Una buena escritora reconvertida a diputada, Irene Lozano, nos deja este artículo, bien escrito, interesante… y que despista mucho a primera vista. Viene a decir Lozano, “copago, sí, pero después de haber hecho todos los deberes y haber eliminado los gastos superfluos”. Digo que despista porque ¿cómo no simpatizar con ese punto de vista, sobre todo ahora que nos invade la santa y justa indignación ante la perenne desvergüenza de nuestra mostrenca clase política? Dicho sea de paso, además, Lozano ironiza con esa cargante manía de los políticos populares de recurrir a los símiles garbanceros.
Pero Lozano incurre, a mi juicio, en un argumento falaz. El de presentar como alternativas cosas que son sanamente complementarias.
Es claramente inaceptable la delictiva resistencia de nuestra clase política a hincar el diente a la elefantiástica estructura administrativa de nuestro país y al despilfarro clientelar que la acompaña. Esto ha sido así siempre, con independencia de que pasáramos “buenos tiempos”. Cualquier gasto superfluo se financia con un impuesto innecesario, por tanto, detrayendo sin motivo válido parte del producto del trabajo de los ciudadanos. Es decir, robando. Sé que en España no tenemos costumbre de pensar en estos términos. Cualquiera que priva a otro antijurídicamente de sus bienes, máxime cuando emplea fuerza para ello, es percibido como un delincuente; si, además, delinque sin estar en estado de necesidad, lo doloso del delito inspira un juicio especialmente severo. Sin embargo, cuando el delincuente se arma de BOE, perpetra la ofensa desde una poltrona y los ofendidos se cuentan por millones, la cosa ya no merece un juicio tan severo y, por algún motivo, se transmuta en “ajustes presupuestarios”.
Nuestros políticos, como sugiere Lozano, deberían buscarse alguna ocupación decente –los que puedan- o acogerse al subsidio de desempleo, pero no deberían seguir robando impunemente. La sociedad civil debería exigirlo por todos los medios a su alcance. Si existiera. Sé que no sucederá, claro, pero sería bonito que un buen día las calles de Madrid o de Barcelona se llenaran de gente clamando no por pisos baratos o por empleos de por vida, sino por un urgente cambio constitucional que racionalice la gobernación de nuestro país. Que promueva la desaparición de instituciones inútiles, que reintroduzca principios de buen sentido en la gestión, que prohíba activamente el despilfarro y el acceso de los buscadores de rentas al presupuesto, que obligue a toda clase de entes pretendidamente privados a vivir de sus propios recursos y que consagre un principio de responsabilidad por lo que se hace con los recursos públicos. Que expulse de una vez de la vida española esa indecente idea de que el dinero público no es “de nadie”.
Nada de lo anterior es incompatible con otro principio muy sano: el de que cada cual ha de pagar los bienes que consuma, en la medida de sus posibilidades. Si es posible calcular un precio para un bien, aunque sea de producción pública, ese precio debe ser puesto de manifiesto. El denominado “copago” o, por mejor decir, la finalización del “gratis total” es muy saludable, y lo seguiría siendo incluso en plena bonanza.
Volvamos de nuevo al principio básico: nada hay “gratis”. Todo sale del producto del trabajo de los ciudadanos, que se ven forzosamente privados de él. ¿En razón de qué ha de renunciar una persona a su derecho natural al producto de su esfuerzo para pagar a otro algo que ese otro puede pagar por sí mismo en todo o en parte? ¿Por qué han de satisfacerse las medicinas o las consultas médicas a quien puede afrontar perfectamente su coste o parte de ese coste? Sé que los cálculos son complejos y, por tanto, que la traslación práctica del principio es complicada pero, ¿qué tiene de malo como tal, como principio?
¿Acaso hay algo erróneo en que un estudiante universitario poco aplicado deba pagar un coste incrementado por sus segundas y sucesivas matrículas? ¿Es que existe un derecho a que los demás te financien los estudios al ritmo que te venga bien? O, al contrario, ¿es que no existe un deber de retribuir el esfuerzo de los demás con el propio?
Lozano entiende que la racionalización administrativa es alternativa a la repercusión de los costes de los servicios públicos porque, claro, concibe la recepción de esos servicios como derechos. No discuto, claro, que pueda existir un derecho a que esos servicios existan –es así constitucionalmente- lo que sí cuestiono es que deba asumirse también como principio que esos servicios han de percibirse gratis en todo caso y, por tanto, pagarlos es una anomalía, incluso entre quienes pueden hacerlo. Ese punto de vista me resulta inaceptable. Es inaceptable porque, una vez más, soslaya que no hay servicios “públicos”. Hay servicios que unos ciudadanos prestan a otros a través de estructuras creadas al efecto. Soslaya, como siempre, el derecho al producto de nuestro propio esfuerzo.
Por lo visto, es natural que nuestro trabajo haya de ser puesto a disposición del Leviatán que, graciosamente, nos devolverá lo que tenga por conveniente. A mí me cuesta aceptarlo, sinceramente.
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