El Foro de la Sociedad Civil se ha pronunciado a favor de un estado unitario, es decir, un estado con un solo gobierno, una sola administración supralocal y una sola sede parlamentaria elegida, además, por sistema mayoritario en trescientas circunscripciones uninominales.
La propuesta requeriría su análisis. El Foro dice que coincide con las preferencias de, aproximadamente, un veinticinco por ciento de los españoles. En sí es una más de las propuestas que hay sobre la mesa para la reforma del estado, tan digna como cualquier profundización en el régimen vigente o como las alternativas federalizantes. Y, sin embargo, suena extravagante, ¿por qué? No por minoritaria, desde luego. Al fin y al cabo, dando por bueno el número que dicen, los partidarios de la propuesta serían más, bastantes más que quienes están por modelos confederales, que a nadie le suenan raros y por los que aboga, por ejemplo, Unió.
No, la propuesta suena como no de este mundo porque parece ir contra las mismas esencias patrias en su versión contemporánea. Por supuesto, casi nadie en España niega que la estructura territorial del estado sea una materia disponible en cada momento para los españoles vivos; muy al contrario, hay quien se permite cuestionarla, incluso, a la sola iniciativa de una parte de los españoles, y, de hecho, nuestra constitución material vive en una constante mutación. Pero cambios y desplazamientos parecen pensables en un solo sentido. La gente sensata piensa que “nación” es un concepto discutido y discutible –lo insensato es afirmarlo en según qué según qué personas, por cierto- y, por tanto, que una nación, incluso aunque lo sea desde algún punto de vista, porque si no lo es ya huelgan ulteriores argumentos, puede tener distintas expresiones político-organizativas a lo largo del tiempo, e incluso no tener absolutamente ninguna. Pero esto, que es muy sensato, insisto, parece predicable en España, única y exclusivamente del conjunto, es decir, es la nación española la que puede tener, o no, esta o aquella encarnadura jurídica. Los componentes, por el contario, serían esenciales, no son contingentes y, por supuesto, son indisponibles.
Lo antiesencial de la propuesta solo resulta patente si se concibe que España es, antes que nada, un agregado de territorios. Desde esta perspectiva, claro, sí existen elementos intangibles en la organización territorial, lo que no resulta nada evidente para quienes concebimos el país como una agregación de ciudadanos. Un vasco francés no es un ápice menos vasco que un vasco español porque el primero viva en una república estrictamente unitaria y el segundo en un ente cuasisoberano de un estado compuesto de hecho. Es solo la costumbre lo que ha hecho implanteable en España la pregunta de por qué las diferencias entre un vasco y un canario –las que sean- han de tener alguna traducción jurídico-política concreta.
Por supuesto, hay quien piensa declaradamente así. Pero también hay quien ha aprendido a aceptar que las cosas no pueden ser de otra manera, sin cuestionárselas demasiado. Por algún mecanismo mental, Castilla-La Mancha o la Rioja han devenido tan naturales como el pico del Moncayo. Algo que forma inherentemente parte de la geografía española, al menos mientras la erosión no lo remedie.
Y, sin embargo, lo natural debería ser, precisamente, que cuando un artificio determinado –las autonomías lo son- no cumple el fin para el que fue diseñado o lo cumple a coste desmedido, se planteara, más que su reforma, su sustitución. Es verdad que hay propuestas de carácter recentralizador, pero esas propuestas se desenvuelven más bien en un plano que podríamos calificar de técnico: se trata de redistribuir competencias y, por tanto, de enmendar el funcionamiento del estado autonómico, pero no de reemplazarlo por otra cosa distinta.
No está escrito que, estudiada, debatida y promocionada, la propuesta no suscitara adhesiones. Siquiera en aquellas regiones cuyas aspiraciones de autogobierno no han existido o son, realmente, inducidas. Hay quien ha propuesto que España se reconstituya en cinco comunidades autónomas (las tres históricas más Andalucía y el resto), reduciendo las administraciones correspondientes. Pero bien podría ser que, a la italiana, la generalidad del país se gobernara por las instancias centrales, existan o no regiones de estatuto especial.
La realidad es que las propuestas del Foro difícilmente ganarán audiencia porque ningún partido político las asume. De nuevo, esto podría entenderse como una prueba de la extravagancia del planteamiento, pero cabe sospechar que es, más bien, una prueba de la incapacidad del sistema de partidos para dar cauce a ciertos planteamientos. No es difícil maliciarse qué podrían pensar los órganos de dirección de los partidos mayoritarios si alguien les pone sobre la mesa una propuesta realista… para eliminar un porcentaje altísimo de los cargos existentes.
No, no es ninguna locura. Hoy en día, un estado unitario respetuoso con el principio de subsidiariedad no tiene por qué ser mastodóntico y, desde luego, puede demostrarse mucho más eficiente que un estado descentralizado. La “cercanía al ciudadano”, además de ser cuestión de ayuntamientos, ha demostrado ser un nido de corrupción, porque la sociedad civil, en los ámbitos local y regional ha demostrado estar incluso más inerme que a un nivel –el estatal- en el que, al menos, confluyen intereses suficientes como para que puedan estar enfrentados.
La propuesta es muy seria. Merecería consideración. Al menos, ya digo, por parte de los que creemos que ninguna organización jurídico-política está escrita en el testamento de Adán… Las regionales tampoco.
