Por lo menos, saber algo de algo

Luis Garicano y Jesús Fernández-Villaverde son dos economistas españoles, profesores en el extranjero, en la London School of Economics el uno y en la Universidad de Pennsylvania el otro. El domingo, en el suplemento salmón de El País, publicaron un interesantísimo artículo sobre la educación –creo que, en rigor, se referían más bien a la  educación universitaria, aunque sus argumentos son extensivos a otras etapas- en España (véase aquí). Aparte de criticar, con pleno fundamento, el toma y daca que, respecto a la educación, se traen los partidos mayoritarios y las sucesivas reformas, los autores se centran, con mérito, en el fondo: clase de religión aparte, aquí poco se debate sobre qué y cómo se enseña.

Garicano y Fernández-Villaverde se desenvuelven profesionalmente en un entorno universitario anglosajón, muy distinto al español y en el que, ciertamente, se valoran habilidades que en el estudiante español no solo no se potencian, sino que son preteridas, si no ignoradas. Mientras que un estudiante inglés o americano jamás podrá licenciarse sin haber escrito páginas y páginas de documentos propios a partir de investigaciones bibliográficas, es perfectamente posible que su homólogo en una facultad española haga toda la carrera sin abrir un solo libro, viviendo de los dichosos apuntes. Es difícil no dar la razón a los dos economistas: el sistema educativo español sirve para cualquier cosa excepto para formar espíritus críticos. Se continúa primando el estudio memorístico –caricaturizado en las “listas de ríos”- y, por tanto, el desarrollo de conocimientos sobre el de habilidades intelectuales, empezando por la más elemental de todas, que es un correcto dominio del idioma (y un idioma se domina cuando se habla, lee y escribe con solvencia, claro). Y eso, por supuesto, no es el mejor caldo de cultivo para el desarrollo científico del país o para su desarrollo, a secas.

Convengo con Garicano y Fernández-Villaverde en casi todo. Empero, creo que  caben algunos matices.

El primero es que una cosa es que la memoria no deba, quizá, ser el eje de la enseñanza y otra, bien diferente, que pueda ser simplemente dejada de lado como una potencia menor. Guste o no, es palmario que se sabe lo que se recuerda y lo que no, no. Qué hay que saber es lo discutible, por supuesto, pero también parece patente que hace falta un armazón mínimo mental en el que colgar todos los desarrollos que habrán de venir después. Las “listas de ríos”, como se suele decir con menosprecio –aparte un ejercicio, en sí, tan bueno o tan malo como cualquier otro a la hora de ejercitar algo que es ejercitable- resultan imprescindibles para muchas cosas. Y, lamentablemente, cuando se está en disposición de entender cuáles son esas cosas es ya tarde para aprender las listas. De mis tiempos de bachiller –a caballo entre la escolástica nacionalcatólica que se iba y la modernidad pedagógico socialista que no terminaba de llegar- recuerdo unos libros curiosos cuyos capítulos llevaban títulos tan rabiosamente modernos como “aspectos sociales del siglo XVIII”… cuando los destinatarios de la cosa no tenían, normalmente, mucha idea de qué pasaba en el mundo en el siglo XVIII ni eran capaces de imaginárselo porque les faltaba la más elemental secuencia de eventos cronológicos que es el marco de cualquier estudio histórico. Sin duda, es mucho más meritorio leer y entender con aprovechamiento la Crítica de la Razón Pura y la República que pretender aprenderse de memoria sus respectivos resúmenes, pero ayuda mucho, muchísimo, saber que Kant y Platón no fueron contemporáneos, por ejemplo.

 Eso que llamamos “cultura” es, desde luego, mucho más que una mera colección de nociones disjuntas. Nadie es culto, simplemente, por saber muchas cosas de muchas disciplinas, pero nadie lo es, tampoco, sin unos mínimos mimbres que permitan poner en funcionamiento eficazmente las habilidades necesarias para esa operación compleja que es comprender el mundo en el que se vive – de todas las definiciones de cultura, creo que esa es la más práctica.

Garicano y Fernández-Villaverde podrían muy válidamente objetar, no obstante –porque supongo que no negarán que es función del sistema educativo proveer esos mínimos- que estas cuestiones no obstan a su argumento principal y deben estar resueltas al acabar la secundaria.

La segunda de las cuestiones que cabe matizar es el diferente panorama que, al menos a primera vista, viven en España las distintas ciencias. Los autores que comentamos son economistas y, por tanto, científicos sociales, área en la que, me temo, nuestras universidades no descuellan. ¿Es el panorama igual en las ciencias experimentales, en el derecho, en las humanidades…? Da la sensación de que la respuesta es no. Los científicos españoles no parecen adolecer en absoluto de taras en su formación. Padecen, eso sí, los rigores presupuestarios. No investigan porque no pueden. Luego nuestra universidad sí es, aquí, capaz de formar científicos excelentes. Según tengo entendido, los españoles más citados por sus homólogos –el índice de presencia en citas es una buena medida del desarrollo científico- son los matemáticos. La formación de los ingenieros españoles es famosa por lo terrible y, ciertamente, es posible que haya mucho de sinsentido –o de corporativismo tácito- en ese tour de force que son los primeros cursos de nuestras escuelas, cuya función, se puede sospechar, no es tanto formar ingenieros como seleccionarlos. Ahora bien, al más puro estilo de las escuelas francesas de las que derivan, el método podrá tenerse por poco eficiente, pero no puede tildarse de poco eficaz: España produce ingenieros excelentes, cuya competencia está acreditada en multitud de proyectos en el extranjero. Otro buen ejemplo son nuestros profesionales sanitarios: ellos son la espina dorsal de nuestro excelente sistema de salud. Es  difícil cuestionar la formación médica, entiendo, en el país que lidera la clasificación mundial de transplantes y se realizan las intervenciones quirúrgicas más audaces.

 Muy distinto es, ciertamente, el panorama de nuestras humanidades y nuestras ciencias sociales –que es, supongo, lo que les duele a nuestros autores-. Con las debidas y honrosas excepciones, salvados endemismos, España no produce excelsos historiadores, lingüistas, juristas, politólogos o economistas. El español es lengua amparada por la licencia de ignorar en demasiados ámbitos y, sobre todo en ciencias sociales en sentido más estricto (sociología, economía, ciencia política) es muy raro que las obras de autores extranjeros citen autores españoles. Es, quizá, aquí donde más justificadas se encuentran las críticas de Garicano y Fernández-Villaverde a las carencias metodológicas.  

Pero hay más, sin duda. Como carreras “con salidas”, escasamente vocacionales, estas disciplinas se han convertido en un verdadero repositorio de estudiantes que solo quieren un título, poco importa cuál. Son, además, carreras baratas desde el punto de vista de los medios, que pueden ofrecerse en múltiples campus a la vez y, por tanto, marcos naturales para esa industria del enseñar y ser enseñado, o hacer como qué, en que ha devenido nuestra universidad. Son, además, por supuesto, ciencias del hombre y, como tales, campo abonado para las ideologías y, por extensión, para los partidismos.

Las facultades de ciencias del hombre se convierten con extrema facilidad en reflejos de las sociedades en las que abren sus puertas. Una sociedad que, como la española, glorifica la mediocridad, recela del espíritu crítico y premia las adhesiones ciegas difícilmente puede acoger centros que cumplan la función básica de estimular un debate fecundo y una conciencia activa en torno a los problemas que más preocupan a la gente: los que les atañen como seres humanos. Nuestras ciencias humanas, además, acumulan retraso. Es posible, bajo una dictadura, practicar con aprovechamiento la medicina o la ingeniería –también el derecho, algún derecho- pero no es posible hacer buena historia, una ciencia política digna de tal nombre o practicar disciplinas filosóficas. Antes o después, el espíritu crítico –que siempre hay algo- topa con barreras. Antaño no podíamos, ahora no queremos.

Tenemos, en suma, el sistema educativo que queremos tener. Cuando unos hablan de “modernizar” se refieren a que haya ordenadores en las aulas y cuando otros hablan de “excelencia” quieren decir que la religión sea evaluable. Pero nadie quiere un sistema moderno ni excelente. En este terreno, como en tantos otros, la revolución ciudadana, la llegada de la modernidad verdadera –esa que jamás nos llegó del todo- sigue pendiente. Entre tanto, quizá no esté mal saberse los ríos. Al menos, por saber algo de algo.

 

 

¿NEOLIBERAL, NEOCONSERVADOR Y NACIONALISTA?

Hace no mucho, no recuerdo en qué diario, Antonio García-Santesmases caracterizaba al Partido Popular y su acción política como neoliberal en lo económico, neoconservadora en lo social y nacionalista –española, se entiende-. Decía también, eso sí, que se trata de un partido previsible, que no engaña demasiado en sus planteamientos.

Siendo García-Santesmases un politólogo fino, a lo mejor peca de trazo un poco grueso, quizá porque, más que describir caracteres de un planteamiento ideológico imputa pecados. A ello apuntan los “neos”, prefijos que, como es sabido, tienen por función neutralizar cuanto de noble y respetable pueda haber en el calificativo al que acompañan. Ser “liberal” o, incluso, ser “conservador” puede ser hasta de buen tono; ser “neo” lo que sea, ciertamente, no. Me barrunto que el profesor no los usa de modo enteramente científico.

Al caso, a juzgar por lo que se ve, se lee y se oye, no parece injusto motejar de “conservadora” a nuestra derecha. Incluso sería más ajustado, a veces, tildarla de reaccionaria. Si, como se dice y es esperable, en el PP conviven varias almas, en materias sociales y de costumbres parece claro cuál es la predominante. Cierto es que hay poco paso de las palabras a los hechos y, por tanto, no creo que pueda hablarse de un involucionismo, pero tampoco puede esperarse que determinados asuntos –cosas que algunos querrán entender como “progreso”- ocupen posiciones elevadas en la agenda. La regla tiene sus excepciones, claro está, como muestra el supuesto debate sobre el aborto.

Más problemática es la asignación de la etiqueta de “nacionalista”. Hablamos siempre de nacionalismo español, claro, que es el que se imputa, porque de otros se blasona.  El PP tiene o aspira a tener, desde luego, un discurso nacional –una de sus grandes fortalezas electorales estriba, sin duda, en ser percibido en todo el país como un bloque homogéneo- lo cual no tendría, por sí, que equivaler a tener un discurso nacionalista salvo, claro, desde la perspectiva de cierta izquierda para la que el mero hecho de pretender que pueda existir ese discurso, como el de que algo pueda ser calificado de “nacional” o de “español” sin apellidos es ya una muestra de nacionalismo. Para la izquierda española, por lo visto, los españoles estamos condenados a la identidad problemática y, por tanto, el mero hecho de afirmarnos como tales es ya sospechoso, especialmente para los españoles que viven en territorios donde otra identidad –esta sí, vigente y no marcada- deviene obligatoria. Quizá, pensarán algunos, cabe encontrar otra prueba de cargo de nacionalismo español, aún más concluyente, en abogar por una recentralización de competencias en el Estado o por la no desaparición de estructuras territoriales –como las diputaciones- ajenas a la lógica autonómica, de pura descentralización administrativa. Aparte de que algunos de estos cargos son solo parcialmente imputables al PP –que yo sepa, no ha hecho postura oficial de ningún rescate competencial, por ejemplo- ¿acaso no caben razones para cuestionar la organización territorial española sin entrar en esencialismos? No me considero un nacionalista (español) y sí creo que existen poderosos argumentos para defender una revisión del modelo territorial que, al menos parcialmente, implique una recentralización de competencias, entre otras cosas porque estamos en el siglo XXI y ya no es necesario que determinadas funciones, si se desempeñan desde una instancia central, requieran estructuras mastodónticas. Trasladar automáticamente la cuestión al campo del conflicto de identidades –que evidentemente, se da y desempeña un papel, pero que no tiene por qué ser central ni único- es una forma de hurtar el debate.

Pero, sin duda, la imputación -en ciertos casos, eso es- menos justificada es la de “liberal” en lo económico. Anécdotas aparte y más allá de que el gobierno actual dedique sus desvelos a cumplir puntualmente los requerimientos de Bruselas haciendo en cada momento lo que se exija, el compromiso del PP con un genuino liberalismo económico es, como mínimo, cuestionable. Solo una concepción muy grosera del liberalismo puede permitir argüir lo contrario. Poca iniciativa cabe detectar en el PP a la hora de reformar de veras el asfixiante sistema fiscal, por romper los oligopolios que lastran los mercados o, de nuevo, por reformar una estructura territorial –de nuevo, por razones que nada tienen que ver con el nacionalismo- que ahoga a la economía productiva. Al igual que sus predecesores en el poder –que no posan de liberales, eso sí- nada hace el PP por mejorar la calidad de nuestro estado de derecho, por limitar la profusión de normas, por crear seguridad jurídica, por potenciar un poder judicial útil e independiente.

Lo que se puede deducir de todo esto, aunque ya lo sabíamos es que el PP, quizá no siendo como García-Santesmases lo pinta no cubre el hueco de una derecha no conservadora, no nacionalista y genuinamente liberal. Una derecha que hace falta.

 

 

Liberalismo, austeridad y recortes

Una costumbre habitual de la izquierda es motejar de “liberal” toda política que se considera dañina, injusta y antisocial. Y es más frecuente aún anteponer el prefijo “neo” que vacía de todo contenido, de todo eco, de nobleza a un término que, a fin de cuentas, está emparentado con “libertad” –vocablo no condenable aunque no haya consenso sobre qué significa-. Más aún, la condena directa de “liberal” resultaría problemática, sobre todo, a quien profesan ideologías que no son sino herejías del liberalismo decimonónico y que guardan, respecto a él, una relación pareja a la que las religiones semíticas posteriores mantienen con el judaísmo: se condena, pero no es posible tirar todo el Antiguo Testamento a la basura.

Son, en particular, “neoliberales” y, por tanto, condenables sin paliativos por ese motivo –por la razón adjetiva, más allá de su sustancia- las políticas “de austeridad” que, por lo que se ve, se hacen equivaler a políticas de “recortes sociales”. Más aún, se dice, la penosa coyuntura que atraviesan las economías europeas se aprovecha por la conspiración neoliberal que no cesa para asestar el golpe de gracia al odioso estado de bienestar. El neoliberal, animado por su codicia y sus prejuicios, no descansa y aprovecha cualquier ocasión para cebarse en los más débiles y privarles de sus muy escasas conquistas.

Esta forma de pensar, por llamarlo de alguna manera, además de incurrir en el vicio corriente de identificar el liberalismo con el capitalismo salvaje y dar por hecho que cualquier persona que manifieste liberal tiene que comulgar con los catecismos de ciertas universidades americanas caricaturiza posiciones está profundamente errada.

Es cierto que los liberales son amigos de la austeridad, cualquiera que sea la coyuntura, referida a la administración de lo público. Y ello porque para los liberales la cuestión fiscal es algo más que una cuestión técnica y no puede reducirse a los debates entre keynesianos y no keynesianos sobre la conveniencia de tal o cual nivel de gasto público. La cuestión fiscal es una verdadera cuestión moral. Puede expresarse en términos thatcherianos, de puro sencillos: la propiedad privada –el derecho al producto del propio trabajo- es uno de los fundamentos básicos de la libertad personal y forma parte del núcleo esencial de los derechos humanos. El estado, que es algo necesario por muchos motivos, se financia con impuestos, actuales o futuros –la deuda es un impuesto futuro- que no tienen más origen posible que la detracción de recursos de los individuos (recordémoslo una vez más: no existen “países”, no existen “sociedades”, solo existen individuos y familias; lo demás son ficciones jurídicas o de otro tipo). Por tanto, el aparato estatal y todos sus “servicios” son financiados privando a los ciudadanos de algunos de sus derechos básicos. Ciertamente, esto es justificable y hay buenas razones por las que los ciudadanos deben, ya que así les conviene, renunciar o limitar algunos de sus derechos, puesto que esta es la única forma de obtener ciertos bienes –entre ellos, bienes que realizan en la práctica de ciertos niveles de solidaridad con ciudadanos menos afortunados-. El abuso fiscal, empero, en forma de impuestos innecesarios –y lo son todos los que financian gastos superfluos, excesivos o insuficientemente justificados– es inmoral y solo el monopolio que los estados ejercen sobre la ley positiva permite diferenciarlo del robo en cualquiera de sus formas. El expolio fiscal no es, moralmente, diferente del robo por parte un particular; si acaso es más condenable por los abusivos medios de los que disfruta quien lo perpetra, pero las leyes lo hacen de distinto grado. Eso no cambia las cosas, simplemente caracteriza a los legisladores.

Lo dicho hasta aquí se desenvuelve en el terreno de los principios, pero no veo qué tiene que ver con las políticas prácticas que se pueden contemplar en la  Unión Europea. ¿Acaso hemos mejorado algo? ¿Hay, en efecto mayor “austeridad” en el sentido de un manejo más decente de las finanzas públicas? A mi modo de ver, las supuestas políticas de “austeridad” lo son más bien de cuadre contable. Austeridad y déficit cero no son lo mismo, que se sepa. Lo que los funcionarios de Bruselas –señores estos que algún día deberán presentarnos, por cierto- piden a los gobiernos es que empaten ingresos con gastos y, de salida, casi todos han incrementado sustancialmente los impuestos y han comenzado a recortar en los gastos que les han resultado más asequibles, que no son necesariamente los más superfluos. Si un gobierno apurado fiscalmente detrae más renta a sus ciudadanos y, además, retira en primera instancia gastos que tienen una justificación –o, al menos, más justificación que otros- igual mejora los números, pero profundiza en la indecencia.

España provee un ejemplo bastante patente. La urgencia de los cuadres contables llevó al gobierno actual, nada más alcanzar el poder, a elevar sustancialmente los impuestos pero toda calma parece poca a la hora de reformar unos aparatos estatales que, a todas luces, son excesivos. ¿Está siendo “austero” el gobierno español? Tengo mis dudas. Estará siendo, quizá, un eficiente administrador de determinadas políticas, pero en tanto no acometa otro tipo de reformas, no puede ser calificado de virtuoso.

Desde una perspectiva liberal lo urgente no es, desde luego, el cuadre contable –ese vendrá de suyo- sino restaurar la justicia y la moralidad en las finanzas públicas, que es un problema diferente  y que lleva consigo debates de largo alcance. Los gobiernos europeos, el español al menos, siguen negándose a adoptar esa perspectiva. No son liberales, es obvio. Son estatistas apurados. Tan estatista como esa izquierda que reclama que nunca paren los atropellos fiscales y para la que el derecho al producto del trabajo no es tal. Es solo que no les llega para pagar todo lo que querrían.

Estén tranquilos, por tanto, los biempensantes. La revolución liberal no va ganando.

Aeropuertos y estaciones

Como usuario, el único inconveniente que soy capaz de encontrarle a esa maravilla de la técnica y monumento al despropósito financiero que es el AVE es que, en algunas cosas, se parece al avión. Y es que el encanto principal del tren reside sobre todo en no ser un avión. El viaje en avión –antaño un placer de la vida- ha devenido una de las peores sevicias; hay pocas experiencias más desagradables, sobre todo si el viaje es entre ciudades principales, que suelen disponer de aeropuertos grandes, alejados del centro y llenos de incontables molestias.

No quiero exagerar puesto que hasta que el viaje en tren de alta velocidad se convierta en algo tan espantoso queda tiempo, creo, si es que alguna vez llega a suceder, no lo quiera el Cielo. Pero la cosa apunta maneras, malas maneras. Hace ya tiempo que el servicio de comidas –supongo que por el acortamiento de los tiempos de viaje, que impiden una atención decente- adoptó “formato avión”, es decir, en bandejas individuales con contenido plastificado y recalentado. Y para acceder a los trenes hay que pasar controles de seguridad, infinitamente más livianos que los aeroportuarios, por supuesto, pero hay que pasarlos. Los solícitos empleados informan sobre las estaciones con parada en español y en un macarrónico inglés al que se añade, en los trayectos hacia o desde Barcelona o Valencia, un catalán –o valenciano, según toque y según gustos- espantoso, con lo que se consigue, entre otras cosas, que se tarde lo suyo en contar el cuento entero.

Pero donde más se nota este efecto de “avionización” es en la transformación de las estaciones. En la estación de Atocha, por ejemplo, existe una “terminal de llegadas” y una “terminal de salidas” y solo los viajeros pueden acceder a los andenes. Y los carteles están en inglés. Seguro que todo esto está bien (inciso: está muy bien, que al fin y al cabo un cartel es para orientarse), claro, pero ya no es lo mismo.

Una estación de ferrocarril y un aeropuerto no son lo mismo y no solo por lo evidente. Mientras que un aeropuerto –al menos un gran aeropuerto internacional- está, por definición, en ninguna parte, o en todas, que al caso es lo mismo, una estación ferroviaria es un edificio que existe, está integrado en un tejido urbano y opera a escala humana. De una estación de ferrocarril se entraba y se salía por el propio pie. Suelen dar a calles ordinarias, normales, no hay –no había, ya digo, hasta que el AVE a Cuenca empezó a dejarle a uno en cualquier sitio menos en Cuenca- solución de continuidad entre el viaje en tren y el resto de la vida.

La omnipresencia del inglés, que lo homogeneiza todo –y no desconozco, ya digo, la extrema utilidad de esto- lo dota de ajenidad también. La cartelería en la lingua franca extraña el espacio, lo sustrae del resto del entorno y lo aísla. Establece una cesura que antes no existía. Crea un mundo aséptico, extraño al entorno, donde se aplican otras reglas distintas. Un país de nunca jamás.

El avión, ya digo, lleva de ningún sitio a ningún sitio o, si se prefiere, del mismo sitio al mismo sitio. El avión conecta entre sí un montón de lugares –que forman la red básica de eso que se da en llamar “mundo globalizado”- parecidos. Llegar a un aeropuerto es no llegar a ninguna parte. El viaje en tren, sin embargo, nos sumergía en una realidad verdadera, no virtual. Al incorporarnos al sistema ferroviario, el viaje adquiría dimensión cultural. Ya no es todo homologable. En todas partes, los trenes circulan sobre raíles, pero lo hacen por distintos países en todos los sentidos, por una geografía de caminos continuos y no de puntos aislados por enormes vanos.

Al abandonar el mundo de mentira del aeropuerto, ese mundo de lengua única y de costumbres uniformes, para tomar el tren se accede a la verdadera dimensión de los seres humanos, a su gran riqueza. Nuestra vida se desarrolla a escalas pequeñas, con paradas en todas las estaciones, identificadas con carteles en mil lenguas de ortografías fascinantes. Las estaciones de ferrocarril tienen un poder evocador inmenso porque, precisamente porque el viajero –que llega o se va- y el que no viaja –quien despide o recibe- llegan a tocarse, incluso podían seguir haciéndolo mientras el tren cogía velocidad, son silos de emociones. Nada de eso es posible en el mundo de la alta velocidad. La despedida tiene que ser desde lejos, y la emoción del reencuentro ha de posponerse. La fascinación de la llegada a la ciudad inmensa y nueva no puede vivirse igual porque el viajero, antes, ha de salir de su cápsula.

No es bueno que los trenes devengan aviones. No es bonito que las estaciones terminen siendo aeropuertos terrestres. Las estaciones son, o eran, hermosas, los aeropuertos jamás lo pretendieron porque, por su dimensión, nadie puede pararse a contemplarlos.

Thatcher y las ideologías

El fallecimiento y las honras fúnebres de Margaret Thatcher –probablemente, uno de los políticos más grandes que a mi generación le ha sido, hasta ahora, dado conocer- han reavivado la polémica sobre su figura y herencia. Hoy mismo en Expansión la glosa sir Howard Davies. ¿Ocultaban sus presuntos éxitos el germen de los males presentes? Lo cierto es que sigue despertando adhesiones inquebrantables, fuera del Reino Unido, sobre todo –siempre es más fácil elevar a la categoría de mito al gobernante que no se padece y a aquel al que se puede contemplar desde lejos, fuera de las mezquindades del día a día- y odios africanos, también en casa y fuera. No hay desgracia británica contemporánea que no pueda, con mínimo esfuerzo, atribuírsele.

Han pasado más de veinte años, así que el ejercicio de atribución retrospectiva de responsabilidades puede hacerse un tanto a capricho. En fin, personalmente me apunto a la legión de admiradores, pero lo que quiero es subrayar otra cosa: el análisis de la figura nos permite incidir en algo tan evidente como a menudo ignorado cual es la importancia de las ideologías. La valoración del legado de Thatcher, como el de cualquier político no es otra cosa que una opinión, una posición política.

Es recurrente la mención de que sus políticas crearon desigualdad. Y, a menudo, eso se cita como malo en sí mismo. Se olvidan, sin embargo, dos cosas: el primero que la desigualdad es un concepto relativo. No es lo mismo ser pobre en Alemania que en Bolivia. Si un ciudadano dispone de mil unidades de renta y otro de una y se doblan sus disponibilidades, será evidente que la desigualdad –medida por diferencias- habrá crecido, toda vez que, si antes, el más rico tenía 999 más que el más pobre, ahora tendrá 1.998 pero, ¿la situación ha empeorado? Más allá, lo relevante, según posiciones, no es tanto si hay o no desigualdad cuanto si ésta es justa o injusta. Bill Gates y Carlos Slim son inmensamente más ricos no ya que cualquiera de sus conciudadanos, sino que cualquiera de sus congéneres humanos. ¿Proceden sus riquezas de lo mismo? ¿Es igual inventar el sistema operativo más corriente del planeta que ganar concursos de telefonía pública de transparencia cuestionable? Todas estas cuestiones no son irrelevantes y no tienen respuestas apriorísticas.

Más allá de cuestiones triviales –nadie sensato cuestiona, por ejemplo, que es malo que haya gente que pase verdadera necesidad, es un mal físico para quien la padece y un mal moral para quien la contempla- casi ningún problema social complejo admite una solución “científica” satisfactoria, lo que es tanto como decir que no admite “una” solución. Los problemas sociales solo admiten soluciones, o tratamientos, políticos. Siguiendo con el ejemplo de la desigualdad, el nivel de ésta que una sociedad estará dispuesta a tolerar es altamente variable, dependiendo de múltiples factores, entre ellos, qué grado de libertad personal está dispuesta a ceder la ciudadanía para lograr aminorarla. Es probable que muchas de las características de la sociedad norteamericana que los europeos percibimos como indeseables no sean tales para los propios americanos y viceversa. Es sencillamente absurdo plantearse si los americanos, o los europeos, están en lo cierto o errados. Sus diferentes situaciones, probablemente, revelan distintos conjuntos de preferencias colectivas, mayoritarias, inconmensurables.

Esto, que parece muy claro, a menudo no lo está. La economía y los discursos económicos nos ofrecen a diario perspectivas de ello. Es frecuente que los gobiernos, sean del signo que sean, nos planteen a menudo sus políticas económicas no ya como las mejores sino como “las únicas posibles” o “las correctas”. Sin embargo, de una política económica, o de cualquier otra, solo puede predicarse que es “correcta” en cuanto conduce efectivamente a un fin, mediato o inmediato, que en absoluto está predeterminado por la ciencia económica sino que, por lo común, es dado a priori y es netamente político. Es irrelevante que el fin sea ampliamente compartido o, incluso  que, por ser tenido por evidente, su carácter ideológico, cultural, no científico, quede oculto. Tómense, por ejemplo, las ideas de “progreso” o “bienestar”. ¿Acaso tienen algo de obvias, de evidentes, de invariantes culturales? Creo que la respuesta es no.

La circunstancia de que, a izquierda y derecha, los discursos se hayan homogeneizado enormemente no es, quizá, tanto signo de la pérdida de importancia de los planteamientos ideológicos como indicio de algo peor: que a menudo nos instalamos en la peor de las confusiones porque creemos que, por usar la misma palabra, hablamos de lo mismo. ¿Por qué asumimos que, cuando se habla de “prosperar” todo el mundo habla de la misma cosa?

Todo el mundo desea una “sociedad justa” o, al menos, todo el mundo proclama desearlo. Pero hay demasiadas evidencias de que no todo el mundo entiende lo mismo por ello. ¿Es la sociedad británica post-thatcheriana más injusta que otras sociedades europeas? Eso depende de lo que se tenga por injusto, claro. A diferencia de otros políticos, eso sí, Thatcher jamás ocultó qué entendía  ella por “injusto”; nunca pretendió que su política fuera “razonable” sino coherente, acorde con sus principios. La mayor parte de los políticos, en especial los de derechas, “rebaja” su perfil ideológico, presentando aquello que “quiere” hacer como “lo que hay que” hacer. Thatcher, por el contrario, exponía ese perfil, de forma que el ciudadano entendiera que otras políticas eran posibles, pero no iban a ser la suya.

 

 

 

 

Marías, Muñoz Molina y el problema de los intelectuales

El último libro de Antonio Muñoz Molina (“Todo lo que era sólido”) es un bello ensayo en el que el autor reflexiona sobre qué nos ha sucedido y, sobre todo, cómo pudimos no darnos cuenta. En su disertación, Muñoz Molina, aparte de evocar sus propios recuerdos de épocas más lejanas, se remonta al día a día de fecha tan reciente como el año 2007, mediante consulta a la hemeroteca de El País. La realidad de los diarios de esos días parece tan lejana y, al tiempo, arroja tanta luz que, en efecto, cuesta ver cómo no nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo. Visto en perspectiva, resulta claro que la cosa terminó como tenía que terminar, como debimos caer en la cuenta de que iba a terminar. Pero lo cierto es que, entonces, solo hubo silencio, indiferencia, si no complacencia.

Muñoz Molina tiene el pudor de no imputar al universo mundo errores en buena medida propios y es el primero en admitir que los intelectuales, él incluido, tampoco anduvieron muy listos a la hora de denunciar, de avisar, de hacer lo que, al cabo, es su trabajo. El autor, ya digo, se incluye a sí mismo en la nómina de los que no estuvieron suficientemente despiertos y solo salva, por salvar a alguno, a El Roto, el humorista (¿editorialista gráfico, más bien?) de El País que, siempre incisivo, sí se comportó en todo momento como una solitaria Casandra.

Lean el libro de Muñoz Molina los que tengan ocasión. Se esté de acuerdo o se discrepe, se disfrutará de la prosa del de Úbeda, seguro. Pero, mire usted por dónde, hay quien se ha dado por aludido. Ni más ni menos que Javier Marías, este domingo, en su homilía de El País Semanal. Nuestro puede que más firme candidato al Nobel –premio que sí aceptará, porque es sueco (el premio, obviamente)- califica de injusta la crítica de Muñoz Molina y dice que la mayor parte de la nómina de colaboradores del diario en el que él escribe, él incluido, sí estuvo a la altura de las circunstancias. Cita, incluso, como ejemplo de atención a los acontecimientos, su libro “Los Villanos de la Nación”, una colección de artículos de prensa –todos ellos publicados en El País o su suplemento, si no me falla la memoria- que abarca, por cierto, un dilatado período temporal, porque -insisto, si no me falla la memoria- los textos más antiguos datan de mediados de los ochenta.

 

Me perdonará el ilustre novelista –y traductor, y ensayista y excelente articulista- pero me temo que la crítica de su colega académico tiene mucho de acertada. Nuestra supuesta intelectualidad, no sé si únicamente con la excepción de El Roto, pero sí con muchas menos que las que él reclama, se comportó como el sabueso de los Baskerville: no ladró o ladró bajito. Este es, desde luego, mi recuerdo personal, puede que errado, pero bastante coincidente con el de Muñoz Molina.

 

Y hay varias razones para que así fuera.

 

La primera y más obvia es la que el propio Antonio Muñoz Molina indica. Que los “intelectuales” –demos por buena la etiqueta para designar a personas tan diferentes como Vargas Llosa, Savater, Elvira Lindo o el propio Marías, todos incluidos por éste último en la nómina de los supuestos vigilantes- se dejaron llevar por la impresión de abrumadora prosperidad tanto como los demás. Sencillamente, no ladraron porque no oyeron entrar al criminal. Erraron tanto, aunque menos irresponsablemente, como otros que tenían el deber de estar atentos. Cada uno a sus cosas, a sus premios, a sus libros, a sus labores, en medio del río que nos llevaba, de dinero público. Raramente, además, los intelectuales españoles han solido ocuparse de cosas de intendencia. Claro que tanto tren a ninguna parte terminó oliendo a chamusquina, pero rara vez se criticó el exceso sino en lo que tenía de antiestético, que no es poco; antes al contrario, se saludaban las grandes cotas de prosperidad alcanzadas y, me temo, las reclamaciones, cuando las había, iban más bien por la vía de requerir lo que podríamos llamar pruebas de perfeccionamiento de la modernidad. La modernidad, en sí, se consideraba superada.

La segunda razón, menos evidente para algunos, obvia para otros, es que esa intelectualidad que Marías cita tiene un denominador común: es intelectualidad de izquierdas. A Marías le parecerá un pleonasmo, pero el dato es relevante. La capacidad crítica de muchos de los autotitulados intelectuales españoles ha estado muy limitada desde los albores de la transición sencillamente porque, salvo unos pocos años, hemos tenido gobiernos siempre del lado correcto. Hemos vivido en la arcadia o, en todo caso, para algunos, en la convicción –corroborada por algún paréntesis de años oscuros en los que, entonces sí, la capacidad crítica reverdeció- de que no había alternativa posible. “Lo otro” era esa derecha del inframundo que Marías fustiga, domingo tras domingo, con el látigo de sus invectivas. Muñoz Molina elige el año 2007 como base para su comparación pero incluso él, a la hora de entonar su mea culpa, soslaya que, entonces, gobernaban los buenos. Hagan un ejercicio de comparación sobre la obra de un genio: Antonio Fraguas de Pablo, nuestro entrañable Forges, a lo largo de estos más de treinta años. Tan brillante como sectario, las viñetas de Forges, hoy otra vez aceradas, recuerdan a las de la transición tardía, cuando no había piedad con un gobierno cuyo único destino natural era caer y caer cuanto antes para que fuera posible –esto no se decía siempre así- el advenimiento de la democracia verdadera. El compromiso ideológico anestesia la capacidad crítica, así son las cosas. Criticables, si acaso, las políticas "involucionistas", “neoliberales” de la Comunidad de Madrid, quintaesencia de todos los males, pero nunca, o menos, los despropósitos que eran mal común del sistema autonómico, el despilfarro municipal y, por supuesto, el mal hacer de esos gobiernos centrales de signo correcto que, a tenor de lo visto, tampoco eran tan diferentes de los de signo incorrecto.

En todo caso, si Marías piensa que él mismo y otros hicieron lo suficiente, habrá que concluir que lo suficiente fue poco. El debate sobre el papel de los intelectuales en España es interesante. Con perdón del propio Marías, de Muñoz Molina y de otros relevantes hombres de letras y ciencias, no hay más remedio que concluir que, en España, la aristocracia del pensamiento y la cultura, si es que existe, goza de escaso predicamento. Umberto Eco se lamenta con frecuencia de que, en Italia, todos los lectores de periódicos juntos no alcanzan a una fracción mínima de quienes se informan solo por la televisión. Tampoco allí, se ve, es fácil apelar desde la razón y los argumentos sustentados a un cuerpo político adocenado; tampoco allí, por tanto, es fácil que el intelectual desempeñe un papel relevante. Pero, sin negar que esa sea la situación por el lado de la demanda, para mí quisiera yo la situación de Italia por el lado de la oferta.

Los vicios que Eco denuncia en Italia también, mutatis mutandis, los encuentra Muñoz Molina en España, iguales o transpuestos. Se lamenta el autor de cómo nuestro debate público ha sido degradado hasta niveles inimaginables, incluso en un país con tan poca tradición democrática como el nuestro, a través de esa figura tan espantosa del opinador a sueldo, el tertuliano profesional de estricta observancia partidaria. Pero quizá soslaya que el campo estaba abandonado, por completo, por una intelectualidad seria, no sectaria, docta y con capacidad de comunicación a la que debería haber dado voz una industria editorial consciente de su rol en una sociedad democrática.

Quizá Muñoz ha sido injusto al minusvalorar los esfuerzos ajenos, pero Marías, al reivindicarlos pone de manifiesto su lamentable futilidad y apunta a otro de nuestros grandes problemas o, si se quiere, otra cara del mismo: nuestra carencia de élites competentes, comprometidas y con influencia. Algo mucho más tradicional, incluso, que las miserias de nuestra balanza de pagos.

Italia - España

Curioso panorama el de Italia. Como no hay un claro vencedor, el resultado puede ser la ingobernabilidad, o bien lo que parece ser el peor de los mundos, vaya usted a saber por qué: nuevas elecciones. Digo curioso porque en la II República parece ser la mayor de las desgracias lo que en la I era el pan nuestro de cada día. Entre 1946 y primeros de los noventa, Italia nunca conoció algo parecido a lo que en el resto del mundo se entendía por mayoría, había elecciones cada poco y no eran infrecuentes coaliciones pluripartitas de cuatro, cinco o más partidos. Los teóricos acuñaron para Italia el término “democracia consociativa”, por oposición a “democracia de alternancia”, que era la democracia a secas en el resto del mundo. El vocablo venía a significar que en Italia gobernaban todos con todos o, dicho de otro modo, que siempre gobernaban los mismos.

Ya digo que no se percibía como una tragedia. Era algo característico de Italia, tan particular como el menguadísimo valor de su moneda. Se pagaban veinticinco o treinta mil liras por una cerveza y Andreotti era siempre primer ministro o ministro de otra cosa. Y así andaba il belpaese, con sus problemas eternamente irresueltos, en una inestable estabilidad que la prosperidad reducía a enfermedad crónica.

Un buen día, ya se sabe, todo aquello se fue al garete. El tinglado multipartidista, que no el impulso lampedusiano. Porque mayorías hubo, pero eso nos significó que Italia se hubiera vuelto una democracia como las otras. Parece que la diferencia que media entre aquel particular estado de cosas, aquella democracia consociativa, de la I República y el estado terminal de la II es la que va de un orden viciado a ningún orden en absoluto. Existía, sí, un cierto orden en aquel aparente desbarajuste de la segunda mitad del siglo XX. El sistema, viciado, ya digo, se nucleaba en torno a la Democracia Cristiana y, en menor medida, al Partido Socialista. Los extremos quedaban fuera. Era el resultado natural en un mecanismo que se construyó específicamente para neutralizar al único Partido Comunista de Occidente con opciones reales de gobierno.

La situación presente es muy distinta. De las minorías significativas, solo una, la izquierda de Bersani, es funcional. El resto parece antipolítica o política a la griega: Berlusconi o Grillo.

 

Esa es, hoy por hoy, todavía, la gran diferencia entre España y otras democracias del sur: el sistema, denostado, detestado, odiado –a tenor de las encuestas- sigue en manos de los grandes partidos, que aún tienen capacidad para operarlo. Este fin de semana he leído al director de una conocida empresa de estudios demoscópicos elogiar el buen sentido de los españoles, evidenciado, se conoce, por su poca querencia a opciones exóticas, extremas o simplemente novedosas. Este mismo profesional notaba cómo el famoso movimiento del “15 M”  no fue en absoluto antisistema, sino prorreforma del sistema. Con mejores o peores argumentos, con más o menos fundamento, se procuraba una depuración del sistema, no una enmienda a la totalidad.

Que el pueblo español tiene poco de revolucionario no es novedad. Y podría, desde luego, confiarse en que nuestros políticos, de querer, hallarían buena acogida para cualquier impulso reformista o como mínimo la paciencia con que se están topando recortes y torpezas. Los partidos políticos españoles no han agotado su caudal de confianza, están seriamente dañados, pero no desahuciados.

A priori, por tanto, cabría pensar que resulta más fácil que España supere su crisis política que Italia la suya. Pero nada garantiza que ocurra así. Los partidos políticos españoles han dado sobradas muestras de su capacidad para perder oportunidades e Italia ha probado, a su vez, reiteradas veces, que puede in extremis, salir de los trances o hacer como que sale, que no siempre es fácil allí distinguir lo que es de lo que parece. Quizá lo más probable es que uno y otro país continúen ofreciendo al mundo nuevas versiones de sí mismos. No querer, no poder, da un poco lo mismo.