por lo menos con carácter general, el argumento de que el electorado de izquierdas es más volátil, en tanto que el de derechas es más disciplinado. Así, el PP tendría menos apoyo efectivo, pero en forma de un suelo electoral berroqueño.
Si realmente se trata de algo superado, ¿por qué el PP sigue eludiendo cualquier etiqueta que le relacione con el campo semántico tradicionalmente atribuido a la derecha? ¿Acaso los analistas del Partido Popular ignoran lo que los datos evidencian? Quizá la respuesta, sí, debe darse en un plano algo más profundo del que permiten atisbar los resultados electorales.
En primer lugar, lo que sí es abrumadoramente “de izquierdas” es la opinión publicada y lo que podríamos denominar la “intelectualidad” en nuestro país. Aunque este estado de cosas abona el terreno para el chiste fácil de que el “pensamiento de derechas” es un oxímoron, lo cierto es que sigue siendo destacable, por contraste con otros países, el escaso aparato intelectual del que goza la derecha española. No es, desde luego, ajeno a esto el cómo se integra, en nuestro país, lo que denominamos la clase “intelectual”, en buena medida a través de los vericuetos, bastante endogámicos, de la vida universitaria, extraordinariamente controlada por el poder político, en la que el pluralismo no es especialmente destacable. Pero también ha contribuido el importante grado de control que el “mundo de la izquierda” ostenta sobre las industrias culturales, especialmente las más próximas al ciudadano, allí donde la cultura linda, y a veces se confunde, con el entretenimiento. Existe, en fin, también un importante componente generacional. Por razones evidentes, sigue desempeñando un papel destacadísimo en nuestro país y entre sus clases rectoras, gente que asocia la derecha y sus valores, en su conjunto, a un período extraordinariamente sombrío.
Esto, sin duda, está en proceso de cambio. Pero no es lo mismo, ciertamente, el brote de múltiples tertulias antisocialistas que la construcción de un aparato intelectual que pueda dignificar a la derecha española y soportar el discurso de los partidos que le den cauce. Hay, no obstante, algunas iniciativas al respecto. Pero la derecha realmente existente, es decir, el PP, sigue jugando fuera de casa.
A un nivel más llano, y probablemente mucho más mayoritario, la cuestión es diferente. Cuando decimos que los españoles son “sociológicamente de izquierdas”, a mi modo de ver, lo que se quiere decir es que los españoles son abrumadoramente partidarios de las políticas tradicionalmente asociadas a la izquierda. Es decir, las políticas igualitaristas de cohesión social. El PSOE sería –vaya usted a saber por qué- el proveedor natural, y se le retira la confianza, precisamente, porque se le ve incapaz de atender a sus compromisos. Pero lo cierto es que las derechas moderadas, en general de base cristiana, han demostrado, en Europa, ser excelentes mantenendoras, e incluso impulsoras, de esos estados-providencia que tanto gustan a los ciudadanos. En suma, más que ser “sociológicamente de izquierdas”, parece que lo que el ciudadano español tiene es perfectamente asumido su rol de cliente.
La estrategia del PP es, entonces, perfectamente comprensible. Sencillamente, se postula como gerente. No tiene ningún interés en hacer ninguna clase de pedagogía que, por otra parte, pondría de manifiesto sus propias contradicciones internas. La realidad es que no hay motivo alguno por el que el PP no pueda ganar las elecciones una y mil veces… mientras no haga gala de un alma excesivamente liberal. El “miedo a la derecha” no es miedo a un franquismo ya de imposible memoria para la mayoría, sino miedo al final de los “derechos”. Y, me temo, la sociedad española sí es absolutamente refractaria a cualquier clase de discurso fundado en una ética de la responsabilidad.
El gran triunfo de lo que Hayek denominaba los “socialistas de todos los partidos” es que han logrado constitucionalizar, materialmente, sus valores. Los han puesto más allá de lo debatible. La operación más sensacional que ha visto la historia de las ideas es la institucionalización de la “gran mentira” –así la llamaba Revel-. El credo de la socialdemocracia no puede ser, como cualquier otro sistema de ideas, falsado por contraste con la realidad porque no es, en verdad, cuestionable. Por eso la única gran revolución democrática que puede hacerse en nuestras sociedades, el único cuestionamiento real del sistema pasaría no por buscar soluciones dentro de ese conjunto de valores, sino por desmontarlo, por cuestionarlo a radice. El esfuerzo intelectual necesario es, seguramente, titánico. La venta electoral, poco menos que imposible.
La vuelta del ciudadano-cliente al ciudadano-ciudadano. Así dicho, suena atractivo. Hasta valdría como eslogan. Pero daría vértigo. ¿Dónde iría el pobre ciudadano sin sus “derechos”?
La cosa no sería ya tan nítida, si de voto a los partidos hablamos. Es verdad que la crisis económica ha debido provocar una honda desafección en los votantes socialistas y, por el contrario, ha debido movilizar a muchos votantes populares, pero no parece explicación suficiente. La prueba es que el PP logra aglutinar mayorías desde hace muchos años en territorios tales como la Comunidad de Madrid, en las que el mercado político es muy amplio. Esta capacidad de obtener buenos resultados, de modo sostenido en el tiempo, por parte de la derecha, hace que resulte también, por lo menos con carácter general, el argumento de que el electorado de izquierdas es más volátil, en tanto que el de derechas es más disciplinado. Así, el PP tendría menos apoyo efectivo, pero en forma de un suelo electoral berroqueño.
Si realmente se trata de algo superado, ¿por qué el PP sigue eludiendo cualquier etiqueta que le relacione con el campo semántico tradicionalmente atribuido a la derecha? ¿Acaso los analistas del Partido Popular ignoran lo que los datos evidencian? Quizá la respuesta, sí, debe darse en un plano algo más profundo del que permiten atisbar los resultados electorales.
En primer lugar, lo que sí es abrumadoramente “de izquierdas” es la opinión publicada y lo que podríamos denominar la “intelectualidad” en nuestro país. Aunque este estado de cosas abona el terreno para el chiste fácil de que el “pensamiento de derechas” es un oxímoron, lo cierto es que sigue siendo destacable, por contraste con otros países, el escaso aparato intelectual del que goza la derecha española. No es, desde luego, ajeno a esto el cómo se integra, en nuestro país, lo que denominamos la clase “intelectual”, en buena medida a través de los vericuetos, bastante endogámicos, de la vida universitaria, extraordinariamente controlada por el poder político, en la que el pluralismo no es especialmente destacable. Pero también ha contribuido el importante grado de control que el “mundo de la izquierda” ostenta sobre las industrias culturales, especialmente las más próximas al ciudadano, allí donde la cultura linda, y a veces se confunde, con el entretenimiento. Existe, en fin, también un importante componente generacional. Por razones evidentes, sigue desempeñando un papel destacadísimo en nuestro país y entre sus clases rectoras, gente que asocia la derecha y sus valores, en su conjunto, a un período extraordinariamente sombrío.
Esto, sin duda, está en proceso de cambio. Pero no es lo mismo, ciertamente, el brote de múltiples tertulias antisocialistas que la construcción de un aparato intelectual que pueda dignificar a la derecha española y soportar el discurso de los partidos que le den cauce. Hay, no obstante, algunas iniciativas al respecto. Pero la derecha realmente existente, es decir, el PP, sigue jugando fuera de casa.
A un nivel más llano, y probablemente mucho más mayoritario, la cuestión es diferente. Cuando decimos que los españoles son “sociológicamente de izquierdas”, a mi modo de ver, lo que se quiere decir es que los españoles son abrumadoramente partidarios de las políticas tradicionalmente asociadas a la izquierda. Es decir, las políticas igualitaristas de cohesión social. El PSOE sería –vaya usted a saber por qué- el proveedor natural, y se le retira la confianza, precisamente, porque se le ve incapaz de atender a sus compromisos. Pero lo cierto es que las derechas moderadas, en general de base cristiana, han demostrado, en Europa, ser excelentes mantenendoras, e incluso impulsoras, de esos estados-providencia que tanto gustan a los ciudadanos. En suma, más que ser “sociológicamente de izquierdas”, parece que lo que el ciudadano español tiene es perfectamente asumido su rol de cliente.
La estrategia del PP es, entonces, perfectamente comprensible. Sencillamente, se postula como gerente. No tiene ningún interés en hacer ninguna clase de pedagogía que, por otra parte, pondría de manifiesto sus propias contradicciones internas. La realidad es que no hay motivo alguno por el que el PP no pueda ganar las elecciones una y mil veces… mientras no haga gala de un alma excesivamente liberal. El “miedo a la derecha” no es miedo a un franquismo ya de imposible memoria para la mayoría, sino miedo al final de los “derechos”. Y, me temo, la sociedad española sí es absolutamente refractaria a cualquier clase de discurso fundado en una ética de la responsabilidad.
El gran triunfo de lo que Hayek denominaba los “socialistas de todos los partidos” es que han logrado constitucionalizar, materialmente, sus valores. Los han puesto más allá de lo debatible. La operación más sensacional que ha visto la historia de las ideas es la institucionalización de la “gran mentira” –así la llamaba Revel-. El credo de la socialdemocracia no puede ser, como cualquier otro sistema de ideas, falsado por contraste con la realidad porque no es, en verdad, cuestionable. Por eso la única gran revolución democrática que puede hacerse en nuestras sociedades, el único cuestionamiento real del sistema pasaría no por buscar soluciones dentro de ese conjunto de valores, sino por desmontarlo, por cuestionarlo a radice. El esfuerzo intelectual necesario es, seguramente, titánico. La venta electoral, poco menos que imposible.
La vuelta del ciudadano-cliente al ciudadano-ciudadano. Así dicho, suena atractivo. Hasta valdría como eslogan. Pero daría vértigo. ¿Dónde iría el pobre ciudadano sin sus “derechos”?
domingo, 22 de mayo de 2011
El (ausente) debate territorial
Cuando esto se publique, los españoles estarán votando para elegir a sus concejales y, algunos, además, a sus diputados autonómicos. Tras la correspondiente liturgia, vendrá el conteo, siempre emocionante, y, a partir de mañana, esa especie de segunda vuelta, ya sin participación ciudadana –y en la que, tengo la sensación, a veces no participan ni siquiera los propios electos- que dictará cómo se distribuye el poder efectivo que hay en juego.
Nosotros no elegimos alcaldes ni presidentes autonómicos, como tampoco elegimos presidentes del Gobierno de la Nación. El sistema es parlamentario en todos sus niveles, al menos de iure. Cuestión diferente es si deberíamos elegir directamente esos cargos o algunos de ellos. Porque el sistema no es, hace ya tiempo, parlamentario de facto, sino netamente presidencialista o, si se prefiere, articulado de hecho, también en todos sus niveles, en torno al ejecutivo. Esto requeriría matices y precisiones, pero ésta es, sin duda, una de las grandes disfunciones de nuestro sistema político, que debería ser corregida. Pero este es tema para otra ocasión.
Se dice, con razón, que incluso antes de la irrupción en escena de los “indignados”, la campaña electoral discurría en clave claramente nacional. Es muy probable que las particulares circunstancias que atraviesa el país hagan de cualquier cita electoral la ocasión óptima para centrarse en el debate que ahora importa, pero, independientemente de que sea o no adecuado u oportuno esta vez, el que los comicios infraestatales, al menos aquellos que no ocurren, o no pueden ocurrir, perfectamente aislados de cualquier otra elección (como es el caso de las elecciones autonómicas en Cataluña, Galicia y el País Vasco y podría ser el andaluz, sino fuera porque es ya tradición que los presidentes de la Junta nunca se arriesguen a quedarse solos en el centro de la plaza) se ventilen en clave nacional es muy habitual, algo casi tradicional en nuestra democracia. Sin traer en causa, por anacrónico y excepcional, el cómo las elecciones municipales de abril del 31 se convirtieron en un plebiscito sobre la monarquía (mejor dicho, los resultados se leyeron de ese modo, porque no creo que fuera ese el planteamiento ex ante), no recuerdo que ninguna campaña electoral municipal o autonómica haya versado, salvo cuestiones menores, sobre materias locales y regionales.
Supongo que es lógico, si tenemos en cuenta que, en sustancia, estas elecciones no son sino episodios de la querella permanente entre los dos grandes partidos nacionales que, en nuestro país –y contra toda previsión del constituyente, por cierto- han llegado a cuasimonopolizar el debate político. Las elecciones municipales y autonómicas parecen episodios de la disputa nacional, simplemente porque lo son. Son las metas volantes a la espera del premio mayor, y se organizan por los mismos aparatos que gestionan las nacionales.
Lo llamativo, y lamentable, no es eso –ya digo que, además, me parece oportuno que, en las actuales circunstancias, se aproveche cualquier ocasión para buscar, cuanto antes, una salida al impasse que vivimos, y que no puede venir sino de unas elecciones generales-. Lo lamentable, a mi juicio, es que la cuestión local y autonómica en sí, como problema, haya estado completamente ausente. Y es un tema que, en estos tiempos, debería ser de rabiosa actualidad.
La cuestión de la organización territorial del Estado es una de las más importantes que España tiene planteadas. Y es, además, una cuestión con múltiples planos. Uno de ellos es el estrictamente político, la organización territorial como trasunto de la sempiterna “cuestión regional”, la única de de las tres grandes preocupaciones que nos legó sin resolver el XIX (las otras dos eran la cuestión social y la cuestión religiosa) que sigue no ya sin solucionarse, sino sin visos de haber alcanzado ni siquiera un equilibrio inestable –si es que algo puede quedar en equilibrio, aunque sea inestable, en el ocaso del zapaterismo-. En este sentido, el tema trasciende los aspectos organizativos en sentido propio para entrar de lleno en las cuestiones esenciales. No se trata de cómo se organiza España, sino de lo que España es.
Pero la problemática territorial tiene también otra dimensión, ésta técnico-administrativa, o puramente organizativa, si se quiere, quizá menos emocionante o menos trascendente en lo existencial, pero en extremo relevante para nuestro día a día. La provisión, hoy, de cerca de ocho mil –sí, ocho mil- ayuntamientos y trece parlamentos autonómicos, algunos de ellos con más de cien integrantes, apunta, a las claras, a una descomunal ineficiencia, a una palmaria irracionalidad en la forma en que nos administramos y, por tanto, en los costes de gobernación que afrontamos.
El sistema municipal español debería ser modernizado de raíz, incluyendo, cómo no, el plano fiscal. El número de municipios debería descender muy notablemente, a través de la concentración, estableciéndose, además, reglas especiales, en diversos órdenes, para las ciudades más grandes y sus áreas metropolitanas. Carece de sentido mantener una infraestructura municipal que ya no responde a la distribución geográfica de la población, ni permite disponer de unos entes locales adecuados a la realidad del país. Los municipios deben acceder, además, a un sistema de ingresos públicos proporcionado a los servicios que ofrecen, sin depender de elementos especulativos. Algunos pensamos que hay una ligazón algo más que sutil entre la actividad especulativa sobre el suelo, la voracidad de los partidos políticos y la menesterosidad natural de las arcas municipales. Todo ello debería revisarse, y con urgencia.
Quizá, también, algún día sea posible, orillando por unos instantes, si pudiera ser, la dimensión política a la que me refería, plantearse si el mapa autonómico tiene sentido como es. En España viven, habitante arriba, habitante abajo, cuarenta y seis millones de personas. Aproximadamente un cincuenta por ciento residen, o hacen su vida, en solo tres comunidades autónomas (Madrid, Cataluña y Andalucía). Si las cuentas no me fallan, del resto de las comunidades, apenas unas pocas alcanzan o rebasan los dos millones de habitantes. Pero disponemos de diecisiete aparatos cuasiestatales completos, con literalmente miles de organismos públicos y empresas-satélite. ¿Acaso no debería esto ser materia de debate? De hecho, ¿no sería la materia principal de debate a la vista de unas elecciones municipales y autonómicas?
La cuestión viene extraordinariamente a cuento. España tiene cuatro grandes reformas pendientes si quiere, algún día, no ya retomar la senda del crecimiento, que también, sino establecerse por un tiempo prolongado en el elenco de países sobre cuya solvencia a largo plazo no quepa albergar dudas: la del sistema financiero, la del mercado de trabajo, la del sistema educativo y la de la organización territorial. De ellas, la primera está en curso –por lo menos, existe algún movimiento al respecto-, y la segunda arrancará cuando sindicatos, patronal y gobierno (quizá debería haber escrito "o" gobierno) quieran. ¿Qué ocurre con la tercera y la cuarta? Parece que cuado nos acercamos al “núcleo duro” de las reservas ideológicas de cierta izquierda o, más ampliamente, al pan nuestro de cada día de políticos en general, las reformas no están ni se las espera. Se dice que hemos de reducir el déficit autonómico, como se constata que demasiados jóvenes españoles no acaban ni siquiera la secundaria obligatoria… como quien oye llover.
Supongo que es una ingenuidad creer que puede haber una España de nueva planta, cuya organización quede determinada, con tiralíneas, con criterios racionales. Ni eso ha funcionado nunca en la práctica, desde que el mundo es mundo, ni se puede eludir que, a estas alturas, incluso criaturas en las que nadie creía hace unos años, como ciertos entes territoriales, gozan hoy de una raigambre que hace imposible tratarlos como si de meras creaciones administrativas se tratara.
Pero tiene que ser posible embridar este desmadre. Por lo menos, limarle las aristas más absurdas, de algún modo.
Nosotros no elegimos alcaldes ni presidentes autonómicos, como tampoco elegimos presidentes del Gobierno de la Nación. El sistema es parlamentario en todos sus niveles, al menos de iure. Cuestión diferente es si deberíamos elegir directamente esos cargos o algunos de ellos. Porque el sistema no es, hace ya tiempo, parlamentario de facto, sino netamente presidencialista o, si se prefiere, articulado de hecho, también en todos sus niveles, en torno al ejecutivo. Esto requeriría matices y precisiones, pero ésta es, sin duda, una de las grandes disfunciones de nuestro sistema político, que debería ser corregida. Pero este es tema para otra ocasión.
Se dice, con razón, que incluso antes de la irrupción en escena de los “indignados”, la campaña electoral discurría en clave claramente nacional. Es muy probable que las particulares circunstancias que atraviesa el país hagan de cualquier cita electoral la ocasión óptima para centrarse en el debate que ahora importa, pero, independientemente de que sea o no adecuado u oportuno esta vez, el que los comicios infraestatales, al menos aquellos que no ocurren, o no pueden ocurrir, perfectamente aislados de cualquier otra elección (como es el caso de las elecciones autonómicas en Cataluña, Galicia y el País Vasco y podría ser el andaluz, sino fuera porque es ya tradición que los presidentes de la Junta nunca se arriesguen a quedarse solos en el centro de la plaza) se ventilen en clave nacional es muy habitual, algo casi tradicional en nuestra democracia. Sin traer en causa, por anacrónico y excepcional, el cómo las elecciones municipales de abril del 31 se convirtieron en un plebiscito sobre la monarquía (mejor dicho, los resultados se leyeron de ese modo, porque no creo que fuera ese el planteamiento ex ante), no recuerdo que ninguna campaña electoral municipal o autonómica haya versado, salvo cuestiones menores, sobre materias locales y regionales.
Supongo que es lógico, si tenemos en cuenta que, en sustancia, estas elecciones no son sino episodios de la querella permanente entre los dos grandes partidos nacionales que, en nuestro país –y contra toda previsión del constituyente, por cierto- han llegado a cuasimonopolizar el debate político. Las elecciones municipales y autonómicas parecen episodios de la disputa nacional, simplemente porque lo son. Son las metas volantes a la espera del premio mayor, y se organizan por los mismos aparatos que gestionan las nacionales.
Lo llamativo, y lamentable, no es eso –ya digo que, además, me parece oportuno que, en las actuales circunstancias, se aproveche cualquier ocasión para buscar, cuanto antes, una salida al impasse que vivimos, y que no puede venir sino de unas elecciones generales-. Lo lamentable, a mi juicio, es que la cuestión local y autonómica en sí, como problema, haya estado completamente ausente. Y es un tema que, en estos tiempos, debería ser de rabiosa actualidad.
La cuestión de la organización territorial del Estado es una de las más importantes que España tiene planteadas. Y es, además, una cuestión con múltiples planos. Uno de ellos es el estrictamente político, la organización territorial como trasunto de la sempiterna “cuestión regional”, la única de de las tres grandes preocupaciones que nos legó sin resolver el XIX (las otras dos eran la cuestión social y la cuestión religiosa) que sigue no ya sin solucionarse, sino sin visos de haber alcanzado ni siquiera un equilibrio inestable –si es que algo puede quedar en equilibrio, aunque sea inestable, en el ocaso del zapaterismo-. En este sentido, el tema trasciende los aspectos organizativos en sentido propio para entrar de lleno en las cuestiones esenciales. No se trata de cómo se organiza España, sino de lo que España es.
Pero la problemática territorial tiene también otra dimensión, ésta técnico-administrativa, o puramente organizativa, si se quiere, quizá menos emocionante o menos trascendente en lo existencial, pero en extremo relevante para nuestro día a día. La provisión, hoy, de cerca de ocho mil –sí, ocho mil- ayuntamientos y trece parlamentos autonómicos, algunos de ellos con más de cien integrantes, apunta, a las claras, a una descomunal ineficiencia, a una palmaria irracionalidad en la forma en que nos administramos y, por tanto, en los costes de gobernación que afrontamos.
El sistema municipal español debería ser modernizado de raíz, incluyendo, cómo no, el plano fiscal. El número de municipios debería descender muy notablemente, a través de la concentración, estableciéndose, además, reglas especiales, en diversos órdenes, para las ciudades más grandes y sus áreas metropolitanas. Carece de sentido mantener una infraestructura municipal que ya no responde a la distribución geográfica de la población, ni permite disponer de unos entes locales adecuados a la realidad del país. Los municipios deben acceder, además, a un sistema de ingresos públicos proporcionado a los servicios que ofrecen, sin depender de elementos especulativos. Algunos pensamos que hay una ligazón algo más que sutil entre la actividad especulativa sobre el suelo, la voracidad de los partidos políticos y la menesterosidad natural de las arcas municipales. Todo ello debería revisarse, y con urgencia.
Quizá, también, algún día sea posible, orillando por unos instantes, si pudiera ser, la dimensión política a la que me refería, plantearse si el mapa autonómico tiene sentido como es. En España viven, habitante arriba, habitante abajo, cuarenta y seis millones de personas. Aproximadamente un cincuenta por ciento residen, o hacen su vida, en solo tres comunidades autónomas (Madrid, Cataluña y Andalucía). Si las cuentas no me fallan, del resto de las comunidades, apenas unas pocas alcanzan o rebasan los dos millones de habitantes. Pero disponemos de diecisiete aparatos cuasiestatales completos, con literalmente miles de organismos públicos y empresas-satélite. ¿Acaso no debería esto ser materia de debate? De hecho, ¿no sería la materia principal de debate a la vista de unas elecciones municipales y autonómicas?
La cuestión viene extraordinariamente a cuento. España tiene cuatro grandes reformas pendientes si quiere, algún día, no ya retomar la senda del crecimiento, que también, sino establecerse por un tiempo prolongado en el elenco de países sobre cuya solvencia a largo plazo no quepa albergar dudas: la del sistema financiero, la del mercado de trabajo, la del sistema educativo y la de la organización territorial. De ellas, la primera está en curso –por lo menos, existe algún movimiento al respecto-, y la segunda arrancará cuando sindicatos, patronal y gobierno (quizá debería haber escrito "o" gobierno) quieran. ¿Qué ocurre con la tercera y la cuarta? Parece que cuado nos acercamos al “núcleo duro” de las reservas ideológicas de cierta izquierda o, más ampliamente, al pan nuestro de cada día de políticos en general, las reformas no están ni se las espera. Se dice que hemos de reducir el déficit autonómico, como se constata que demasiados jóvenes españoles no acaban ni siquiera la secundaria obligatoria… como quien oye llover.
Supongo que es una ingenuidad creer que puede haber una España de nueva planta, cuya organización quede determinada, con tiralíneas, con criterios racionales. Ni eso ha funcionado nunca en la práctica, desde que el mundo es mundo, ni se puede eludir que, a estas alturas, incluso criaturas en las que nadie creía hace unos años, como ciertos entes territoriales, gozan hoy de una raigambre que hace imposible tratarlos como si de meras creaciones administrativas se tratara.
Pero tiene que ser posible embridar este desmadre. Por lo menos, limarle las aristas más absurdas, de algún modo.
viernes, 20 de mayo de 2011
Indignados, ¿por qué?
La verdad es que el ya notorio “movimiento del 15M” no me resulta sencillo de valorar. ¿Es positivo o negativo? Obviemos, por absurdos, los paralelismos entre la Puerta del Sol y la Plaza de Tahrir. Hay quien encuentra ofensiva la comparación porque, al parecer, rebaja a los españoles y su democracia a niveles africanos. Personalmente, si algo encuentro de ofensivo en el símil es que minimiza hasta niveles inaceptables la gesta de los egipcios. En fin, es una tontería, y no merece la pena extenderse en tonterías, aunque se publiquen en el Financial Times. Tampoco quiero entrar, en este caso por inquietante, en los deseos, expresados por algunos, de que esto devenga una suerte de nuevo mayo del 68. Como apunte, diré que no deja de sorprenderme que, a estas alturas, todavía haya quien evoque como hito positivo –bien es verdad que suele tratarse de sesentones que no están por desdecirse- lo que, con el debido respeto, me parece una de las mayores explosiones de estupidez humana que vieron los siglos, cuya onda expansiva aún padecemos.
En fin, empecemos por decir que cuesta no sentir simpatía por la expresión de cabreo colectivo. De hecho, parece que ese es el nexo común entre los múltiples grupúsculos que integran esta especie de red que configura el movimiento. No sé cuánta gente cabe en la Puerta del Sol y aledaños, pero seguro que no son ni una mínima fracción de aquellos que están profundamente soliviantados. Servidor incluido. La angustiosa situación de nuestro país, combinada con la exhibición de idiocia –en el más amplio sentido- e impudicia sin límites de nuestra clase política en general, a la que se añade la incompetencia gubernativa no puede sino causar una profunda desazón. Un malestar que no busca sino cauces para expresarse.
El problema es que ahí acaba la historia. Después, o aparte, del cabreo, ¿qué?
Sabemos, porque nos lo ha explicado mucha gente sabia, desde Ortega al maestro Sartori, que esto que llamamos la democracia liberal de mercado –o, simplemente, “democracia”- es un artefacto en extremo complejo. Y, a veces, desesperante. Sobre todo cuando se constata que no es fácil hallarle alternativa.
Las multitudes hacen patente algo que resulta evidente, a poco que se reflexione: cuan difícil es construir un discurso positivo, y técnicamente complejo, a partir de sentimientos primarios, que son los únicos que la masa es capaz de expresar. El edificio de la democracia representativa, ruinoso como está, muestra la solidez de su urdimbre cuando se lo compara con la tosquedad de lo que puede dar de sí la democracia directa. La multitud se agrupa en torno a simplificaciones. Pero la realidad no es simple y, además, las simplificaciones son falaces. Yo mismo he recurrido a una más arriba. He hablado de la “clase política”. ¿Acaso la clase política es toda igual? No. Solo desde una simplificación muy grosera es posible afirmar semejante cosa. Comprendo que es un discurso que puede ser grato al poder, porque alimenta la idea de que no existe alternativa. Pero siempre la hay, mejor o menos mala. Solo hay que saber elegir entre males. La pregunta de por qué hay que elegir entre males, creo, ya sí tiene algo de infantil.
Simplificación, también, al hablar de “los mercados”. Los mercados son malos. ¿Es cierto? No, en absoluto. Si se quiere decir que lo malo son los odiosos oligopolios que manipulan a placer, dígase. Pero la cuestión no es tan simple, insisto. ¿Acaso demonizar a los mercados no es una forma fácil de ocultar el fracaso de las autoridades –políticas- que los gestionan y embridan? ¿Por qué “los mercados”? ¿Por qué no todos esos banqueros centrales poco competentes? ¿Y qué hay de esa casta de pseudotécnicos o pseudopolíticos que conforman la burocracia económica internacional? No son técnicos, porque no suelen estar ahí sino por decisión de un político, pero tampoco son políticos de raza, de los que, al final, dan la cara ante algún electorado.
Los jóvenes protestan. Y lo hacen con razón. ¿Pero, de veras lo hacen porque les han robado el futuro o porque les han robado el pasado? Están “indignados”. Recuerdo que compré y leí con avidez el panfletillo de Stéphane Hessel. “Indignez-vous!”, decía. Sonaba atractivo. Pero no me gustó nada lo que encontré. El más viejo discurso de la más vieja de las izquierdas. A veces, me da la sensación de que el público, que cae en la cuenta de que ha asistido a una comedia, se indigna, en efecto, pero no porque haya sido engañado, sino porque la comedia ha terminado.
¿A qué, entonces, la santa indignación? ¿Es contra los comediantes o es porque se ha acabado la comedia? No lo tengo nada claro. Decían los viejos liberales, con Locke a la cabeza, que el ciudadano, en realidad, no tiene derechos. Tiene deberes. Nuestros derechos no son sino los deberes de los demás. Me juego algo a que ese discurso no es hoy más popular que hace una semana.
Están indignados. Y eso, insisto, me resulta simpático. Yo también. Pero no sé si estamos todos indignados por lo mismo.
En fin, empecemos por decir que cuesta no sentir simpatía por la expresión de cabreo colectivo. De hecho, parece que ese es el nexo común entre los múltiples grupúsculos que integran esta especie de red que configura el movimiento. No sé cuánta gente cabe en la Puerta del Sol y aledaños, pero seguro que no son ni una mínima fracción de aquellos que están profundamente soliviantados. Servidor incluido. La angustiosa situación de nuestro país, combinada con la exhibición de idiocia –en el más amplio sentido- e impudicia sin límites de nuestra clase política en general, a la que se añade la incompetencia gubernativa no puede sino causar una profunda desazón. Un malestar que no busca sino cauces para expresarse.
El problema es que ahí acaba la historia. Después, o aparte, del cabreo, ¿qué?
Sabemos, porque nos lo ha explicado mucha gente sabia, desde Ortega al maestro Sartori, que esto que llamamos la democracia liberal de mercado –o, simplemente, “democracia”- es un artefacto en extremo complejo. Y, a veces, desesperante. Sobre todo cuando se constata que no es fácil hallarle alternativa.
Las multitudes hacen patente algo que resulta evidente, a poco que se reflexione: cuan difícil es construir un discurso positivo, y técnicamente complejo, a partir de sentimientos primarios, que son los únicos que la masa es capaz de expresar. El edificio de la democracia representativa, ruinoso como está, muestra la solidez de su urdimbre cuando se lo compara con la tosquedad de lo que puede dar de sí la democracia directa. La multitud se agrupa en torno a simplificaciones. Pero la realidad no es simple y, además, las simplificaciones son falaces. Yo mismo he recurrido a una más arriba. He hablado de la “clase política”. ¿Acaso la clase política es toda igual? No. Solo desde una simplificación muy grosera es posible afirmar semejante cosa. Comprendo que es un discurso que puede ser grato al poder, porque alimenta la idea de que no existe alternativa. Pero siempre la hay, mejor o menos mala. Solo hay que saber elegir entre males. La pregunta de por qué hay que elegir entre males, creo, ya sí tiene algo de infantil.
Simplificación, también, al hablar de “los mercados”. Los mercados son malos. ¿Es cierto? No, en absoluto. Si se quiere decir que lo malo son los odiosos oligopolios que manipulan a placer, dígase. Pero la cuestión no es tan simple, insisto. ¿Acaso demonizar a los mercados no es una forma fácil de ocultar el fracaso de las autoridades –políticas- que los gestionan y embridan? ¿Por qué “los mercados”? ¿Por qué no todos esos banqueros centrales poco competentes? ¿Y qué hay de esa casta de pseudotécnicos o pseudopolíticos que conforman la burocracia económica internacional? No son técnicos, porque no suelen estar ahí sino por decisión de un político, pero tampoco son políticos de raza, de los que, al final, dan la cara ante algún electorado.
Los jóvenes protestan. Y lo hacen con razón. ¿Pero, de veras lo hacen porque les han robado el futuro o porque les han robado el pasado? Están “indignados”. Recuerdo que compré y leí con avidez el panfletillo de Stéphane Hessel. “Indignez-vous!”, decía. Sonaba atractivo. Pero no me gustó nada lo que encontré. El más viejo discurso de la más vieja de las izquierdas. A veces, me da la sensación de que el público, que cae en la cuenta de que ha asistido a una comedia, se indigna, en efecto, pero no porque haya sido engañado, sino porque la comedia ha terminado.
¿A qué, entonces, la santa indignación? ¿Es contra los comediantes o es porque se ha acabado la comedia? No lo tengo nada claro. Decían los viejos liberales, con Locke a la cabeza, que el ciudadano, en realidad, no tiene derechos. Tiene deberes. Nuestros derechos no son sino los deberes de los demás. Me juego algo a que ese discurso no es hoy más popular que hace una semana.
Están indignados. Y eso, insisto, me resulta simpático. Yo también. Pero no sé si estamos todos indignados por lo mismo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)